En los últimos tiempos venimos asistiendo en España a un cúmulo de noticias relacionadas con la corrupción generalizada de la clase política, de empresarios de la construcción y de allegados de ambos. La corrupción y la exclusión y la marginación sociales corren parejos por todo el país. Se calcula que son 12 millones de habitantes los que padecen directa o indirectamente las consecuencias de la crisis económica, de las maquinaciones financieras y del expolio del dinero público metódicamente practicado por numerosos políticos a todos los niveles, empezando por miembros de la cúpula del partido del actual gobierno y del propio gobierno.
Todo ello consecuencia de la suma de los siguientes factores individuales y sociológicos: ambición patológica, idea generatriz extendida de que lo que es de todos es, como en la caza, del primero que ve la pieza, falta absoluta de escrúpulos favorecida por una libertad al servicio de los poseedores y no de los desposeídos (pues la poca que tienen estos han de dedicarla a su supervivencia), leyes benévolas con los autores de los delitos económicos, y una legislación procedimental que propicia la trampa hasta el extremo de que en el enjuiciamiento de dichos delitos prevalece el valor de la forma sobre el fondo, al igual que el sistema dominado por el pensamiento neoliberal valora de manera enfermiza la propiedad privada por encima de la pública, protegiéndola a veces más que a la vida humana.
Pues bien el carácter estructural de la corrupción lo imprime el papel irrelevante de la Justicia, en cuanto a resultados, en esos hechos delictivos. Gran aparatosidad mediática, miles de procesos abiertos por esa causa, cientos o miles -que mas da- de imputados pero apenas nadie entra en la cárcel, y cuando alguien entra en ella sale enseguida; nadie devuelve los miles de millones fruto de los desfalcos pero tampoco la Justicia confisca precautoriamente sus bienes para que respondan del dinero malversado o dilapidado, y los embargos preventivos a duras penas cubren las responsabilidades penales y civiles. Es decir, cuando se habla de corrupción estructural no es sólo por las distintas tramas de desvalijamiento de las arcas públicas urdidas por miembros destacados de las instituciones centrales y locales, sino porque la Justicia forma parte de ella más o menos voluntariamente favoreciendo de distintos modos, más o menos sutiles, la impunidad.
Que las escuchas telefónicas y las grabaciones acaben siendo causa de nulidad del proceso encaminado a depurar la responsabilidad penal, sugiere la maniobra dilatoria o exculpatoria del autor del delito; delito conocido justo gracias a aquellas. Que no es tanto la falta de medios -que también- como que la propia Justicia contribuye a la impunidad de los delitos llamados de cuello duro en la medida que es implacable con los delitos llamados de bagatela, y que la razón de esta grave disfunción anida en el espíritu de buena parte de los juzgadores emboscados en el órgano colegiado que es cada tribunal (así como en parte del cuerpo fiscal) y en la grave lacra de la politización de la justicia, es una constatación constante.
Que a dos jueces (Baltasar Garzón y Elpidio Silva) instructores de delitos económicos de una tremenda envergadura como posteriormente se ha comprobado, la propia Justicia les haya apartado e inhabilitado de su carrera tampoco tiene que ver con la falta de medios y sí con un minimizar la gravedad de los ilícitos cometidos por personajes de las élites. El hecho de que la Justicia cuente con: órganos fuertemente politizados, (Tribunal Constitucional y el Consejo del Poder Judicial), una Ley de Enjuiciamiento Criminal mostrenca favorecedora de los ya privilegiados, y una sospechosa política penitenciaria que condesciende con los pocos penados que acaban en la cárcel por periodos breves, redondea la impresión generalizada en la ciudadanía de que el objetivo, no de los jueces instructores individualmente considerados sino de los juzgadores constituidos en tribunales como otra clase de poder político o ideológico, es amparar a los poderosos y a las clases sociales hegemónicas; impresión reforzada por la miserable aplicación por el gobierno del instituto del indulto, directo o encubierto, cuando sabe de un corrupto condenado.
Se habla de la opacidad de los gastos de la Casa Real, de la opacidad en la financiación de los partidos políticos, de la opacidad de los gastos de diputados y senadores, de la opacidad en el ejército y en otros ámbitos institucionales… Pero no se destaca lo turbio del aparato de la Justicia inclinado a favor de unos segmentos de sociedad en perjuicio de todos, con una manifiesta asimetría entre el trato dispensado a unos segmentos y a otros. El caso es que la impunidad acaba a menudo llegando bien por la prescripción, es decir, por el paso del tiempo de una instrucción penal excesivamente prolija, bien por toda clase de argucias leguleyas insertas en la legislación aplicable a la que los defensores recurren cuando se sientan (o no acaban nunca de sentarse por motivos aparentemente sólo garantistas) ante la justicia políticos y empresarios grandes defraudadores, grandes impostores y grandes saqueadores de dinero público.
Todo lo cual nos ofrece al final una imagen tenebrosa y patética de la Justicia española, trufada de artificios que atufan a una corrupción que se entrelaza a la mismísima columna vertebral del sistema, inficionando, viciando y falseando su pretendida naturaleza democrática, arruinando al país, enriqueciendo a unos cuantos y empobreciendo dramáticamente al resto de la población.
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