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jueves, 6 de diciembre de 2012

Una oligarquía sin entrañas encarece el recibo de la luz (1)

Estamos rodeados de una caterva de delincuentes aposentados en las más altas parcelas del poder que no dan descanso a sus almas con el fin de rapiñar el dinero de los españoles sin detenerse en la delicada situación que se encuentra el país. En las poltronas de las compañías eléctricas están aposentadas las familias provenientes de la transición franquista que igual que el sindicato del crimen se reparte el territorio para evitar confrontaciones y así poder, a sus anchas, extorsionar a los incautos que caen en sus fauces.
Las compañías eléctricas clonan la aplicación de los hampones de Chicago y contratan a los pistoleros más sanguinarios, aquellos que se prestan a proporcionar una respetable fachada a cambio de una morterada de dinero que resulta el chocolate del loro de cuanto acaban robando a una ciudadanía indefensa. El nuevo gobierno del Partido Popular, recién llegado al poder, se las tuvo que ver con el lobby eléctrico que por vicio y costumbre pretende trimestralmente elevar el precio de la tarifa. En enero, el ejecutivo de Mariano Rajoy pudo contener a esta jauría, pero llegados a día de hoy el ministro del ramo ya ha anunciado para el mes de abril un aumento del recibo de la luz de un 7%. En esta ocasión se ha rizado el rizo con la teatral actuación del Tribunal Supremo que obliga al gobierno a que se incremente el recibo de la luz. Los supremos no tienen vergüenza, creo que opinaras lo mismo una vez que tengas la paciencia de llegar al final de la narración. Lo menos importante, aunque también lo es, es el porcentaje de aumento.
Lo que realmente importa es la milonga que ha montado el sindicato del crimen y los conselleri en su papel de políticos que rigen los designios de la nación. Lo que ocurre en España no ocurre en ningún país del mundo. Eso al menos tendría que llamar la atención: la electricidad es la más cara de Europa, excepto Chipre y Malta que no son puntos de referencia, y además somos el único país del mundo que mantiene una astronómica deuda con las compañías eléctricas por diferencias con la tarifa, es decir que año tras año se acumula una deuda por déficit tarifario que según la definición de la Comisión Nacional de la Energía: “Es la diferencia entre el coste real de la electricidad y el precio que los usuarios están pagando por ella”. Ver post El recibo de la luz miente. Averigua como te engañan. No hace falta ser un experto o un lumbreras para deducir que si la tarifa española es la más cara de Europa y a la vez del mundo y lo que pagan los consumidores no llega a cubrir el coste en un desfase de miles de millones. Algo falla. No obstante, las compañías eléctricas tienen esplendorosos beneficios. El pasado año las tres grandes: 6.351 millones de euros. Endesa 2.221 millones, Gas Natural Fenosa 1.325 millones e Iberdrola 2.805 millones de euros, algo no cuadra. Esta claro que el coste tiene algo que ver.
¿Qué tiene nuestra producción eléctrica para que resulte tan cara al consumidor? Nada que pueda ser relevante. La potencia instalada en porcentajes es el siguiente: el 22% se obtiene de las energías renovables, eólica y solar, el viento y el sol hacen lo suo, el 17% de la hidráulica, amortizada y con el agua a gratis total, un 8% la proporciona las instalaciones nucleares super amortizadas, y un 9% lo aporta el carbón. Un 56% no tiene que ver con el petróleo ni con su precio, y así y todo es el mismo para todos los países de nuestro entorno. Estamos ante las reflexiones del Mourinho “¿Por qué, por qué?” aquí podemos decir que hemos llegado a la respuesta: el robo descarado del sindicato del crimen y la caterva que nos gobierna. Se junta el hambre y las ganas de comer y una cadena de atropellos que perjudica a la ciudadanía y compromete a la solvencia de la deuda española. Fue el PP de Aznar que instauro el truculento método de contentar a todos. Por una parte se apuntaba la medalla de contener los precios de la tarifa eléctrica, a principios de la década pasada, y creaba un monstruo como método para el cálculo de la tarifa. Se trata de la lindeza que el mismo que produce es el mismo que vende y el mismo que fija el precio. El sistema que regula las subidas del recibo de la electricidad en España incluye como pieza fundamental una amañada subasta de trileros llamada subasta CESUR (Compra de Energía para el Suministro de Último Recurso) un pomposo nombre que tiene más que ver con Juan Palomo yo me lo guiso yo me lo como.
