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sábado, 8 de febrero de 2014

Cuando la Iglesia de Roma perdonaba las segundas nupcias Sandro Magister


En los primeros siglos, a los divorciados vueltos a casar se les remitía la culpa y se les daba la comunión; pero más tarde, en Occidente, esta praxis fue abandonada. Hoy el Papa Francisco vuelve a proponerla, mientras los cardenales se baten en duelo

A mediados de febrero los cardenales y los obispos del consejo de la secretaría del sínodo se reunirán para valorar las respuestas al cuestionario distribuido en octubre en todo el mundo.

El sínodo tiene por tema “los desafíos pastorales sobre la familia” y tendrá lugar en Roma del 5 al 19 de octubre. Entre las treinta y nueve preguntas del cuestionario, cinco conciernen a los católicos divorciados y vueltos a casar en segundas nupcias y su imposibilidad de recibir los sacramentos de la eucaristía y la reconciliación.
Sobre este punto la discusión es muy candente y las presiones para admitir en la comunión a los divorciados vueltos a casar son muy fuertes en la opinión pública, con el apoyo de obispos y cardenales de renombre.
De hecho, actualmente en la Iglesia católica la única vía para que los divorciados vueltos a casar y que se mantienen firmes en su segundo matrimonio sean admitidos a la comunión eucarística, es la verificación de la nulidad del precedente matrimonio celebrado en la iglesia.
La causas de la nulidad pueden ser numerosas y los tribunales eclesiásticos son generalmente comprensivos resolviendo por esta vía casos matrimoniales que son también difíciles.
Pero es imposible para los tribunales eclesiásticos hacer frente al gran número de matrimonios que supuestamente podrían ser inválidos. Según el Papa Francisco – que ha citado a este propósito al arzobispo de Buenos Aires que le precedió – los matrimonios nulos podrían incluso ser “la mitad” de los matrimonios celebrados en la iglesia porque han sido celebrados “sin madurez, sin darse cuenta de que es para toda la vida, por conveniencia social”.
La gran parte de estos matrimonios inválidos ni siquiera es sometida al juicio de los tribunales eclesiásticos. No solo. Los tribunales eclesiásticos existen y funcionan sólo en algunos países, pero son inexistentes en amplias regiones de África, Asia y la misma América Latina. En algunas zonas de reciente evangelización el matrimonio monógamo e indisoluble ni siquiera ha sido aún aceptado por el sentir común católico en un contexto persistente de uniones inestables o polígamas.
Con este escenario, ¿cómo solucionar la imposibilidad de resolver por vía judicial el gran número de pasajes a segundas nupcias?
Joseph Ratzinger, como cardenal y como Papa, había avanzado en más de una ocasión la hipótesis de permitir el acceso a la comunión de los divorciados vueltos a casar “que hayan llegado a la motivada convicción de conciencia sobre la nulidad de su primer matrimonio, pero cuya invalidez no puede ser demostrada por vía jurídica”.
Benedicto XVI advertía que “el problema es muy difícil y aún se debe profundizar en él”.
Mientras tanto, el acceso espontáneo de los divorciados vueltos a casar a la comunión se ha convertido en una praxis difundida, tolerada por sacerdotes y obispos e incluso animada y oficializada en algunas partes, como en la diócesis alemana de Friburgo. Con esto, se corre el riesgo de descargar todo sobre la conciencia del individuo, aumentando la distancia entre la visión alta y exigente del matrimonio tal como aparece en los Evangelios y la vida práctica de numerosos fieles.
En esta fase de acercamiento al sínodo sobre la familia, el Papa Francisco ha dado espacio a una confrontación entre posiciones distintas, si no opuestas, contribuyendo así él mismo a crear expectativas de “apertura”.
