NCR Editorial Recibidos
¿”Vuelve Honduras al terror en la década de 1980″? Eso es lo que el Dr. Luther Castillo le dijo a NCR en una entrevista. La evidencia respalda su afirmación, y el terror de hoy, al igual que hace 30 años, tiene lazos con Estados Unidos.
Centroamérica fue un punto álgido en la Guerra Fría en los años setenta y ochenta. Honduras fue el escenario de la guerra encubierta respaldada por los Estados Unidos contra los izquierdistas de la región. Honduras era la base militar de facto de los EE. UU. Para los contras que luchaban contra los sandinistas en Nicaragua. Dentro de Honduras, las unidades militares entrenadas en los Estados Unidos, especialmente el notorio Batallón 316, llevaron a cabo una campaña de tortura, ejecuciones extrajudiciales y terror patrocinado por el Estado contra civiles hondureños.
Castillo se encuentra entre los activistas hondureños bajo amenaza de peligro personal porque piden nuevas elecciones, alegando que el actual presidente Juan Orlando Hernández y su Partido Nacional manipularon las elecciones del 26 de noviembre y luego impusieron la ley marcial para reprimir las protestas.
Durante todo el día de las elecciones y hasta el día siguiente a medida que se contaban las papeletas, el candidato de la oposición, Salvador Nasralla, tenía una ventaja dominante. Un magistrado del tribunal electoral dijo a Reuters el 27 de noviembre: “Los expertos técnicos aquí dicen que es irreversible”.
Pero luego comenzaron las travesuras. El tribunal electoral, controlado por el Partido Nacional de Hernández, permaneció misteriosamente en silencio durante 36 horas. Se informaba de propagación de “fallas informáticas”. Cuando se reanudó el recuento de votos, la ventaja de Nasralla se había evaporado. Hernández finalmente se adelantó y fue declarado ganador.
Llamando a una nueva y limpia elección, los hondureños protestaron en las calles, vigilados por filas de la armada, el ejército y la policía con escudos antidisturbios. El gobierno suspendió los derechos constitucionales por 10 días e impuso de 6 p.m. a las 6 a.m. toque de queda, arrestando a cualquiera, incluidos los periodistas, que lo violaron. Antes de Navidad, escuadrones de policías y soldados despejaron los bloqueos instalados por los manifestantes en la capital y el campo. Al menos 12 personas murieron y cientos más fueron detenidas en instalaciones militares, donde fueron “brutalmente golpeadas”, según expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Organización de los Estados Americanos también ha pedido nuevas elecciones. En un comunicado emitido el 17 de diciembre luego de recibir los resultados de una auditoría independiente de los resultados electorales, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, dijo que era imposible determinar un ganador, dado que hubo una intrusión humana deliberada en el sistema informático; huellas, la imposibilidad de saber cuántas veces se violó el sistema, casos de votación abiertos o sin escrutinio, extrema improbabilidad estadística con respecto a los niveles de participación “.
“La única forma posible para que el vencedor sea el pueblo de Honduras “, dijo,” es una nueva convocatoria de elecciones generales “.
A pesar de todo, la administración de (Donald) Trump reconoció a Hernández como el ganador el 22 de diciembre. Días antes, el Secretario de Estado Rex Tillerson había certificado que el gobierno hondureño ha estado combatiendo la corrupción y apoyando los derechos humanos, allanando el camino para que Honduras reciba millones de dólares adicionales. Dólares, incluidos alrededor de $ 17 millones para las fuerzas de seguridad hondureñas. La certificación ignora los casos de corrupción gubernamental y los asesinatos de ecologistas, líderes indígenas y periodistas, ampliamente documentados por dos importantes estudios el año pasado.
Un informe de Carnegie Endowment for International Peace de mayo describe a Honduras en el centro de las “redes cleptocráticas transnacionales” y caracteriza al ejército hondureño como “un instrumento para la consolidación del poder”, utilizado para patrullar comunidades indígenas, reprimir protestas, restringir el ejercicio de la libertad discurso, y “asumir una amplia variedad de funciones de seguridad doméstica y policía”.
La organización de vigilancia Global Witness, con sede en Londres, calificó a Honduras como el lugar más mortífero del planeta para ser un activista ambiental o de la tierra. El gobierno de Hernández nunca enjuició a los asesinos de la activista más prominente del país, Berta Cáceres, quien encabezó los esfuerzos para detener el saqueo de tierras indígenas por intereses hidroeléctricos, mineros y madereros.
Más de 120 activistas han sido asesinados desde 2009 cuando un golpe derrocó al presidente electo democráticamente Manuel Zelaya y marcó el comienzo de una sucesión de gobiernos corruptos de derecha que han supervisado, según Global Witness, “los niveles alarmantes de violencia e intimidación que sufren las comunidades rurales”. ”
En un sentido muy real, el gobierno de Obama -especialmente la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton- sentó las bases de la victoria de Hernández haciéndose la vista gorda ante el derrocamiento de Zelaya, quien pensaban que era demasiado cercano al presidente boliviano Evo Morales, el presidente venezolano Hugo Chávez y otros líderes latinoamericanos de izquierda. Al negarse a reconocer el derrocamiento de Zelaya como un golpe militar, Clinton mantuvo a Honduras en la ayuda militar y en el tren de entrenamiento.
Los observadores veteranos de América Central sabrán que desde la década de 1980, casi 5,000 oficiales de Honduras han sido entrenados en el Instituto de Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad del Ejército de los EE. UU. O WHINSEC, anteriormente conocido como la Escuela de las Américas. Los graduados de esta escuela ocupan puestos clave en el gobierno y las fuerzas de seguridad hondureñas y han estado implicados en numerosos golpes de estado, violaciones de los derechos humanos y la supresión de la democracia,
Hoy, el fanático del comunismo que atormentó a la región en la década de 1980 ya no existe, pero las instituciones y centros de poder establecidos en Honduras hace décadas siguen atrincherados, y ahora los activistas ambientales y los líderes de los derechos indígenas son blanco de amenazas contra el status quo político-económico.
“Sabemos que son los EE. UU. los que dirigen Honduras”, y es “corresponsable” de los abusos contra los derechos humanos y los disparos mortales después de las últimas elecciones presidenciales, dice Nasralla, quien bien podría ser el vencedor legítimo de las elecciones presidenciales.
Al legitimar una elección robada, ignorar la rara Organización de Estados Americanos (OEA) que convoca nuevas elecciones y negarse a condenar la represión postelectoral por parte del ejército (entrenado por EE. UU.), EE. UU. Está perpetrando violencia que en última instancia lastima su propio interés, pero, más importante aún, continúa la opresión de los hondureños.
Traducción Libre de RCC.
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