CEUTA: LA DESESPERACIÓN NO PUEDE CONVERTIRSE EN CRUELDAD

 circuloindependiente

Ceuta está agotada. Está desbordada, asustada y profundamente herida. Sería injusto analizar lo que ocurre estos días sin reconocer la desesperación de una ciudad que se siente abandonada, obligada a afrontar prácticamente sola una crisis migratoria, humanitaria y de seguridad de enormes dimensiones.

Los ceutíes tienen derecho a exigir respuestas. Tienen derecho a reclamar seguridad para sus calles, recursos para sus servicios públicos y soluciones inmediatas a unas administraciones que no han estado a la altura. Tienen derecho a denunciar que no se puede descargar sobre una ciudad de apenas 85.000 habitantes una responsabilidad que corresponde al Gobierno de España, a Marruecos y a la Unión Europea.

Comprendo su miedo. Comprendo su indignación. Comprendo el hartazgo de quienes llevan semanas conviviendo con una situación extraordinaria, viendo cómo se altera su vida cotidiana mientras las soluciones llegan tarde, mal o sencillamente no llegan.

Pero comprender la desesperación no significa justificarlo todo.

Impedir que un ser humano pueda beber agua potable o llevarse algo a la boca en medio de una tragedia humanitaria es propio de desalmados.

Un grupo de vecinos trató de bloquear el paso de los vehículos de Cruz Roja que transportaban comida y agua hasta la playa de El Trampolín. La policía consiguió finalmente abrirles paso y restablecer el reparto. En Playa Benítez, otro grupo irrumpió en un asentamiento, destruyó las precarias pertenencias de los migrantes y quemó parte del campamento. Son hechos estremecedores que no pueden relativizarse ni esconderse detrás del malestar ciudadano. El País informó en directo de ambos episodios.

Negar la comida y el agua no es una protesta política. No es una medida de seguridad. No es una forma legítima de exigir soluciones. Es castigar a personas indefensas por una crisis que no han provocado ellas.

Quien quiera pedir responsabilidades debe dirigir su indignación hacia quienes tenían la obligación de anticiparse, coordinarse y actuar. Hacia quienes han convertido Ceuta en escenario de sus cálculos diplomáticos, electorales o geopolíticos. Hacia quienes utilizan la inmigración como instrumento de presión. Hacia quienes han dejado solos durante demasiado tiempo a sus ciudadanos y también a las organizaciones humanitarias.

Pero nunca hacia el sediento. Nunca hacia el hambriento. Nunca hacia el niño que duerme en el suelo o la mujer que ha cruzado una frontera arriesgando su vida.

Porque una frontera debe ser gestionada y protegida, por supuesto. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad, identificar a quienes han entrado irregularmente, perseguir cualquier delito y ofrecer respuestas rápidas y eficaces. Defender los derechos humanos no significa negar los problemas de convivencia ni mirar hacia otro lado ante la violencia. Cualquier agresión, la cometa quien la cometa, debe investigarse y sancionarse.

Pero nada de eso autoriza a dejar sin agua o alimentos a miles de personas.

Lo más peligroso de cuanto está sucediendo en Ceuta es que algunos comiencen a considerar normal lo que hace apenas unas semanas habría resultado insoportable. Ese es el triunfo de quienes llevan demasiado tiempo sembrando odio, miedo y terror contra las personas migrantes. Cuando se señala sistemáticamente a seres humanos como invasores, delincuentes o enemigos, la barbarie termina pareciendo aceptable. Primero se les quita el nombre. Después, el rostro. Finalmente, se pretende quitarles hasta el derecho a comer y beber.

Las palabras tienen consecuencias. También las tienen los discursos políticos que convierten el sufrimiento humano en combustible electoral. Quienes agitan el miedo desde un despacho, un plató o una tribuna quizá no bloqueen personalmente los camiones de ayuda, pero contribuyen a crear el clima moral en el que alguien puede llegar a pensar que impedir el paso de Cruz Roja es una acción legítima.

También sería profundamente injusto identificar estas conductas con toda Ceuta. Durante las primeras semanas de la crisis fueron muchos los ceutíes que ofrecieron comida, agua, ropa e incluso sus propias casas a quienes acababan de llegar. Vecinos como Sabah Hamed llegaron a preparar cientos de comidas diarias mientras reclamaban, al mismo tiempo, una intervención urgente de las instituciones. Esa es también Ceuta: una ciudad solidaria que ayuda incluso cuando se siente abandonada. RTVE recogió esa extraordinaria movilización vecinal.

Por eso debemos evitar dos simplificaciones igualmente injustas: ni todos los migrantes son delincuentes ni todos los ceutíes son xenófobos. La inmensa mayoría son personas atrapadas en una situación insoportable, provocada y agravada por decisiones políticas que no dependían de ellas.

Ceuta necesita seguridad, medios, coordinación, presencia institucional y una estrategia migratoria europea. Necesita que España y Europa asuman que la frontera sur no puede gestionarse abandonando a una ciudad a su suerte. Necesita soluciones, no visitas oportunistas, consignas incendiarias ni discursos pronunciados desde la comodidad de quien mañana regresará a su despacho.

Y las personas migrantes necesitan una atención humanitaria mínima mientras se determina su situación. Agua, comida y asistencia sanitaria no son premios por haber entrado legalmente en un país. Son derechos elementales vinculados a la dignidad humana.

Podemos discutir sobre fronteras, expulsiones, asilo, cooperación con Marruecos, seguridad o políticas migratorias. Debemos hacerlo. Pero existe una línea que ninguna sociedad democrática puede cruzar: convertir el hambre y la sed en instrumentos de castigo.

Negar a las ONG la posibilidad de entregar comida y agua no protege ninguna frontera. No resuelve ningún problema. No devuelve la normalidad a Ceuta.

Solo destruye nuestra humanidad. Ninguna ideología, ninguna bandera y ningún discurso político pueden justificar semejante crueldad.