Por un lado, ha querido que se publicara en “L’Osservatore Romano” del 23 de octubre, en siete idiomas, una nota del prefecto de la congregación para la doctrina de la fe Gerhard L. Müller, muy rigurosa afirmando la “santidad” indisoluble del matrimonio cristiano y rechazando “una adecuación al espíritu de los tiempos”, como sería la concesión de la comunión a los divorciados vueltos a casar sobre la base simplemente de su elección de conciencia.
Por otra parte, el Papa ha dejado que obispos y cardenales – también de su declarada confianza como Reinhard Marx y Óscar Rodríguez Maradiaga – se expresaran públicamente contra Müller y a favor de una superación de la prohibición de la comunión.
Los fautores de este cambio, al explicitar sus posiciones, confían en última instancia en la convicción de conciencia de cada individuo.
¿Pero es la conciencia la única vía de solución al problema de los divorciados vueltos a casar?
Según cuanto sucedía en los primeros siglos del cristianismo, no. La solución, entonces, era otra.
*
La persona que, recientemente, ha recordado cómo afrontó la Iglesia de los primeros siglos la cuestión de los divorciados vueltos a casar es un sacerdote de Génova, Giovanni Cereti, estudioso de patrística y de ecumenismo, además de ser desde hace más de treinta años asistente del movimiento de espiritualidad conyugal de los “Equipes Notre-Dame”.
Cereti ha vuelto a publicar hace unos meses un docto estudio escrito por él y publicado por primera vez en 1977, reeditado en 1998, que lleva por título: “Divorzio, nuove nozze e penitenza nella Chiesa primitiva” (“Divorcio, nuevas nupcias y penitencia en la Iglesia primitiva”).
La piedra angular de este estudio – pletórico de referencias a los Padres de la Iglesia, que se debatían con el problema de las segundas nupcias – es el canon 8 del concilio de Nicea del 325, el primero de los grandes concilios ecuménicos de la Iglesia, cuya autoridad ha sido siempre reconocida por todos los cristianos.
El canon 8 del concilio de Nicea dice:
“A propósito de aquellos que se definen puros, en el caso de que quieran entrar en la Iglesia católica, este santo y gran concilio establece, […] antes de cualquier otra cosa, que estos declaren abiertamente, por escrito, que aceptan y siguen las enseñanzas de la Iglesia católica: es decir, que entrarán en comunión tanto con aquellos que han pasado a segundas nupcias, como con aquellos que han cedido en la persecución, para los cuales se establecen el tiempo y las circunstancias de la penitencia, siguiendo así en cada cosa las decisiones de la Iglesia católica y apostólica”.
Los “puros” a los cuales se refiere el canon son los novacianos, los rigoristas de la época, intransigentes hasta la definitiva ruptura tanto con los adúlteros vueltos a casar, como con las personas que habían apostatado para salvar su vida aunque se hubieran arrepentido después. En ambos casos habían sido sometidos a la penitencia y habían sido absueltos de su pecado.
Exigiendo a los novacianos que para ser readmitidos en la Iglesia tenían que “entrar en comunión” con estas categorías de personas, el concilio de Nicea confirmaba por tanto el poder de la Iglesia de perdonar cualquier pecado y de volver a acoger en la plena comunión también a los “dígamos”, es decir, a los adúlteros vueltos a casar y a los apostatas.
Desde entonces, en lo que concierne a los divorciados vueltos a casar, en la cristiandad han convivido dos tendencias, una más rigorista y otra más dispuesta al perdón. En el segundo milenio, en la Iglesia de Roma se impuso la primera. Pero en precedencia, durante muchos siglos, también en Occidente tuvo espacio la praxis del perdón.
