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lunes, 4 de noviembre de 2013

España: Indecente desigualdad Xavier Caño Tamayo (CCS), periodista y escritor


Un inmigrante africano, que vive en la calle, en menos de un año ha pasado de tener aspecto de príncipe al de un hombre completamente derrotado, hecho polvo. Un padre joven no pide dinero sino que le compren un bote de leche materna para su bebé. Un hombre mayor bien vestido hurga vergonzoso en papeleras y contenedores. Otro de más edad, sentado en el suelo con la espalda apoyada en una pared y vestido con un grueso chaquetón sucio en invierno o verano, no hace nada; con la mirada perdida ni siquiera pide limosna… Todo eso pasa en mi barrio, cerca de casa. Solo es una diminuta muestra, porque en España, por ejemplo, según Cáritas Española, viven en la calle o en infraviviendas casi tres millones de personas.
Nunca la humanidad ha tenido tanta capacidad para producir y acumular riqueza, pero nunca esa riqueza ha estado tan mal repartida. Nunca ha habido tanta desigualdad e injusticia. No es un discurso izquierdoso a la violeta, porque el 10% de la población mundial posee el 83% de la riqueza y poco más de 1000 personas acumulan fortunas superiores a los 1.000 millones de dólares. Y esa desigualdad genera la más brutal de las pobrezas.
Hace cinco años escribí que había más hambrientos que 18 años antes. Según la FAO, en 1990 había 823 millones de hambrientos y en abril de 2008, cuando lo escribí, ya eran 861 millones. Hoy quienes sufren hambre aún son 842 millones (12% de la población mundial). Algo menos, pero una pírrica disminución de desnutridos. Y el hambre es el más cruel exponente de la desigualdad.
Si nos fijamos en España, se ha convertido en paradigma de la desigualdad en Europa. Unas 400.000 personas (de 47 millones de población) poseen un patrimonio de un millón de dólares o más, pero tres millones de familias apenas viven con 300 euros al mes; que, por cierto, son el doble que hace 5 años. Y más de 12 millones de españoles viven bajo el umbral de la pobreza. Por lo que hay que concluir que si hay casi seis millones de parados, demasiados trabajadores asalariados, a pesar de tener empleo, no pueden huir de la pobreza. Y pobreza y desigualdad van de la mano.
Según datos del banco Credit Suisse, la riqueza global en el mundo ha aumentado un 68% en los últimos diez años, hasta el máximo histórico de 241 billones de dólares. Pero el 86% de toda esa riqueza está en manos del 10% de la población mundial. Y una ínfima minoría del 1% (los obscenamente ricos) posee la mitad de toda la riqueza del planeta. ¿Algo que ver con la justicia?
Un informe de Tax Justice Network de 2012 cifraba en cerca de 12 billones de dólares el patrimonio de los mega-ricos oculto en países y territorios donde no residen, pero sí tienen un refugio seguro para no pagar impuestos: los paraísos fiscales. Pero en el informe Usted no sabe de la misa la mitad, explicaba que todos los estudios sobre desigualdad económica no han logrado contabilizar con seguridad cuanta es esa riqueza oculta. Por tanto, la desigualdad real es muchísimo mayor que la que se cita habitualmente.
La desigualdad es un problema central de la humanidad. Estudios del epidemiólogo Richard Wilkinson demuestran que la desigualdad es causa de mucho sufrimiento humano y de enfermedades, además de aumento de la delincuencia y de más crímenes. Una feroz desigualdad buscada por la minoría rica, porque no es posible aumentar la riqueza de la minoría sin empobrecer a la mayoría. Robert Reich, ex secretario de Trabajo con Clinton, dice que el mayor problema de nuestro tiempo es la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza. Cualquier otra cuestión (el reciente cierre del gobierno de Estados Unidos, la pugna sobre el déficit presupuestario y el techo de deuda) dice que es una distracción.
Y la desigualdad no solo continúa, crece. Según Merrill Lynch y Capgemini, en 2013 los ricos serán mucho más ricos. Porque lo que llamamos crisis es un saqueo que perpetran esa minoría y sus servidores mientras a las clases trabajadoras les supone más paro, más precariedad, más pobreza.
Hay que reaccionar. O estamos perdidos.

viernes, 18 de octubre de 2013

España: Cuestión de dignidad y justicia, no de sostenibilidad Xavier Caño Tamayo (CCS), periodista y escritor



Las pensiones públicas sufren un descomunal ataque desde hace años. La minoría rica quiere sustituir las pensiones públicas por privadas. En España las pensiones públicas son 117.000 millones de euros anuales.
Dirigen la ofensiva contra las pensiones el FMI, Banco Mundial y Unión Europea. El FMI sostiene que la mayor esperanza de vida “acarrea costos financieros a los gobiernos por los planes de jubilación”. Y amenaza con que hay que recortar las pensiones. ¿Más?

