Evaristo Villar
Los autores del importante documento Petición de perdón de miembros de la Iglesia católica colombiana por la participación de nuestra Iglesia en loa violencia que viene del pasado acaban formulando tres exigencias o ruegos necesarias para el establecimiento de la paz: 1ª a la Conferencia Episcopal de Colombia le piden que, siguiendo el ejemplo de los últimos papas, singularmente el espíritu de Francisco, “pida perdón, en presencia de los movimientos políticos liberales y comunistas, por haber contribuido a la persecución, estigmatización y exterminio de muchos de sus militantes”; 2ª invitan a la diócesis de Bogotá “a sacar del recinto de la Catedral Primada los restos mortales del conquistador Gonzalo Jiménez Quesada y entregarlos a la Alcaldía de Bogotá para que les asigne un espacio ajeno al culto cristiano”; y 3ª se comprometen a “solicitar al papa Francisco el cierre de la Diócesis Castrense”, invitando a los miembros católicos de las fuerzas armadas “a renunciar a su jurisdicción eclesial especial e integrarse en las comunidades locales”.
No es correcto apropiarse de la historia de otros por más que resulte rentable para justificar los propios argumentos. Salvo el dolor y el hambre, nada es igual por más que se le parezca. La historia, extrapolando la sabia intuición de Ortega, también es “hija de sus circunstancias”. Y estas siempre son distintas según el lugar, el tiempo y los sujetos que intervienen en ellas.
Sin embargo, cualquiera que se tome la molestia de analizar fríamente el comportamiento de la jerarquía católica española con referencia a los acontecimientos políticos, económicos, sociales y aún religiosos, desde los años 30 del pasado siglo hasta nuestros días, se va a encontrar con grandes similitudes con la jerarquía colombina. Me limito a tres escenarios que tienen que ver con los tres motivos antes expuestos: 1º la implicación de la jerarquía católica española en el alzamiento contra la II República, la justificación del golpe militar y la posterior legitimación de la dictadura franquista; 2º la presencia de los restos de Franco en el Valle de los Caídos; y 3º la existencia de una Vicaría o Diócesis Castrense con su obispo con rango de general.
I. URGE ALGÚN GESTO DE RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN POR PARTE DE LA JERARQUÍA CATÓLICA ESPAÑOLA
Después de más de ocho décadas del golpe militar en España contra la II República quedan muy pocas dudas sobre la implicación y complicidad de la jerarquía católica en el alzamiento, justificación del golpe y posterior legitimación de la dictadura franquista.
Esta afirmación tan grave podrá ir emergiendo con claridad a la luz de los siguientes datos2 y exige, a su vez, algún gesto jerárquico de reconocimiento oficial y de reparación:
1º La Carta pastoral de Enrique Pla y Deniel, obispo de Salamanca, del 30 de septiembre de 1936, titulada Las dos ciudades en la que, entre otras cosas, se dice: “En el suelo de España luchan hoy cruentamente dos concepciones de la vida, dos sentimientos, dos fuerzas”, dos ciudades, la ciudad de los sin Dios y la ciudad de los hijos de Dios… Esta lucha “reviste, sí, la forma externa de una guerra civil; pero, en realidad, es una cruzada, una cruzada por la religión, por la patria y por la civilización”. No contento con su adscripción al bando golpista, el obispo realiza otros gestos bien significativos: cede su palacio al general Franco para que instale en él su cuartel general y, en conexión con el cardenal Primado de España, Isidro Gomá, hace una colecta para ayudar a los sublevados. Posteriormente, en 1945, siendo ya Primado de Toledo, siguió considerando la guerra como un plebiscito armado que puso fin a una persecución religiosa. Pensaba, además, que pretender revisar ese plebiscito “puede llevarnos a una nueva guerra civil”.
2º Un decreto del Jefatura de Estado de 16 de noviembre de 1938, en plena guerra civil, ordena poner a las puertas de las iglesias los nombres de los caídos en la Cruzada, víctimas de la revolución marxista. En este decreto se afirma que se hace con “previo acuerdo con las autoridades eclesiásticas”.