El recién nombrado cardenal Müller, en su nota en “L’Osservatore Romano”, escribe que “en la época patrística, los creyentes separados que se habían vuelto a casar civilmente no eran readmitidos oficialmente a los sacramentos, aun cuando hubiesen pasado por un periodo de penitencia”. Pero inmediatamente reconoce que “en ocasiones, se buscaron soluciones pastorales para rarísimos casos-límites”.
Más adherente a la realidad histórica ha sido Ratzinger, en un escrito suyo de 1998 que volvió a ser publicado el 30 de noviembre de 2011 en distintos idiomas en “L’Osservatore Romano”, que resume así el estado de la cuestión según los más recientes estudios:
“Se afirma que el magisterio actual sólo se nutriría de un filón de la tradición patrística, y no de la entera herencia de la Iglesia antigua. Si bien los Padres se atuvieron claramente al principio doctrinal de la indisolubilidad del matrimonio, algunos de ellos toleraron, en la práctica pastoral, una cierta flexibilidad ante situaciones difíciles concretas. Sobre este fundamento, las Iglesias orientales separadas de Roma habrían desarrollado más tarde, junto al principio de la akribia, de la fidelidad a la verdad revelada, el principio de la oikonomia, de la condescendencia benévola en situaciones difíciles. Sin renunciar a la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio, esas Iglesias permitirían, en determinados casos, un segundo e incluso un tercer matrimonio que, por otra parte, es diferente del primer matrimonio sacramental y está marcado por el carácter de la penitencia. Esta praxis nunca habría sido condenada explícitamente por la Iglesia Católica. El Sínodo de Obispos de 1980 habría sugerido estudiar a fondo esta tradición, a fin de hacer resplandecer mejor la misericordia de Dios”.
Más adelante, en ese mismo texto, Ratzinger indica en san León Magno y en otros Padres de la Iglesia a aquellos que “buscaron soluciones pastorales para raros casos límite” y reconoce que “en la Iglesia imperial posterior a Constantino se buscó una mayor flexibilidad y disponibilidad al compromiso en situaciones matrimoniales difíciles”.
De hecho, el concilio ecuménico de Nicea fue convocado precisamente por Constantino y su canon 8 expresa justamente esta orientación.
Hay también que precisar que, en ese periodo, los que habían pasado a segundas nupcias y eran readmitidos en la comunión de la Iglesia permanecían junto al nuevo cónyuge.
En Occidente, en los siglos sucesivos, el periodo penitencial que precedía a la readmisión a la eucaristía, inicialmente breve, se prolongó poco a poco hasta convertirse en permanente, mientras en Oriente esto no sucedió.
En el segundo milenio, en Occidente, fueron los tribunales eclesiásticos los que se enfrentaron y resolvieron los “casos límites” de segundas nupcias, asegurando la nulidad del precedente matrimonio, pero cancelando con ello la conversión y la penitencia.
Hoy, quienes como Giovanni Cereti quieren centrar la atención sobre la praxis de la Iglesia de los primeros siglos, proponen la vuelta a un sistema penitencial similar al adoptado entonces, sistema que aún se conserva en una cierta forma en las Iglesias de Oriente.
Extendiendo el poder de la Iglesia de absolver todos los pecados también a aquellos que han roto el primer matrimonio y han entrado en una segunda unión, se abriría el camino – sostienen – a “una mayor valorización del sacramento de la reconciliación” y “a una vuelta a la fe de muchos que, hoy, se sienten excluidos de la comunión eclesial”.
Tal vez el Papa Francisco estaba pensando en esto cuando, en la entrevista en el avión de vuelta de Rio de Janeiro, el 28 de julio de 2013, abrió y cerró “un paréntesis” – palabras suyas – sobre los ortodoxos que “siguen la teología de la ‘economía’, como la llaman, y dan una segunda posibilidad de matrimonio”.
Añadiendo inmediatamente después:

