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Según una encuesta realizada por Gallup Internacional en 60 países “democráticos”, sólo uno de cada diez encuestados pensaba que “el Gobierno de su país obedecía a la voluntad del pueblo”, porque la única fuerza que gobierna el mundo es el poder económico y las empresas multinacionales, cuyo intereses no coinciden con el bien común que es a lo que aspira la democracia. Las grandes empresas y la Banca siempre ganan con la complicidad de los Gobiernos. Y cuando esto sucede, el pueblo siempre pierde. Por eso el 15-M acertó cuando cantaban en las calles “le llaman democracia y no lo es”.
Uno de los muchos indicadores del enorme dominio que las fuerzas conservadoras tienen sobre el Estado es precisamente el sesgo antidemocrático de las leyes electorales, que discriminan claramente a favor de unos territorios y de unas clases sociales a costa de otros territorios y otras clases sociales, discrimi-nando a las ciudades (a favor de las zonas rurales) y a la clase trabajadora (a favor de otras clases sociales).
Este sesgo antidemocrático no es casualidad, pues el objetivo de dicha ley electoral fue precisamente este: el de frenar al Partido Comunista (cuya base electoral era mayoritariamente de clase trabajadora), condi-ción que impuso la asamblea del Movimiento Nacional en las últimas etapas de la dictadura antes de disolverse. Tal condición era el establecimiento de una ley electoral que discriminara a las zonas urbanas a costa de favorecer a las zonas rurales, de claro cariz conservador.
Leopoldo Calvo Sotelo, expresidente del Gobierno Español, el mismo año de su fallecimiento, subrayó que el diseño de la ley electoral (que se inició en las últimas fases de la dictadura) tuvo como objetivo la intención de frenar la presencia del Partido Comu-nista en las instituciones que llamaron representati-vas, forzando un sistema que tuvo poco de represen-tativo.
Una consecuencia de ello es que en todas las elecciones generales durante el período democrático desde 1977 a 2008, la suma de votos a partidos de
izquierdas en España había dado una cifra superior a los partidos de derechas (excepto en 1977, las primeras elecciones democráticas, en 1979, y en 2000, debido a la enorme abstención). En otros estudios más recientes se confirman que la ventaja de los votos de izquierda sobre los votos de derecha fue de más de dos millones y medio en 1982, de casi dos millones y medio en 1986, de menos de dos millones en 1989 y en 1992, de más de un millón en 1996, de menos de dos millones en 2004, y de casi un millón y medio en 2008. A pesar de ello, las izquierdas han gobernado con mayoría parlamentaria solo durante el periodo de 1982 a 1993 y el periodo de 2004 a 2008. (aunque es impropio llamar al PSOE de izquierda por algunas medidas que han ido aprobando).
Si sólo tenemos democracias electorales y no democracias ciudadanas, seguiremos teniendo más desigualdades (ricos cada vez más ricos, empobre-cidos más empobrecidos); cada vez más crisis del Estado y de lo público; carencia de una sólida cultura democrática; un chorreo de casos de corrupción de políticos; dificultades en la relación entre los partidos y el resto de la sociedad civil; subordinación de la actividad política a los poderes fácticos (mediáticos, económicos, financieros); sumisión de los Gobiernos a las decisiones de organizaciones supranacionales y no democráticas, como el Banco Central Europeo, el G-20, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización Mundial del Comercio, etc.; incremento de los enfrentamientos entre la sociedad civil y los Gobiernos; discriminaciones o exclusiones hacia categoría sociales o de género (inmigrantes, homosexuales, sin papeles, mujeres, gitanos, musulmanes, etc.); dominación ideológica de grupos mediáticos que asumen el papel de oposición, y defienden sus intereses y no de la ciudadanía.
Hace unos días, uno de los diarios más conocidos hoy en el mundo, el New York Times publicó un artículo señalando la falta de libertad de prensa en España debido a la influencia que los poderes financieros (la banca) y el gobierno central tenían sobre los mayores rotativos españoles. El gobierno compra la compli-cidad de los medios (tanto públicos como privados) a base, en el caso de estos últimos, de subvenciones públicas.
La Caixa, Santander, BNP Paribas –sector bancario español-, HSBC y la firma Amber Capital concen-tran casi la mitad del capital de la editora de ‘El País’ y la Cadena SER.