El FMI osa decir incluso en un reciente informe que vivir más es “un riesgo financiero”. De ahí a empezar a urdir algún tipo de ‘solución final’, no hay tanto techo. Un viceministro japonés ya pidió a los jubilados que se hicieran el hara-kiri para aliviar las cuentas públicas.
Pero lo peor es que, para reducir “el riesgo que supone la longevidad”, el FMI propone recurrir a los mercados de capital porque -dice- son quienes “tienen más capacidad para gestionar los planes de pensiones”. Es como contratar zorros para que vigilen el gallinero. O pedófilos para escuelas infantiles.
Desde hace años hay una campaña catastrofista impulsada por FMI y compañía que profetizan la quiebra de las pensiones públicas. Sesudos estudios profetizaron la bancarrota del sistema público de pensiones en España en 1995, 2000, 2005, 2007, 2010… Pero ni uno acertó.
Christine Lagarde, directora del FMI afirma que la economía mundial es “adicta” a los años de bienestar y se ha de “desenganchar” con “decisiones correctas en medidas estructurales”. En plata, con retrocesos sociales y contra- reformas. Es decir, esa cierta distribución de riqueza que fue el mal llamado estado de bienestar ahora resulta ser una “adicción”. Para el FMI cobrar una pensión es como esnifar cocaína o chutarse heroína.
En España, entre los “adictos” al bienestar (según el FMI), hay unos 9.000.000 de pensionistas; casi una quinta parte de población total. Y, de esa cantidad, algo más de la mitad cobra pensiones inferiores a 750 euros. Casi dos millones de pensionistas cobran menos de 500 euros, pero que cobren más de 1500 euros no llegan ni al 1% y 1000 o más, solo un tercio. Al final, en el Reino de España, más de la mitad de pensionistas está bajo el umbral de la pobreza. ¿Rebajarán las pensiones hasta que quienes están razonablemente bien sean pobres y para el resto la pobreza se convierta en miseria?
Para mantener la falacia de la insostenibilidad de las pensiones, en España se actúa como si la Seguridad Social fuera diferente del Estado. Inicialmente se separaron las cuentas de ésta por transparencia, pero ahora se pretende que es un ente diferente, que ha de sobrevivir por su cuenta. Como si no fuera parte del Estado. Pero es falso, porque todos los recursos del Estado han de hacer frente a la totalidad de gastos del Estado, pensiones incluidas.
Aparte de que la seguridad social tiene cuentas limpias y claras, en cualquier caso, la presunta insostenibilidad de las pensiones públicas desaparece cuando son atendidas en los presupuestos generales por el estado. Sin necesidad de depender del volumen de cotizaciones sociales, convertidas así en una partida más de financiación, pero no la única.
“¿Y las cuentas claras y el déficit…?”, rugirán los voceros neoliberales. ¿Hablamos de los insostenibles gastos militares, los derroches suntuarios, las obras públicas innecesarias, el dinero para la Iglesia, el dinero de la corrupción? ¿Hablamos del capitalismo de amiguetes? ¿Hablamos de fraude fiscal…? En España suma 80.000 millones de euros…
La realidad es que los trabajadores financian Europa. En España, cerca del 90% de impuestos recaudados procede de rentas del trabajo. Y cifras semejantes se dan en Grecia, Portugal, Italia… En tanto que quienes más ganan y más tienen eluden y evaden impuestos a placer. Como muestra, 550.000 millones de euros españoles (equivalente al 45% del PIB) no han pagado impuestos y se ocultan en paraísos fiscales, según ha denunciado la revista Alternativas Económicas. Y se puede hablar en términos semejantes del resto de países europeos.
No es cuestión de sostenibilidad sino de dignidad y justicia. Cuestión de derechos. Y de impuestos justos, progresivos y suficientes.
Xavier Caño Tamayo es .

