Dos enviados de la ONU piden al Estado que colabore con la justicia argentina
El Supremo y el Parlamento se oponen a dejar sin efecto la ley de amnistía
España se resiste a juzgar el franquismo y también a que se lo juzguen
otros. De momento, el Estado está reaccionando como Argentina o Chile
hace 17 o 15 años, cuando era un juez español, Baltasar Garzón, quien
reclamaba la detención de dictadores, militares o policías de ambos
países en aplicación del principio de justicia universal. El Gobierno
mintió para que no avanzara la causa abierta por una juez desde Buenos Aires, asegurándole por escrito que había “numerosos procedimientos judiciales abiertos” en España por los crímenes del franquismo.
Después, vetó la toma de declaración por
videoconferencia de las víctimas. Y ahora, tras las primeras
imputaciones, contra cuatro torturadores de la dictadura —dos han
muerto—, el Gobierno, jueces y fiscales la esquivan e invocan los
argumentos que antes esgrimieron otros países: la ley de Amnistía de
1977.
Normalmente, las órdenes de Interpol se ejecutan en horas —así
ocurrió recientemente, por ejemplo, con el pederasta indultado por error
por el rey de Marruecos, Daniel Galván—, pero en este caso, 18 días
después del auto por el que la
juez argentina María Servini de Cubría los reclamaba para
interrogarlos, siguen sin ser arrestados. El juez de la Audiencia
Nacional Pablo Ruz comunicó a través de Interpol que dos de los
reclamados habían fallecido y espera para citar a los dos que aún viven
(el exguardia civil Jesús Muñecas y el exinspector José Antonio González
Pacheco, Billy el Niño) a que las autoridades argentinas remitan a las
españolas la documentación de extradición cumplimentada. Ruz, al igual
que la fiscalía de la Audiencia Nacional, no considera necesario
detenerlos cautelarmente ya que están localizados por las fuerzas de
seguridad, informa Fernando J. Pérez. La fiscalía española, que no
comprobó siquiera si los cuatro reclamados seguían vivos, mantiene que
pueden estar amparados por la ley de Amnistía de 1977, lo que impediría
su entrega.
Dos enviados de la ONU a España, un argentino y una bosnia, del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las
Desapariciones Forzadas, acaban de pedir al Gobierno que deje sin
efecto la ley para juzgar aquí la desaparición de más de 114.000
españoles y 30.000 niños robados durante la Guerra Civil y la dictadura.
El grupo pide, además, que España ratifique la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Desde el Ministerio de Justicia prometen “estudiar con detenimiento”
sus peticiones. Pero todas las iniciativas presentadas hasta ahora para
atender a ese llamamiento, que ya en anteriores ocasiones había hecho la
ONU, han sido sucesivamente rechazadas en el Congreso. La mayoría del
Parlamento (PP y PSOE) rechaza tocar la ley.
Las 204 páginas que ha redactado la juez María Servini de Cubría para
pedir la detención de los torturadores españoles, acusados de crímenes
contra la humanidad, colocan a España en el mismo lugar que Garzón puso a
Argentina en 1996. Es decir, obliga al Estado a tomar postura sobre un
asunto que allí, en su día, se intentó zanjar con dos leyes (de
obediencia debida y punto final) y aquí por dos vías: la administrativa
(la ley de Memoria Histórica) y la judicial (la sentencia del Supremo
sobre la causa de Garzón y el auto de marzo de 2012 que cerró la vía
para la investigación penal de esos crímenes en España).
Allí, tras un largo y accidentado proceso, que incluyó medidas para
impedir la colaboración con la justicia española, finalmente, optaron
por derogar sus leyes de amnistía. “Cuando España pidió la extradición
de ciudadanos argentinos por delitos cometidos en nuestro territorio en
función del principio de justicia universal, los jueces nos encontramos
en la disyuntiva entre enviarlos a que los juzgase una jurisdicción
extranjera o juzgarlos nosotros”, recordaba a EL PAÍS, tras la muerte en
prisión de Videla, Raúl Zaffaroni, uno de los siete juristas que anuló
las leyes de amnistía argentinas. “En el primer caso, estaríamos dejando
al país en la situación de una tribu y a todos sus ciudadanos en riesgo
de ser procesados por cualquier país. La única solución era asumir la
jurisdicción y juzgarlos conforme a nuestras leyes, por nuestros
tribunales”.
Aquí, de momento, el Gobierno ha hecho todo lo que ha podido por
desanimar a la juez argentina, y la justicia tampoco se ha dado prisa en
complacerla. El fondo del asunto, como lo fue en otros países, es la
ley de Amnistía. Argentina derogó las suyas con la llegada al poder de
Néstor Kirchner. Chile y Guatemala la adaptaron de forma que se pudieran
investigar las desapariciones forzadas de las víctimas. Perú tampoco
aplica la suya. Brasil la mantiene.