3º La Carta colectiva de los obispos del 15 de mayo de 1937. Por indicación de Franco, el cardenal Gomá, Primado de España, envió a todo el episcopado un documento con un doble objetivo: expresar “nuestro autorizado criterio sobre el movimiento nacional” y “contrarrestar la propaganda que, aun entra los católicos del extranjero, está contribuyendo a crear una atmósfera totalmente adversa” al mismo. La carta no califica a la guerra de “Cruzada”, pero sí la considera una defensa heroica de la fe, trayendo a colación la doctrina tomista sobre el derecho a la resistencia por la fuerza. La responsabilidad de la guerra, según el texto, no está en los que se alzaron en armas, sino en los republicanos que legislaron contra “la conciencia nacional”. En honor a la verdad, hay que decir que ni el cardenal Vidal i Barraquer, obispo de Tarragona, ni Mateo Múgica, obispo de Vitoria, firmaron el documento. Pero ambos tuvieron como recompensa el exilio… Mientras se recogían las adhesiones de los obispos a esta justificación del alzamiento militar, Picasso, por encargo de legítimo Gobierno de la República, pintaba el Guernica para la Exposición Internacional de París de 1937.
4º Franco bajo palio. Terminada la guerra (1 de abril de 1939), el 19 de mayo del mismo año se celebró el desfile de la victoria y, al día siguiente, en la madrileña iglesia de Santa Bárbara, Franco ofreció al Cristo de Lepanto su espada vencedora. La escena es para no olvidar: a las puertas del tempo lo recibe el obispo Leopoldo Eijo y Gray y le presenta un hisopo de plata con agua bendita para que se santigüe. Suena el himno nacional mientras Franco se va acercando, solemnemente bajo palio —llevado por miembros del Gobierno—, hacia el altar. El general deposita la espada a los pies del Santo Cristo, lee una oración y se hinca de rodillas ante el cardenal Gomá que lo bendice y ambos se funden en un abrazo.
5º ¿Pedir perdón? Hubo un intento fallido de la Asamblea de Obispos y Sacerdotes de 1971, impulsada por los aires renovadores del Vaticano II. La ponencia borrador sobre la Iglesia en la sociedad, concluía con esta frase: “Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra ya no está en nosotros (1 Jn 1, 10). Así pues, reconocemos humildemente y pedimos perdón porque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos”. Pero el reconocimiento de la culpa y la petición de perdón no fueron aceptados a falta de los 70 votos que se necesitaban para la mayoría requerida de dos tercios… Luego la respuesta oficial ha sido siempre el silencio. Un silencio a veces roto para tratar de justificar la ideologizada y discriminatoria praxis oficial. Como, por ejemplo, la hiriente recomendación del cardenal Rouco Varela, a la sazón presidente de la CEE, en el discurso de inauguración de la Asamblea Plenaria de los obispos el 24 de noviembre de 2008. La recomendación, por humillante para las víctimas, fue ampliamente rechazada por toda la crítica del país. En aras de la necesaria reconciliación de la población española, el cardenal invitó a todo el mundo a volver al “espíritu reconciliador, generoso y sacrificado de la Transición”. Y para esta vuelta, el cardenal predicaba que “a veces es necesario saber olvidar”.
6º Algunos juicios aclaratorios. El catedrático del Departamento Social y Pensamiento político de la UNED, Santos Juliá, en su libro Historias de las dos Españas, hace un durísimo juicio sobre el comportamiento de la Iglesia durante la guerra y luego en la dictadura : “La Iglesia ha triunfado en una guerra civil, que para ella había supuesto una verdadera hecatombe, pero de la que salió restablecida en la plenitud de su poder. Había sido, después de mártir, verdugo, por completo desprovista de conmiseración para los vencidos; todo lo contrario, no solo vencedora, sino vengativa: sus clérigos habían asistido a la ejecución de docenas de miles de prisioneros una vez la guerra terminada, sosteniendo con su presencia y su palabra una estrategia de depuración y de limpieza”3 Para el filósofo y teólogo jesuita Alfonso Álvarez Bolado, en su libro Para ganar la guerra, para ganar la paz, la iglesia se había identificado tanto con las derechas, que se oponían a toda reforma social, que obreros y campesinos podían verla con razón como enemigo político”4. Hilari Raguer, historiador y monje de Montserrat, dice que el mito de la cruzada fue “uno de los pilares del régimen, que no se podía tocar ni siquiera con el Caudillo ya sepultado”. El historiador Inglés Paul Preston concluye en su libro La guerra civil española que, durante los cuarenta años de Franco, se impuso “una visión única del pasado”5.