“Creo que este problema [de la comunión a las personas en segundas nupcias] se debe estudiar en el marco de la pastoral matrimonial”.

El Grito por Justicia de los Pueblos Indígenas Luís Miguel Modino, misionero en Brasil


La civilización occidental siempre se ha considerado a sí misma superior al resto, llegando en diferentes momentos de la historia a imponerse a la fuerza sobre otras formas de ver y entender la vida. Hace más de 500 años, esa civilización se introdujo en América y poco a poco se fue imponiendo sobre las culturas originarias. Los años han ido pasando y, a decir verdad, las cosas no han cambiado mucho, siendo una constante en la mayoría de los países americanos la falta de respeto por los pueblos originarios y todo lo que está en torno de ellos.
Una de las mayores expresiones de la cultura occidental es el capitalismo, que lleva a una visión de la vida en función de los intereses individuales o de los grupos dominantes, excluyendo a aquellos que no tienen condiciones de entrar dentro de la dinámica del mercado. Al respecto, el Papa Francisco nos dice en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium: “Así como el mandamiento de ‘no matar’ pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la desigualdad. Esa economía mata”. Esta misma postura ya había sido manifestada en el mes de mayo, en uno de sus discursos a algunos de los embajadores ante la Santa Sede, cuando decía: “no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos”.
Coloco todo esto como motivación para intentar reflexionar sobre lo que está pasando con muchos pueblos indígenas en Brasil y en tantos lugares de América Latina y denunciar la constante persecución institucional que sufren. Son noticias que no aparecen en los medios de comunicación nacionales, controlados muchas veces por grandes grupos, al servicio de los intereses de los que dominan la sociedad, sea a nivel político o económico.
En estos días se está viviendo un nuevo episodio de esa irracionalidad institucional, manifestada en la invasión de la Policía Federal brasileña a la aldea Tupinambá de la Serra do Padeiro, en el municipio de Ilheus, estado de Bahia, relativamente cerca de aquí, llegando al extremo de llevarse con ellos a un niño de dos años que se separó de sus padres cuando huían de los disparos, con munición de gran calibre, de la Policía Federal.
Cuando el representante de la FUNAI (Fundación Nacional del Indio) pidió la vuelta del niño con la familia, el delegado de la Policía Federal se negó a entregarlo, diciendo que el niño había sido abandonado, lo que en palabras del cacique de la aldea es totalmente falso, pues su padre volvió a buscarlo inmediatamente después de dejar su mujer y sus otros dos hijos a salvo.
Si todo esto ha sido conocido, aunque por ahora sea a pequeña escala (mi intención es que pueda ser más difundido), es por el trabajo del CIMI, Consejo Indigenista Misionero, uno de los pocos órganos que defienden los derechos de estos pueblos, a quienes la sociedad ha querido excluir. Este organismo, vinculado a la Conferencia Nacional de los Obispo Brasileños, fue fundado en 1972 y tiene como objetivo apoyar las comunidades, pueblos y organizaciones indígenas, fortaleciendo el proceso de autonomía de esos pueblos en la construcción de un proyecto alternativo, pluriétnico, popular y democrático.
En el fondo de toda esta historia está la lucha del pequeño contra el grande, que en este caso se concretiza en los indígenas y los grandes terratenientes. En Brasil la presencia de los llamados “ruralistas” en el Congreso Nacional cada vez es mayor y son ellos los que presionan constantemente para cambiar las leyes que les permitan disponer a su antojo de la tierra, sin respetar los derechos de los pueblos indígenas, de la agricultura familiar y sobre todo del Medio Ambiente, gran perjudicado de esta avaricia sin medida ni sentido. Coloco aquí de nuevo el pensamiento del Papa francisco en la Evangelii Gaudium: “El sistema financiero actual, que favorece la distribución desigual de la riqueza y la violencia, debe cambiar”.
Frente a estos mercaderes de tierra, que la devastan para, una vez esquilmado todos los recursos, abandonarla, todavía resuenan los gritos que los pueblos indígenas hacían en el 13º Intereclesial de las CEBs, “la tierra para nosotros no es comercio, es nuestra madre”, nos decía el representante los pueblos kaiowa-guaraní, reclamando, como hacen los Tupinambá del sur de Bahia y tantos otros pueblos indígenas, la demarcación de sus tierras, mostrando que hay otra forma posible de vivir, que la Madre no se vende, se la cuida, que la naturaleza no es para ser explorada, es para ser admirada, creando así lo que estos pueblos llaman de “sociedad del bien vivir”.
¿Hasta cuándo vamos a continuar dejando que estas cosas sucedan? ¿Cómo podemos involucrarnos para que el sistema cambie, para que los derechos de los pobres, de los pequeños sean respetados?