En resumen no es sino una convención de empresas que juegan a subirse los precios durante las fechas y plazos prefijados para calcular el precio final. Es una pantomima consentida por el gobierno de turno. Ni tan siquiera es un truco, es un perverso mecanismo que se pone en las manos del sindicato del crimen con un historial plagado de expolio a las arcas públicas que a través de la narración acabaremos de desenterrar del olvido. Se trata de impunidad a toneladas y confraternización sectaria. Los mangantes del sindicato tratan de crear la confusión entre costes montados sobre una ficción de un imaginario precio de mercado, es decir, de la pantomima teatral de la subasta CESUR que disfraza los costes de los realmente incurridos. Los gobiernos de turno son incapaces de poner fin a un sistema de fijación de tarifas escandalosamente inclinado hacia los ingresos de las compañías eléctricas y fácilmente manipulable.
El mangoneo debe de dar para todos y nadie parece dispuesto a desmontar el sistema actual de cálculo de las tarifas y sustituirlo por otro que refleje mejor la evolución de los precios de las materias primas energéticas en los mercados internacionales. Un segundo error lo comete el gobierno del PSOE que ha permitido que la supuesta diferencia entre el coste y la tarifa se transforme en un problema de solvencia de la deuda española. Si nada se hace a finales de esta década los españolitos cargaran con una deuda de 60.000 millones de euros en parte ya titularizada, Es decir, el sindicato para consumar su expolio y que no tenga vuelta atrás ha puesto la deuda en el mercado financiero con el aval del Estado –de esto ya hablaré más adelante-. Los ministros de Industria, todos ellos, ha mostrado una incapacidad de respuesta ante la presión de las empresas, a través de sus lobbys, frenando su ímpetu en el encarecimiento del recibo eléctrico. Para tapar el engaño se fuerza la maquina informativa en señalar a los precios del petróleo como artífices de la inevitable subida de las tarifas eléctricas.
¿Tanto cuesta hacer una auditoria a las compañías eléctricas para poner patas arriba toda esta milonga? Se trata de un rollo detrás de otro, como la promesa del gobierno que la liberalización del mercado energético iba ha producir una feroz competencia y las compañías se iban a sacar los ojos en busca de un mejor precio. Las promesas de liberalización han resonado durante lustros sin que se haya podido conseguir algo tan simple como la separación de la propiedad entre generación y comercialización.
Bien, ya tenemos esbozada una introducción y sería el momento de una escueta reflexión: el sindicato del crimen manifiesta que ese despelote tarifario asciende a día de hoy a 24.000 millones de euros acumulados en poco más que una década. No obstante ahora el desfase anual se estima en 5.000 millones de euros que a este ritmo nos arruina como país. Veamos pues quienes están enchufados a esa fachada decorativa en la que todos se convierten, por activa o por pasiva, en el sindicato del crimen donde el poder económico y el político viajan en la misma limusina. Aquí la camarilla:
ENDESA: El fabuloso José María Aznar, ex Presidente del Gobierno y ahora Asesor Externo. El “padre de la patria” Miquel Roca, ex Diputado de CiU y ahora Consejero Externo Independiente. La miltrajes Elena Salgado vicepresidente y ministra de Economía. David Medi un “fontanero” y ex jefe de campaña electoral de CiU y hombre de confianza de Artur Mas presidente de la Generalitat de Cataluña, ahora presidente del Consejo Asesor de Endesa en Cataluña. El Partido Popular, el Partido Obrero Español y los nacionalistas de Convergencia están representados en la “familia” Corleone. También Luis de Guindos, ex Secretario de Estado de Economía fue Consejero Externo Independiente. Pío Cabanillas, ex Ministro Portavoz, y Rodolfo Martín Villa fue presidente de la eléctrica después de desempeñar la cartera de Interior con UCD
ENEL: La empresa pública italiana que controla Endesa da refugio al siempre presente Pedro Solbes, ex Ministro de Economía como Consejero No Ejecutivo.