lunes, 16 de septiembre de 2013

España: Un sistema corrupto Xavier Caño Tamayo, periodista y escritor

A partir de los años 60, en España unos cuantos aprovechados, en íntimo contubernio con la dictadura franquista, se enriquecieron velozmente con la acelerada construcción de miles de enormes, desangelados y feos bloques de pisos en las grandes ciudades. Millones de viviendas mediocres para ser habitadas por millones que, huyendo de pobreza y hambre de todas las regiones del Estado, emigraban a Cataluña, Madrid y País Vasco, sobre todo. Décadas después, otro lodazal de especulación y corrupción inmobiliarias se reinstaló en el reino de España. A las construcciones masivas de edificios de viviendas de antaño se unió el ataque contra las costas, concentraciones turístico-estivales, proliferación de campos de golf y de puertos deportivos. Escenario fértil para la corrupción.
Según escribe Carlos Sánchez, “no hay presidente de comunidad autónoma que no haya creado una red clientelar a su alrededor con empresarios locales que han comido y bebido de forma copiosa del presupuesto. Es el origen de la corrupción político-económica en España: élites locales que han engrasado el sistema de partidos para ganar concursos y concesiones públicas”.
Así es. Los tribunales españoles investigan hoy 1.661 casos de corrupción política y financiera y más de 300 políticos profesionales españoles están actualmente imputados por presunta corrupción. Según el Barómetro Global de la Corrupción 2013 de Transparency International, el 86% de españoles considera corrupto este país
The New York Times publicó un extenso artículo sobre la corrupción en España, donde afirma que los jueces españoles investigan a unos 1.000 políticos (desde concejales y alcaldes, consejeros y altos cargos autonómicos a ex ministros del Gobierno). La connivencia entre élites políticas y empresariales es cada vez mayor en España según Pascual-Ramsay en Financial Times. Friedrich Schneider, de la Universidad Johannes Kepler de Linz, afirma que la corrupción en España es un “1% del PIB”. En realidad, los casos de corrupción que aparecen en los medios desde hace años no son solo la actuación de individuos sinvergüenzas, son tramas de saqueo económico de alcance estructural.
Pero la corrupción no afecta solo al Reino de España. El Banco Mundial considera que la corrupción supone del 0,5% al 2% de la riqueza nacional en los países de la OCDE, los 30 más desarrollados del mundo. Y la Comisión Europea calcula que la corrupción cuesta a Europa 120.000 millones de euros anuales: 1,1% de su riqueza.
Curiosamente, Transparency International, organización global contra la corrupción, olvida en sus informes que hay corrompidos y corruptores. Denuncia a muchos corrompidos en África, Asia y Latinoamérica, pero ignora que grandes empresas y corporaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea sobornan en esos países para obtener más beneficios. No hay corrupción sin corruptores.
Y es que la corrupción está incrustada en el corazón del sistema. Hasta hace un tiempo, por ejemplo, en Francia las empresas podían deducir fiscalmente el pago de sobornos de funcionarios o políticos de otros países. Y en Alemania, pagar sobornos en el extranjero era deducible de los impuestos como gastos empresariales, hasta hace cinco años. La presión de la ONU hizo desaparecer tal indignidad.
La lista de grandes casos de corrupción en Estados Unidos y Europa es larga. Los broches podrían ser un Berlusconi promulgando leyes de inmunidad para evitar sus condenas por corrupción o que en Alemania directivos y ejecutivos de casi todas las grandes corporaciones se hayan sentado en el banquillo de los acusados en los últimos años. Cajas ocultas, dinero negro, sobornos, engaño organizado, estafas, manipulaciones contables… Una veintena de corporaciones empresariales alemanas han estado o están en el punto de mira por manipulación y fraude.

Es curioso, porque el FMI y el Banco Mundial prometían en sus informes de los años 80 que la privatización de lo público (que amenazaba ya a medio mundo) suprimiría la corrupción. Pero ha sido justamente lo contrario. Marx tenía razón al escribir que “todas las naciones capitalistas abrazan periódicamente el fraude, pretendiendo ganar dinero sin producir”. Según Denis Robert, periodista de investigación financiera, este sistema económico-financiero está viciado de raíz y no hay voluntad real de eliminar la corrupción. A los hechos me remito. Para abundar en la cuestión, podríamos echar un vistazo al oscuro mundo de los paraísos fiscales, del fraude fiscal sistemático, del blanqueo de dinero sucio en plan industrial… Corrupción es mucho más que lo que denuncia Transparency International y ocupa las portadas de los periódicos. Es el sistema capitalista el que está ya definitivamente corrompido.

