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Una reflexión de nuestro Provincial, Fernando García Sánchez, sobre la polémica ley de educación, desde la experiencia vivida en diferentes colegios.
Tengo antiguos alumnos y alumnas de ideas muy diferentes y de variados signos políticos. Con muchos de ellos tengo aún una relación muy cercana, aunque no podamos vernos demasiado a menudo. Guardan un recuerdo entrañable de su colegio ya sean creyentes, ateos o indiferentes. Se sintieron a gusto, recuerdan con aprecio a los profesores por su cercanía e incluso sienten nostalgia de muchos momentos vividos en su colegio salesiano. Cada uno tiene su forma de pensar, sus convicciones y sus ideas. Cuando oigo ante el debate generado por la nueva ley de educación que algunos dicen que de lo que se trata es que queremos “adoctrinar” desde mi experiencia tengo que decir que, visto el pluralismo de pensamiento de mis antiguos alumnos, ese supuesto adoctrinamiento lo debemos hacer muy mal a tenor de los resultados.
A lo mejor es que lo que está en juego no es cuestión de “ideología” sino de libertad. En mi experiencia de director de dos colegios de más de dos mil alumnos, me ha tocado explicar cientos de veces a las familias que, aunque el colegio fuera nuestro, las normas de admisión las ponía la administración pública. En los tres lugares donde más años he estado dedicado a la educación, la demanda superaba con creces las plazas disponibles y entraban en el cole los que cumplían los requisitos marcados por la administración pública. Conozco un poco los sistemas educativos de diversas partes del mundo. El régimen de conciertos tan asentado en España, permite que en los colegios donde he sido director haya alumnos de clases sociales muy diversas y me alegro enormemente de ello. Acceder al centro depende de unos criterios públicos de baremación y no de una decisión unilateral de nadie. Por supuesto que nunca he ocultado quienes somos, cuáles son nuestros valores y nuestra identidad y he pedido coherencia a los que pedían estar en nuestro colegio, pero la decisión de entrar o no, nunca ha estado en mis manos.
Además, he tenido la suerte de tener en los colegios donde he vivido, alumnos de integración preferente del espectro autista, de necesidades educativas específicas, aulas de compensación educativa y una oferta de ciclos de FP Básica como en pocos lugares se da. Muchos de estos alumnos nos han venido derivados por la consejería de educación procedentes de institutos públicos y de otros centros concertados y los hemos acogido con la cercanía y el cariño que queremos que sea la seña de identidad de nuestra manera de educar. No puedo estar más orgulloso de ello, como lo estoy de la magnífica relación que he mantenido con los centros de origen, con los orientadores, directores y demás profesionales con independencia de la red a la que pertenezca su centro.
Algunos dicen que esta ley no afectará a la concertada y que no hay razón para la protesta. Con una mirada superficial y cortoplacista te pueden convencer, pero el problema es más profundo. Vivimos en un sistema democrático en el que cuando hay un conflicto de intereses se acude a la justicia. Son las reglas del juego y conservo en mi ordenador no pocas alegaciones y recursos interpuestos para temas muy variados. Eliminar la demanda social de una ley orgánica o considerar que el derecho a la educación solo es para la educación pública, puede no tener un efecto inmediato mañana, pero pone las bases para que a corto plazo las administraciones puedan planificar en qué colegios se mantienen o se cierran unidades, sin tener en cuenta las solicitudes de los padres y los intereses de las familias.
Mostrar la disconformidad con esta ley es una cuestión de salud democrática. En medio de una pandemia, en un estado de alarma que condiciona la vida social, política y jurídica, no puede ser el momento de cambiar de ley orgánica de educación sin el más mínimo intento de dialogar o de buscar ese ansiado pacto educativo que cada vez más se está convirtiendo en una quimera. No se puede proclamar que de este virus “salimos juntos” y aprovechar la circunstancia para legislar al margen de una buena parte de la sociedad, sin escuchar a las partes interesadas en el parlamento, generando fractura y división.
No me gusta la confrontación, ni la apropiación indebida de temas importantes por parte de una política de partido. Lo mío es la educación. Quiero seguir disfrutando de colegios plurales, acogedores, que no son para minorías ni para élites, sino que abren sus puertas al barrio. Quiero seguir disfrutando de colegios con una identidad sólida y trasparente, donde no se engaña a nadie y donde las familias nos eligen por lo que somos. Si tenemos que cerrar en algún sitio, que sea porque ya no somos significativos y la gente ha dejado de escogernos, pero no por una planificación de despacho o una ingeniera social de diseño a medio plazo.
Por esta razón creo que hay que tomar conciencia de que necesitamos una educación pública de calidad y una red concertada que no nace de un principio de subsidiariedad sino de la libertad de elección expresada en nuestros valores constitucionales.