II. SILENCIO ANTE LOS RESTOS DE FRANCO EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS
1º Unos datos sobre los destrozos de la guerra
Las cifras son solo estimativas entre los historiadores. Sumando las personas que murieron durante la guerra y la posterior dictadura de Franco se estima una cifra cercana a “Un millón de muertos”, como titulaba su novela José María Gironella. A esta cifra escalofriante hay que añadir el medio millón de exiliados al final de la guerra. El juez Baltasar Garzón, en el proceso que abrió en el 2008 en la Audiencia Nacional contra los crímenes del franquismo, habla de 130.000 desaparecidos, 2.300 fosas comunes sin exhumar y unos 45.000 cadáveres no identificados. Hay que añadir, además, las decenas de miles de niños robados que comienzan ahora a investigarse. Inhabilitado el juez Garzón por el Tribunal Supremo en 2012, la causa la está moviendo, con enormes dificultades, la Justicia Argentina, al frente de la cual está la jueza federal María Servini de Cubría.
2º Dos documentos oficiales contra el silencio. A pesar del consenso de los políticos para olvidar este asunto, podemos señalar dos momentos que, oficialmente, no han podido silenciarlo. Se trata de la Amnistía Política de 1977 y de la Ley de Memoria Histórica de 2007.
La Amnistía política de 19776
Esta Ley de Amnistía política, del 15 de octubre de 1977, bajo el segundo Gobierno de Adolfo Suárez, fue impulsada por las fuerzas progresistas del parlamento con el objetivo de liberar a las personas represaliadas por oponerse al golpe militar o por defender las libertades públicas durante la dictadura. En la intención del legislador, nada tiene que ver, como se está queriendo leer ahora, con amnistiar los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que no prescriben nunca y que no pueden ser cubiertos por ninguna ley de punto final. Así se desprende de los Compromisos Internacionales firmados antes de dicha fecha por el Gobierno español — como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos firmado por España medio año antes, el 30 de abril de 1977—. En su artículo 15 de dicho Pacto se señala que las personas que cometan actos delictivos conforme a “los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional” pueden ser juzgados y condenados. “Nada hay en el texto de esta ley, escribe Pablo Greiff —colombiano, relator Especial de la ONU sobre La promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición—, que impida tal determinación.
La Ley de Memoria Histórica de 20077
La Ley de Memoria Histórica del 26 de diciembre de 2007, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, alcanza a todas las víctimas de la guerra civil y la posterior dictadura de Franco. Sin embargo, no incluye la apertura de las fosas comunes que deja en manos de instituciones privadas.
Ante las denuncias de familias de las víctimas y de instituciones nacionales —como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, de la que es parte Redes Cristianas— e internacionales, el relator de la ONU Pablo Greiff, realizó una visita oficial a España entre 21 de enero y el 3 de febrero de 2014. Durante su estancia se reunió con numerosas asociaciones de víctimas e instituciones relacionadas con la memoria histórica, además de varios miembros del Gobierno. Su conclusión es contundente: “No ha habido nunca, dice, una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad. El modelo vigente de privatización de las exhumaciones, que delega esa responsabilidad a las víctimas y asociaciones privadas, alimenta la indiferencia de las instituciones estatales…”. De Greiff critica duramente, además, las ” interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía” que “no sólo niegan el acceso a la justicia sino que también impiden cualquier tipo de investigación”.
Sobre el Valle de los Caídos: “El sitio, continúa de Greiff, constituye en sí mismo la exaltación del franquismo”… “Nada da cuenta de que fue construido con el trabajo forzoso de miles de presos políticos bajo condiciones inhumanas” o sobre “los cuerpos de las casi 34.000 personas que ahí están inhumadas”… “Nada explica quién fue José Antonio Primo de Rivera ni por qué fue inhumado en el centro de la Basílica”, ni por qué Franco “fue inhumado allí sin ser víctima de la Guerra Civil”. De Greiff sugiere la retirada del cuerpo de Francisco Franco de la basílica porque “difícilmente podrá pensarse (ese lugar) como un lugar en favor de la paz y la reconciliación […] mientras siga en el centro del monumento la tumba con flores del dictador”.