FACUA considera un fraude la privatización de AENA y reclama su paralización



La asociación considera que su liberalización generará un brutal incremento de las tasas aeroportuarias, al igual que ha sucedido con sectores como la electricidad, el gas y las gasolinas.
FACUA considera que, de proseguir con el proceso privatizador, la calidad y seguridad del servicio público empeorará drásticamente y se incrementarán las reclamaciones de los usuarios de los aeropuertos. | Foto: Ministerio de Fomento (CC BY-NC-ND 2.0)

FACUA-Consumidores en Acción considera un fraude la privatización de AENA y reclama la paralización del proceso liberalizador.
La asociación considera que la privatización de AENA generará un brutal incremento de las tasas aeroportuarias en los próximos años, al igual que ha sucedido con la liberalización de sectores como la electricidad, el gas y las gasolinas.
FACUA advierte de que, de proseguir con el proceso privatizador, la calidad y seguridad del servicio público empeorará drásticamente y se incrementarán las reclamaciones de los usuarios de los aeropuertos.
Para FACUA, el marco regulatorio del sector aéreo que prepara el Gobierno no es más que un nuevo fraude para legitimar un proceso de privatización que en ningún caso mitigará las consecuencias del mismo, como sucede en los sectores regulados de manera meramente formal como son el energético y el de las telecomunicaciones.
Por ello, FACUA reclama al Ministerio de Fomento la paralización de la privatización de Aena al considerar esta decisión de una temeridad sin precedentes y de consecuencias incalculables, tanto para los usuarios y consumidores como para la actividad económica y turística del país.
Fomento oculta a los usuarios el impacto de la privatización
FACUA acusa a Fomento de ceder irresponsablemente la gestión del gestor aeroportuario a los intereses privados, especialmente en un momento en que la gestión pública de los aeropuertos es determinante para salir de la actual situación de crisis económica.
En ese sentido, resulta alarmante comprobar cómo el Gobierno oculta a los usuarios y los ciudadanos el impacto de esta operación en el coste, la calidad y seguridad del servicio, así como en la actividad económica.
FACUA insta a que se impulse un debate social, político e institucional sobre el modelo aeroportuario que necesitamos, en el que se ponga en valor el papel que desempeñan los aeropuertos públicos para el ejercicio del derecho a la movilidad y conectividad de los ciudadanos y en el desarrollo económico regional, el empleo, la actividad económica y el turismo.
Supresión de rutas no rentables económicamente
FACUA denuncia que la privatización hará peligrar las rutas que no sean rentables económicamente para los inversores, aunque si lo sean social y económicamente para el entorno y los ciudadanos a los que se debe garantizar la movilidad y conectividad.
Para la asociación, la gestión pública estatal y en red es la que permite mantener unos estándares mínimos de servicio y calidad homogéneos, el único modelo que garantiza la transparencia y la participación de los agentes afectados en la toma de decisiones.
FACUA considera que la no dependencia de las estrategias del mercado a la hora de prestar un servicio público es una garantía de accesibilidad, universalidad y la continuidad del servicio al margen de los ajustes coyunturales o estructurales el mercado.
Sin cargo a los Presupuestos Generales
La asociación recuerda que, a diferencia de los aeropuertos privados de Castellón, Murcia y Ciudad Real, que han demostrado su inviabilidad y que han supuesto un enorme agujero a las arcas púbicas, los aeropuertos de la red de AENA no se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sino por las tasas que abonan los usuarios de los aeropuertos.
FACUA advierte de que el funcionamiento en red permite equilibrar las cuentas de los aeropuertos deficitarios con los beneficios de los rentables económicamente, para garantizar así la prestación del servicio público de calidad, la movilidad y conectividad de los ciudadanos.
En contra, la privatización puede dar lugar a la creación de un déficit tarifario con el único objetivo de garantizar los beneficios de los inversores, que acabará perjudicando a los usuarios.