Fue precisamente el auto por el que Garzón abrió, en 2008, una
investigación sobre los crímenes del franquismo, el que resucitó el
debate sobre la ley y provocó un juego de sillas entre partidarios y
detractores de la norma: quienes con más ahínco la defendían en 1977
eran los que más empeño ponían tres décadas después en que se modificara
o derogara y viceversa. Así, en 1977, era el diputado de Alianza
Popular Antonio Carro quien se oponía a la ley: “No es buena medicina la
amnistía. La única medicina que aplican las democracias más genuinas y
consolidadas es una estricta aplicación de la ley”, decía. Y casi 36
años más tarde, el pasado 25 de septiembre, era el ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón (PP), quien defendía en el Congreso la vigencia
de la ley, tomando prestadas las palabras de un comunista, Marcelino
Camacho: “La amnistía es una política nacional y democrática, la única
consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y cruzadas”.
El suegro del ministro, José Utrera Molina, es, por cierto, una de las
imputaciones que solicitan los querellantes. ¿Qué ha pasado en 36 años
para que un diputado del PP termine parafraseando a un comunista
precisamente para responder a otro, Cayo Lara, quien acababa de decir
que “ninguna ley de amnistía puede ser utilizada como ley de punto
final”? Estas son las distintas posiciones y argumentos.
Garzón: “No afecta a crímenes de lesa humanidad”.
El juez argumentó que los hechos denunciados por las víctimas del
franquismo no entraban dentro de la ley de Amnistía porque esta norma
amnistiaba “actos de intencionalidad política” y él, explicaba, estaba
investigando crímenes contra la humanidad, que no prescriben. Garzón
apoyaba su argumento en la jurisprudencia de tribunales internacionales
(el especial para Sierra Leona, Estrasburgo, o la Corte Interamericana
de Derechos Humanos).
El Supremo: “La ley de amnistía está vigente”.
El juez del Supremo Luciano Varela calificó de “imaginación creativa”
la argumentación de Garzón y en abril de 2010 abrió un caso contra él
por prevaricación. El alto tribunal terminó absolviéndole, pero en la
misma sentencia quiso zanjar el debate jurídico sobre la ley de Amnistía
y la posibilidad de juzgar el franquismo. La sentencia recordaba que la
fiscalía calificó los hechos de “delitos comunes” y prescritos. Y
argumentaba que, aunque en otros países existían los llamados “juicios
de la verdad”, en España ese papel corresponde “a los historiadores”, no
a los jueces, ya que solo es posible realizar una investigación cuando
existe un responsable vivo. La ley de Amnistía, destacaban, “tuvo un
evidente sentido de reconciliación” en la transición española, “tan
alabada nacional e internacionalmente”, y “ningún juez puede cuestionar
la legitimidad de ese proceso. Se trata de una ley vigente cuya eventual
derogación correspondería, en exclusiva, al Parlamento”.
El Parlamento: la ley de amnistía no se toca.
El Congreso ha rechazado en varias ocasiones iniciativas para
modificar la ley de forma que los crímenes del franquismo se puedan
juzgar en España. El pasado septiembre, Ruiz-Gallardón recurría a
Marcelino Camacho para justificar ante Cayo Lara la vigencia de la
norma. Unos meses antes, en abril, el Gobierno respondía a otra pregunta
parlamentaria de Gaspar Llamazares con la misma idea: “Ha sido un
instrumento fundamental de reconciliación entre los españoles. El
Tribunal Constitucional se ha manifestado a favor de la misma”.
El PSOE tampoco es partidario de tocarla
“Fue una ley necesaria y no creemos conveniente revertirla”, explica a
EL PAÍS Ramón Jáuregui, exministro del segundo Gobierno de Zapatero.
“Comprendemos los sentimientos. Estamos mucho más cerca de los
torturados que de los torturadores, pero seguimos convencidos de que la
ley estuvo bien hecha. Algunos perdonamos mucho más que otros, pero el
perdón fue colectivo. Y esa decisión es la base de una convivencia
reconciliada”. Preguntado por la posibilidad de que el franquismo se
juzgue en Argentina, responde: “Yo acepto la justicia universal, pero
creo que siempre tiene que ser sometida a los criterios de la soberanía
popular. El proceso argentino está cargado de buenas intenciones, pero
en España decidimos hace mucho tiempo que no nos íbamos a pasar factura
de lo que hicimos antes de 1976”.
Gaspar Llamazares, por lado, insiste: “No hace falta derogar la ley,
basta con modificarla para impedir cualquier interpretación de impunidad
de los crímenes del franquismo. Si no, haremos el mismo papel que hizo
Chile con Pinochet. Sería una vergüenza que el franquismo se termine
juzgando en Argentina. Demostraría que somos unos hipócritas que hace
años dábamos lecciones a los demás”.
La ONU: “España está obligada a investigar”
La declaración sobre la protección de todas las
personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea
General de la ONU en 1992 y la convención internacional para la
protección de todas las personas contra la desaparición forzada, que
España ratificó en 2009, “impide expresamente la aplicación de la ley de
Amnistía para estos delitos”, explica Ariel Dulitzky, uno de los
enviados de la ONU. “España está obligada internacionalmente a no
aplicar los efectos de la ley que impiden una investigación judicial. El
poder judicial no puede presumir que han muerto sin investigar, y la
prescripción no empieza a contar hasta que los familiares de la víctima
saben su paradero”. Dulitzky cree que, tarde o temprano, España tendrá
que enfrentarse al problema. “La demanda de justicia de las víctimas no
va a cesar. Han pasado 70 años y las familias siguen ahí, pidiendo
justicia, verdad y reparación”.
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