GAS NATURAL-FENOSA: No podía faltar el antes chaquetadepana Felipe González, ex Presidente del Gobierno.
Compañía Logística Hidrocarburos CLH: Compañía española dedicada al almacenamiento transporte y distribución de combustible hidrocarburos y productos petrolíferos que es lo más cercano a la Cueva de Ali Baba. Miguel Boyer, ex Ministro de Economía y Hacienda fue su presidente.
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA: José Folgado, ex Secretario de Estado de Energía con Rodrigo Rato en el gobierno del PP, disfruta del cargo de presidente. Como su antecesor Luis Atienza nombrado por el gobierno de Zapatero. Miguel Boyer también anduvo por estos parajes. El abortado intento de nombrar Consejero de la entidad a Ignacio López del Hierro, esposo de la secretaria General del PP Maria Dolores de Cospedal.
ABENGOA: Ricardo Martínez, ex Secretario de Estado de Presupuestos. Alberto Aza, ex Jefe de la Casa del Rey. José Borrell, ex Presidente del Parlamento Europeo entre otros cargos ahora Consejero Independiente.
ACCIONA: Pío Cabanillas, ex Ministro Portavoz, ahora Director General de Comunicación e Imagen Corporativa. Javier Solana, ex Alto Representante de la Política Exterior de la UE. Carmen Becerril, ex Secretaria de Estado de la Energía.
IBERDROLA: Manuel Marín, ex Presidente del Congreso de los Diputados.
PETRONOR: Josu Jon Imaz (ex presidente del PNV) ocupa un cargo de dirección en la empresa.
40 años de oscuridad en la luz
La situación política en nuestro país es cada día más preocupante. Los diferentes Gobiernos con el apoyo, silencio y complicidad de sectores influyentes del supra poder económico vienen a configurar un clan mafioso que impone sus condiciones sin paliativos y domesticadamente se cuidan de difundir potentes conglomerados mediáticos que bajo el disfraz de servir a la opinión pública esconden intereses inconfesables. Bajo estas circunstancias se esta desarrollando un modelo de Estado que, por un lado parece viciado por la corrupción y la falta de transparencia y, por otro, genera tensiones, margina a una parte de la sociedad, y sutilmente se va debilitando. Aunque nos demos cuenta y nos percatemos cada día, el clan nos aplica una dosis más de su letal veneno convencidos de su impunidad y de la fragilidad de los ejes principales del gran pacto que supuso la aprobación de la Constitución. Frente a esa dañina agresión, sutilmente aplicada, la ciudadanía contempla atónita una evolución imparable. Los impulsores del clan tienen a su favor la maquinaria mediática que narcotiza a la sociedad civil con un lavado de cerebro a gran escala. Es evidente que se calla y otorga no sea que se enfaden los que detentan el poder y coarten una publicidad que necesitan imperiosamente para subsistir.
Ahora en un nuevo estadio, donde los vientos traídos por la dichosa globalización descargan su lluvia radioactiva a través de los mercados al imponer el beneficio a toda costa, la máxima la rentabilidad y el pelotazo como premisas con que la clase política esta construyendo un Estado donde imperan, exclusivamente, las doctrinas económicas. Los síntomas de la enfermedad afloran: privatizaciones de empresas públicas que enriquecen a unos pocos, descapitalizan el Estado y transfieren el poder a una oligarquía sin entrañas. Mientras se reparten cuantiosos beneficios, producto de la aplicación de unas tarifas cautivas permitidas por el gobierno de turno. El exterminio de los puestos de trabajo continúa como si nada pasara. Nos tenemos que tragar que las grandes empresas puedan quedar exentas de su tributación a las arcas del Estado. Los paraísos fiscales ya no están el Caribe, Hacienda descarga su ira en los contribuyente menos pudientes para compensar lo dejado de cobrar a los que mas tienen. La degeneración del Estado esta servida. Veamos ahora el intríngulis del recibo de la luz que viene de atrás.
