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Periodismo Humano
Representantes de la ONU califican de crímenes contra la humanidad tanto
los enterramientos en fosas comunes de la guerra civil y el franquismo
como el robo de niños prolongado hasta la democracia. Censuran al
Gobierno español por poner obstáculos a las investigaciones y le
conminan a buscar a los desaparecidos.
Rocío Borrego sólo quiere recuperar los restos de su madre, puesto que sabe bien que
fue asesinada en 1936. Eduardo Raya sólo desea saber el paradero de su
hija, puesto que está completamente seguro que sigue viva, desde que fue
presuntamente robada en 1990. Entre ambos sucesos ha pasado medio
siglo, pero los cubre el mismo manto de silencio e “impunidad”, según
los representantes del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de
Naciones Unidas que este mes
de septiembre ha visitado diversas ciudades de España. Los afectados
repiten insistentemente, con casi 200.000 víctimas, entre enterramientos
ilegales en fosas comunes y niños robados, hoy son adultos con
identidad falsa, España es, tras Camboya, el país del mundo donde permanecen más personas desaparecidas.
En 1940 la Causa General iniciada por el Ministerio de Justicia sobre
el denominado terror rojo facilitó la recuperación de los cadáveres de
casi la totalidad de las 38.000 víctimas de la represión en la
retaguardia republicana durante la Guerra Civil. Sus familiares, salvo
excepciones de falta de interés o deficiente localización, pudieron
darles una sepultura digna, fueron honrados, su memoria recuperada y sus
verdugos perseguidos o procesados. El Estado se implicó fuertemente en
la labor de búsqueda e identificación, sirviéndose en muchos casos de
las fotografías tomadas a tal efecto por el propio Gobierno republicano,
que nunca llegó a legitimar la barbarie desatada durante parte de esos
tres años por facciones de sindicatos y partidos de izquierda.
Setenta años después, todavía no ha ocurrido lo mismo con el
franquismo, cuya represión fue cinco veces mayor en número debido a ser
planificada por sus mandos y ejecutada sistemáticamente a partir de las
órdenes de fusilamiento de cualquier desafecto al Movimiento decretadas
por la Junta de Gobierno y la Junta Suprema Militar de Defensa de España
en 1936. Desde entonces hasta ahora, de los 143.000 desaparecidos
estimados por el ex juez Baltasar Garzón en 2008 sólo se han recuperado
los cuerpos de unos 8.000. Pero cada vez
que se abre una fosa se encuentran más cadáveres de los previstos,
motivo por el que las estimaciones se acercan ya a los 180.000
desaparecidos, cifra que coincide con la aportada hace años por el
historiador Paul Preston.
A ello hay que sumar unos 30.000 niños apartados forzosamente de
presas y familias republicanas entre 1944 y 1954, como medida de
“higiene” ideológica, y al menos otros 6.000 casos documentados por las
asociaciones de bebés robados por motivos económicos durante el
tardofranquismo y la primera mitad de la actual democracia. Casi todos
siguen sin localizar, salvo varias decenas de reencuentros, facilitados
por análisis de ADN practicados por los propios familiares, nunca por el
Estado.
Rocío Borrego no pudo acudir a Sevilla el pasado mes para explicarle
su caso a los representantes de la ONU, debido a su delicada salud. Lo
hizo en su lugar su hija Florentina, quien relató que Ana Ricarda, de
ideología socialista, regentaba una tienda de comestibles y ejercía como
maestra particular y escribiente en la aldea cordobesa de Jauja. En
noviembre de 1936 fue detenida por cuatro falangistas y un guardia civil
al que ella misma había denunciado por amenazas unos años antes, y ya
no se ha vuelto a saber de ella. A través de diversos testimonios han
llegado a saber que permaneció varios días en un chalet, donde fue
violada y torturada hasta que, ya moribunda y desfigurada, le dieron el
tiro de gracia. Parece que un vecino encontró el cadáver junto al arroyo
de La Coja y, al verle los pechos arrancados y el cuerpo destrozado,
decidió enterrarla.
Su tienda y sus tierras fueron confiscadas, su madre rapada y
purgada, su marido enloqueció y murió a los pocos años y sus cuatro
hijos fueron presa del hambre y la miseria. Rocío ha acudido
infructuosamente a los tribunales para buscar alguna reparación y la
recuperación de los restos de su madre. En su auto, el ex juez Garzón lo
señala como uno de los casos más “clamorosos” de “inseguridad jurídica
para las víctimas”. Sin embargo, hasta el propio Tribunal Constitucional
español ha desestimados sus recursos. “Yo no quiero juzgar a nadie,
pero que nos dejen recuperar los restos”, clamaba Florentina en Sevilla,
a la vez que se preguntaba: “¿Hasta cuándo? ¿Hasta que los tengan que
sacar como a los íberos o los tartessos? ¿En qué país democrático se
encarga la labor de hacer cumplir los derechos humanos a las víctimas,
teniendo que trabajar en contra de la Administración? Es un desgaste
emocional tremendo”, se lamenta.
Efectivamente, el grupo de trabajo de la ONU ha constatado que la Ley
de Memoria Histórica de 2007 ha tenido un efecto muy escaso. Salvo
algunas excepciones, como el Ayuntamiento de Málaga, que ha financiado
la exhumación de la fosa común de su cementerio, recuperando los restos
de 2.800 personas, en el resto del país prácticamente ningún municipio
ha dado permiso siquiera a las familias para hacerlo y ningún juzgado ha
ordenado la apertura de fosas. Ariel Duritzky, unos de los
representantes de Naciones Unidas que ha visitado España, considera que
el Gobierno español debe derogar la Ley de Aministía de 1997, por ser
preconstitucional y constituir una “barrera a la investigación de graves
violaciones de los derechos humanos”.