jueves, 12 de septiembre de 2013

España: Ahora asaltan las pensiones Xavier Caño Tamayo, periodista y escritor

(CCS)
En el supermercado donde compro, a menudo coincido con personas mayores, pensionistas, en la cola para pagar. Con frecuencia, una anciana hurga en el monedero para completar la cantidad que le indica la cajera por su modesta compra; a veces, la mujer no tiene las monedas que esperaba y, suspirando, indica a la cajera que deje alguno de los alimentos que ha comprado para que le alcance el dinero. No es cuento ni hecho excepcional.
En España, más de la mitad de 9 millones de pensionistas cobran menos de 800 euros mensuales y la pensión de más de tres millones de ellos es inferior a 600 euros, 500, 400… Viva usted sin apuros con esas cantidades en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Bilbao… Pese a ello la bajada de pensiones es una exigencia de la Unión Europea a los países “rescatados”. Ahora toca el asalto a las pensiones en España.
Olli Rehn, responsable económico de la Comisión Europea, insiste una y otra vez desde hace meses que España ha de rebajar ya (perdón, “reformar”) sus pensiones públicas. Para facilitarlo, el gobierno creó un comité de doce “expertos” que propusiera cómo asegurar la “sostenibilidad” de las pensiones. Y ha propuesto retrasar ya la jubilación a los 67 años, así como calcular pensiones y su actualización sin tener en cuenta la evolución de los precios, pero confusamente ligadas al crecimiento económico. Las pensiones pueden congelarse indefinidamente e incluso disminuir.
En Grecia, se rebajó un 20% las pensiones de 1.200 euros mensuales; en Irlanda, 10% menos para las nuevas pensiones y las que superaban 1.000 euros al mes, y en Portugal se rebajó entre 5 y 10% todas las pensiones. En España, el Gobierno quiere evitar incendios políticos y una huelga general; por eso aplaza de momento la recomendación de aplicar en 2014 la contrarreforma y pospone aspectos provocadores a 2019. Pero no renuncia. Las pensiones serán rebajadas.
Pero, ¿tan cruda es la situación de las pensiones? La respuesta es que no hay que creer ni una palabra a los presuntos “expertos” del informe de “sostenibilidad”. Nueve de los doce han cobrado o cobran de la banca, grandes empresas y aseguradoras. Que obtendrán cuantiosos beneficios si las pensiones públicas son muy insuficientes y la gente contrata pensiones privadas. Como denuncia reiteradamente Miren Etxezarreta y ya ha ocurrido en Gran Bretaña, por ejemplo.
Según el único experto que no ha vendido su alma al diablo, el profesor Santos M. Ruesga, vinculado al sindicato UGT, “el gobierno sólo busca un aval para recortar las pensiones de inmediato”. Y, como escribe el abogado sindicalista Sabino Cuadra, en España el dinero para pensiones públicas es inferior al de Francia, Italia, Alemania o Portugal. El profesor Nacho Álvarez recuerda que “según Eurostat (agencia estadística de la Unión Europea), el sistema español de pensiones es de los más baratos de Europa. El gasto español en pensiones fue en 2010 (último dato disponible) de 1.862 euros por habitante (10,7% del PIB). Muy inferior a los 2.769 euros de gasto medio de la Unión Europea (13% del PIB), 3.658 de Francia (14,4% del PIB), 3.421 de Alemania (12,8% del PIB) o 3.295 de Italia (16% del PIB)”. En los últimos años, insiste Cuadra por su parte, en España el fondo de pensiones ha disminuido un 25% y el gobierno se propone reducirlo otro 25% más. A ese pillaje denominan “sostenibilidad”.
Lo cierto es que la nefasta política de austeridad y recortes gubernamentales han expulsado a más de tres millones y medio de cotizantes de la Seguridad Social por la enorme cifra de parados. Esa sí, insostenible.
La cuestión no es económica ni presupuestaria sino de derechos. Derechos de los trabajadores que se han de retiran de la vida laboral. Y en derechos humanos hay que ser inflexible. Por eso, las pensiones podrían financiarse a cargo de los presupuestos del Estado sin depender del volumen de cotizantes. Quienes han de ser sostenibles son los pensionistas y una pensión mínima que asegure una vida digna. Lo indiscutible es que hasta la crisis-saqueo, la austeridad y los recortes no hubo problema con las pensiones públicas. Había superávit. El sistema de pensiones no es insostenible; lo que es insostenible es este gobierno al servicio de la banca y grandes empresas.
Para garantizar las pensiones públicas, otros servicios esenciales y los derechos hay un camino: acabar con el fraude fiscal (más de 80.000 millones de euros anuales) y establecer impuestos justos, progresivos y suficientes por los que pague más quien más tiene y más gana.