No hace falta ser ministro, senador o diputado para entender que si se pretende liberalizar un sector del mercado, es para conseguir el objetivo de introducir la competencia para así abaratar las tarifas que se repercuten a los ciudadanos. Pues no, la clase política, legislatura tras legislatura con el cerebro enchufado a la patronal del sector, ya no distingue la realidad, producto de los electrochocs recibidos. Resulta que la liberación del mercado eléctrico, como ya ha ocurrido con el de los carburantes produce el efecto contrario. Pero el caso del sector eléctrico es el mas aberrante de todos, los trapicheos legislativos para tener contentos a los miembros de la “familias” que controlan los resortes económicos del país, singularizados en las eléctricas y la banca, ha sido propio de una republica bananera si se repasan las paginas del BOE.
La quiebra técnica de las principales empresas eléctricas del país producida por el tremendo error empresarial de invertir miles de millones de pesetas en el proyecto de nuclearizar España, han sido reconducidas al equilibrio patrimonial por la va fácil de incrementar la tarifa eléctrica. Se ha llegado a inflar el globo de las tarifas, al repercutir una y otra vez costes por distintos e imaginarios conceptos con variopintos nombres, acompañados de leyes que los legitimaban como saneamiento, moratoria, parón nuclear, protocolo, hasta llegar a la ley 50/1998 que modifica la disposición transitoria sexta de una ley ya aprobada el año anterior, la Ley del Sector Eléctrico 54/ 1997 que lo único que hace es incrementar la tarifa eléctrica en un 4,5%, cuando ya es la electricidad más cara del mundo, superando la media de coste de los países mas desarrollados en un 40%.
Como el camarote de los hermanos Marx en el que donde cabe uno caben cuarenta, a la tarifa eléctrica española le han aporreado los más variopintos conceptos hasta hacer reventar las bisagras. Pero no contentos con lo que el camarote da de si, hicieron aparecer en escena los “costes de transición a la competencia” que la prensa tradicional, muy comprensiva con el asunto y para encriptar su contenido, se le adjudicó la abreviatura de CTCs. Estos CTCs provienen de un protocolo suscrito entre el Ministerio de Industria y Energía y las “principales empresas eléctricas” suscrito el 11 de diciembre de1996. A diferencia de los comprensivos medios de comunicación lo encriptanron CTC, y los protocolizadores, que son los que entienden de verdad, los califican coloquialmente como “costes hundidos”.
Veamos lo que dieron de si los “costes hundidos”, que se incrustaron dentro del “Marco Legal y Estable” establecido por el Real Decreto de 1987, conocido como el de la moratoria, utilizando la conocida “técnica de Romanones” en la que el Parlamento hace la ley a la medida y los “protocolizadores” el reglamento. Así, sin que tan siquiera exista debate parlamentario, las eléctricas recibieron, con cargo a las tarifas, y en expresión literal de la disposición transitoria sexta, que “serán repercutidos como costes permanentes del sistema a todos los consumidores de energía eléctrica”, un importe de hasta 1.988.561 millones de pesetas, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Llama la atención, ya no solo la cuantía astronómica de casi 2 billones de pesetas (12.000 millones de euros), sino también la expresión, que es literal de “costes permanentes del sistema” como si se quisieran perpetuar en una próxima tacada, como efectivamente se ha producido con el déficit tarifario. No hay quien les pare los pies y la insatisfacción de los eléctricos es perpetua, dado el éxito que tienen sus peticiones, que no son nunca cuestionadas por la clase política respondiendo que si a todo, se practica una nueva vuelta de turca a la vista de que el camarote no revienta.
Mediante una enmienda senatorial de última hora, se dio una nueva redacción, en su artículo107, a la disposición transitoria sexta de la LSE, por el que se estableció la afección del 4,5% de la facturación eléctrica para compensar los CTCs. También fue modificada la cuantía, que se estableció en 1,3 billones de pesetas, con la condición de que se cobrara al contado, con la facultad de titularizarla. Los eléctricos, mandamases donde los haya, ya sabían bien lo que se hacían al presionar para un pago al contado, bajo el precepto de mas vale pájaro en mano que ciento volando. Sabían a la perfección que todo era una invención para sacar de las arcas públicas unos imaginados “costes permanentes del sistema”. Tan sacados de la manga que la Comisión Europea no tragó con el encantamiento de los “costes de transición a la competencia” y los calificó de ayudas de Estado. El problemon viene cuando los CTCs no figuran en los presupuestos generales del Estado y si en las tarifas, por lo que afecta a su constitucionalidad. Pero esto será para un próximo post, de momento quédate con la copla que el recibo de la luz contiene tantos conceptos que revientan las bisagras del camarote de los hermanos Marx.