Así, en lugar de poner los “obstáculos” actuales, el Estado español
debe ofrecer en su opinión mayor apoyo a las víctimas, crear una entidad
para estudiar los casos, investigar las desapariciones forzadas a
través de la judicatura, juzgarlas, retirar los símbolos del franquismo
de los lugares públicos y “asumir un rol de liderazgo en la búsqueda de
la verdad”. A juicio del experto de la ONU, “en el contexto de ataques
generalizados a la población civil, como los que ocurrieron durante la
guerra y la dictadura, las desapariciones forzadas adquieren carácter de
crimen internacional, y por lo tanto deben considerarse
imprescriptibles”.
Dulitzky y su compañera Jasminka Dzumhur no se sorprendieron cuando
en su visita a Sevilla se les planteó que este crimen contra la
humanidad también se habría prolongado hasta bien entrada la democracia.
Hasta los años noventa en concreto, debido a que el robo de bebés por
motivos económicos, tras haberlo practicado en un principio como
represión política, también se habría realizado de forma “sistemática,
generalizada y con aquiescencia de los poderes públicos” como un
“ataque” por parte de un grupo de funcionarios del Estado contra parte
de la población civil. Así lo expusieron el abogado granadino y también
afectado Eduardo Raya junto a su esposa Gloria Rodríguez. Ellos siguen
buscando a su hija, dada por muerta al nacer en el Hospital Clínico de
Granada en 1990. Hasta siete análisis de laboratorios públicos y
privados han dictaminado que el cadáver enterrado entonces no puede
pertenecer a una hija suya, así como tampoco los restos de hígado
aportados como prueba por los médicos para cerrar el caso. La Justicia
hasta ahora no les ha ofrecido respuesta, pendiente de reabrir la
investigación “a regañadientes”.
Raya tiene no obstante esperanza en el dictamen del grupo de trabajo
de la ONU, que deberá ser elevado al Consejo de Derechos Humanos para su
aprobación, así como que la Justicia argentina incluya también entre
sus investigaciones el robo de niños por motivos políticos o económicos,
tanto en la dictadura como en la democracia, al tratarse de una misma
trama criminal. “Esto no es cosa de una monja aislada, como nos quieren
hacer creer. Sor María sólo fue un instrumento de los que se llevaron el
dinero”, asegura Raya.
Los métodos aplicados ilegalmente para el rapto y venta de bebés
hasta los años noventa fueron en realidad ensayados de forma legal en
los años cuarenta y cincuenta. El engaño, diciendo a las familias que el
niño había muerto, la inscripción en el Registro Civil con distinto
nombre y apellido y darla en adopción en una provincia distinta a la que
nació, para dejar el menor rastro posible. Las hermanas María y
Florencia Calvo, por ejemplo, fueron enviadas por sus padres a Francia
para salvaguardarlas de la contienda en España, pero tras terminar la
guerra las secuestró allí el servicio exterior de Falange Española y las
devolvió a nuestro país. Al llegar en tren a Toledo, Florencia preguntó
por su hermana, pero una monja le informó que María había muerto de
unas fiebres, como tantos otros niños en el camino, y que su cuerpo lo
habrían tirado por la ventanilla. En realidad no fue así, sino que fue
dada en adopción. Sesenta años después, las dos hermanas se
reencontraron gracias a un programa de televisión.
La Orden del Ministerio de Justicia de 30 de marzo de 1940 establecía
que los hijos de presos políticos podían quedarse con sus madres sólo
hasta los tres años, cumplidos los cuales debían ser excarcelados y
adoptados por familias adeptas al Régimen, siguiendo las doctrinas del
psiquiatra Antonio Vallejo-Nágera. La Ley de 4 de diciembre de 1941
facilitaba a su vez su inscripción en el Registro Civil con nuevos
apellidos. Vicenta Flores Ruiz, hija de un militar republicano de
Valencia, fue adoptada y devuelta al colegio de monjas donde permanecía
interna hasta cuatro veces en un mismo año, cambiando en todas las
ocasiones de apellidos. Y siempre lejos de Valencia, por familias de
Zaragoza, Alemania, Madrid y Ciudad Real
El paso del robo de niños legal al ilegal se habría dado ya en la
siguiente década, aprovechando esta estructura. Además de las entidades
religiosas que tutelaban a los menores y los registros civiles de toda
España, fue necesaria también la implicación de profesionales
sanitarios, médicos y matronas que asistían los partos en las cárceles
y, cada vez en mayor medida, en clínicas y hospitales. En 1950 Emilia
Girón fue a dar a luz al hospital de Salamanca. Nada más nacer, le
arrebataron al niño a la fuerza y nunca más supo de él. Emilia era
hermana del maqui Manuel Girón, jefe de los guerrilleros del Bierzo. Era
analfabeta y tenía mucho miedo. Quizás pensaron que nunca lo buscaría,
pero sí lo hizo, aunque infructuosamente. “Con esa angustia estaré toda
la vida, porque sé que lo parí y lo llevé dentro nueve meses, y no lo
conocí siquiera”, declaraba Emilia cuarenta años después.
De esa misma época es una carta del capellán de la casa cuna de
Sevilla en la que daba instrucciones para cambiar las partidas de
bautismo de forma discreta en caso de adopciones irregulares, más allá
de las forzosas a presos republicanos que sí permitía la ley. En muchas
ocasiones, religiosos, médicos y registradores recibían regalos o
donativos por parte de los padres adoptivos. Así, en los años cincuenta
se habría producido la transición del robo por motivos políticos al
móvil económico, práctica que se habría prolongado de forma sistemática
has la década de los noventa y que hoy día, según la ONU, permanece
impune.