Tres años antes de esta visita y bajo el segundo mandato de Rodríguez Zapatero, se creó, el 27 de mayo de 2011, la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de la Caídos. Dicha comisión entregó, medio año más tarde, el 29 de noviembre del 2011 un informe en el concluye: “Esta comisión recomienda que los restos del general Francisco Franco sean trasladados al lugar que designe la familia o, en su caso, al lugar que sea considerado digno y más adecuado. A tal efecto el Gobierno deberá buscar los más amplios consensos parlamentarios y habrá de negociar con la Iglesia la oportuna autorización”.
Finalmente, el 11 de mayo de 2017, el Congreso de los Diputados, con la abstención del PP y IRC, aprobó sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. En realidad, se trata de una Proposición No de Ley, que insta al Gobierno a dos gestos interesantes: a completar la Ley de Memoria Histórica de 2007 y a crear una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo. Pero hay que decir que esta decisión del Congreso de Diputados no pasa de ser, en realidad, más que un gesto meramente simbólico que no obliga al Gobierno a cumplirla.
La postura de la Iglesia8
La jerarquía católica guarda más bien silencio. Más firme parece la Comunidad Benedictina, apoyada en el estatuto de fundación de 1953 y en el art. 16 de la misma Ley de Memoria Histórica que dice en el párrafo 1: ”El Valle de la Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos”. Y en esta línea, calificada la basílica como lugar de culto, es la Iglesia la que tiene las competencias legales en su interior. Cualquier actuación al respecto -obras en su interior, inhumaciones, exhumaciones o traslados- deberá contar con la autorización expresa de la Iglesia. Y en esto se apoya el rechazo de la comunidad.
III. LA VICARÍA CASTRENSE
1º Unos datos: Creada en 1950, La Vicaría o Diócesis Castrense tiene su propio estatuto, aprobado por la Santa Sede el 14 de noviembre de 1987. Cuenta, además, con una catedral en Madrid, la Iglesia del Sacramento, cerca del Palacio Real, y su propio seminario, el colegio sacerdotal castrense Juan Pablo II, con unos 18 seminaristas en el momento actual.
La Vicaría, de la que es actualmente titular el arzobispo Juan del Río Martín, está organizada en cinco vicariatos, que corresponden a las cinco ramas de las Fuerzas Armadas españolas: Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, la Guardia Civil y Defensa y Servicios de Información.
Según informaciones de la prensa generalista (El País, La Vanguardia, El Diario, etc.) el Estado gastó al pasado año 2016 más de 3 millones de euros en pagar a los 87 capellanes y 12 colaborados que trabajan para las Fuerzas Armadas.
2º Fundamentación jurídica: Civilmente se basa en el Real Decreto 1145 de 1990 por el que se crea un Servicio de Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas; y religiosamente se fundamenta en los Acuerdos firmados entre la Santa Sede y el Estado Español del 3 de enero de 1979 entre los que figura la Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas. Sobre estos Acuerdos Generales (presentación de obispos, asuntos jurídicos, asistencia a las fuerzas armadas, enseñanza y asuntos culturales, asuntos económicos), cabe decir que se trata de una especie de Concordato que, ni en el fondo ni en la forma, coinciden con la Constitución de 1978. Son unos Acuerdos preconstitucionales y para muchos juristas inconstitucionales9.
3º Desde Redes Cristianas venimos denunciando, con otras muchas instituciones socioculturales y políticas, estos Acuerdos desde dos referentes o criterios básicos: desde el Espíritu del Evangelio que, siguiendo a Jesús, nos lleva a no utilizar la violencia -¿ni siquiera para defender una causa justa?- sino el amor y la misericordia para romper el círculo de la violencia. “¿Vuelve tu espada a la vaina, le dice Jesús a Pedro, que el que a hierro mata a hierro muere. ¿Piensas que no puedo acudir a mi Padre? Él pondría a mi lado ahora mismo más de doce legiones de ángeles” (Mt 26, 52-53). Y desde el criterio de laicidad como base de articulación de una convivencia plural. “Denunciamos los Acuerdos de 1979 del Estado español con la Santa Sede, herederos del Concordato de 1953 y pedimos su derogación porque, nacidos en un contexto preconstitucional de privilegio confesional católico, están afectando hoy día a una sociedad religiosamente plural y ampliamente secularizada y son causa de muchos de los conflictos que, en esta materia, afectan a la convivencia ciudadana. En consecuencia, exigimos que las entidades dependientes de la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas se acojan al derecho civil que regula la vida asociativa en el Estado español. Redes Cristianas, junio 2017, (Actualización del documento del mismo nombre, publicado por Redes Cristianas en 2008).
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