Próximos post en la categoría El mentiroso recibo de la luz
¡Lo han conseguido! La electricidad española es la más cara del mundo (2)
Atraco al recibo de la luz (3)
¡Alerta! A un suspiro de Chernóbil y Fukushima (y 4)

Duro editorial del National Catholic Reporter a favor del sacerdocio femenino: La exclusión de mujeres al sacerdocio es una injusticia que la Iglesia católica no se puede permitir Jesús Bastante

Invita a a los católicos a pedir, en todos los foros disponibles, que se corrija “esta enseñanza injusta”
“La exclusión de mujeres de la ordenación al sacerdocio es una injusticia que la Iglesia católica no se puede permitir soportar”. El National Catholic Reporter, uno de los semanarios católicos más relevantes del planeta, aboga en su último editorial por el sacerdocio femenino, en la línea que el sacerdote recientemente sancionado, Roy Bourgeois.
En el escrito, publicado en su web, apunta que “las mujeres católicas que han sentido una llamada al sacerdocio deberían ser ordenadas en la Iglesia Católica Romana” y se posiciona claramente: “NCR une su voz con Roy Bourgeois y pide a la Iglesia católica corregir esta enseñanza injusta”.
El editorial sigue el recorrido histórico de la prohibición de la ordenación de mujeres sacerdotes, en un momento en que esta polémica ha cobrado vigencia a partir de la votación en el seno de la Iglesia de Inglaterra, recordando que, en 1976, la Comisión Bíblica Pontificia declarase que el Nuevo Testamento no podía instalar un camino calro y definitivo sobre el acceso de las mujeres al presbiterio. Los votos de la misma, recuerda en NCR, apunta que por 12 votos a 5 se planteó que las Escrituras “no excluyen” la ordenación de mujeres, afirmándose que dicha ordenación no tendría por qué ir en contra de las intenciones originales de Cristo.
Sin embargo, el pontificado de Juan Pablo II pareció cerrar definitivamente la puerta a la ordenación, especialmente en “Ordinatio Sacerdotalis”, apelando a la Tradición de la institución.
“Debemos hablar en cada foro disponible: en reuniones de consejo de parroquia, compartiendo fe grupos, diocesan convocaciones y seminarios académicos. Deberíamos escribir cartas a nuestros obispos, a los redactores de nuestros papeles locales y canales de noticias de televisión”, concluye el texto.

La Iglesia gana la batalla contra Educación para la Ciudadanía Anna Flotats

Sindicatos, padres y alumnos denuncian que el ministerio elimine definitivamente esta asignatura y elabore una materia alternativa a la clase de Religión
La reforma educativa que prepara el Gobierno tumba definitivamente la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). En el borrador que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, presentó el pasado martes a las comunidades autónomas, ni siquiera hay rastro de la llamada Educación Cívica y Constitucional, la materia que se mantenía en la ESO y que no tenía “contenidos polémicos”, como dijo el ministerio que sí contenía EpC.
La asignatura que ocupará el lugar de esta materia se llama Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria. Será la alternativa para los alumnos que no cursen Religión. “Ambas tendrán una carga horaria equivalente a la carga horaria media del resto de asignaturas ofrecidas en el bloque de asignaturas específicas”, reza el borrador de la futura ley.
Sindicatos, estudiantes y padres han criticado duramente la eliminación de EpC por considerar que el ministerio ha cedido a las presiones de la Iglesia y porque significa una vuelta al pasado. “La Lomce recoge la reivindicación de la Conferencia Episcopal de impartir la educación en valores a través de dos asignaturas, la religión confesional y su alternativa”, denuncia UGT, que demanda que la educación en valores sea “una materia obligatoria” de tal forma que el alumno, si quiere, pueda complementarla con la enseñanza religiosa.
“El Gobierno cede a presiones y recoge propuestas partidistas”, denuncia CCOO
El sindicato STES coincide con UGT y lamenta que la Iglesia haya conseguido “volver a introducir en el currículo la materia de religión con una alternativa dura y evaluable que empujará al alumnado a cursar religión, pues sabe que tiene garantizadas notas de lujo”, asegura el portavoz de la organización, Augusto Serrano. CCOO también denuncia que el “ministerio cede a las presiones y recoge las propuestas partidistas de determinados sectores”, hecho que confirma “el profundo trasfondo ideológico de la reforma”.
El sindicato de Estudiantes considera que detrás de la eliminación de Educación para la Ciudadanía está “la nostalgia de volver a utilizar la escuela como un púlpito a través del cual adoctrinar a la juventud”. Igual que la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), que tacha estos cambios en el currículo de “clasistas” y “conservadores”. A su juicio, el Gobierno pretende “desviar un mayor número de alumnos” a la asignatura de Religión, aunque el presidente del colectivo, Jesús María Sánchez, considera que la medida “no será efectiva” porque la escuela “no es el sitio ni el lugar para impartir esta materia”.
Los únicos que han celebrado la eliminación de EpC son Profesionales por la Ética y HazteOir, para los que supone “una buena noticia para la libertad de educación” y la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia (Concapa), que considera que la materia ahora eliminada “restaba tiempo y esfuerzo a las materias troncales”.
Amnistía: “Es un retroceso inaceptable”
EFE
Amnistía Internacional (AI) considera que la eliminación de Educación para la Ciudadanía prevista en la propuesta de reforma educativa del Gobierno supone un “retroceso inaceptable” de formación en derechos humanos. Esto “hace volver a la situación de anteriores sistemas educativos, en los que los derechos humanos no existían en el currículo”, señala la organización en una nota de prensa.
La propuesta “puede suponer” que millones de estudiantes de primaria y secundaria no estudien durante la enseñanza obligatoria sobre la igualdad entre hombres y mujeres, violencia de género, racismo, homofobia, pobreza y derechos humanos, según AI.
“Si los contenidos de derechos humanos desaparecen, el Gobierno estaría menospreciando sus propios compromisos”, asegura, sobre prevención y rechazo de la homofobia o las previsiones de la ley contra la violencia machista, que establece que se deben promocionar los derechos humanos de las mujeres en primaria y secundaria.
La nota añade que “si el proyecto final no incluye claros contenidos en materia de derechos humanos tanto en primaria como en secundaria, estaríamos situándonos a años luz de Europa”. También sería un “claro incumplimiento” de los acuerdos y recomendaciones europeas e internacionales suscritos por España, especialmente del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos y de las recomendaciones del Consejo de Europa sobre esta cuestión, concluye.

Que Palestina sea estado observador en la ONU no es suficiente, afirma la Santa Sede

Enviado a la página web de Redes Cristianas
Declaración tras la histórica votación en Naciones Unidas exigiendo el estatuto para Jerusalén
CIUDAD DEL VATICANO, viernes 30 noviembre 2012 (ZENIT.org).- Ayer la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por amplia mayoría la Resolución por la que Palestina se convierte en estado observador de la entidad supranacional. Ante esta decisión, la Santa Sede emitió ayer una declaración fijando su posición en el trascendental asunto.
“La Santa Sede –dice la declaración- ha seguido directamente y con participación los pasos que han conducido a esta importante decisión, esforzándose por permanecer más allá de las partes y actuar con la propia naturaleza religiosa y la misión universal que la caracteriza, así como en consideración a su atención específica a la dimensión ética de los problemas internacionales”.
En segundo lugar, hace constar la declaración, la Santa Sede considera que la votación que tuvo lugar ayer “debe enmarcarse en los intentos de dar una solución definitiva, con el apoyo de la comunidad internacional, a la cuestión ya afrontada con la Resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, de la Asamblea General de Naciones Unidas. Tal documento puso la base jurídica para la existencia de dos Estados, uno de los cuales no fue constituído en los sesenta y cinco años siguientes, mientras que el otro ya vió la luz”.
En tercer lugar, recuerda la declaración vaticana, “el 15 de mayo de 2009, partiendo del aeropuerto internacional de Tel Aviv, al término de su peregrinación a Tierra Santa, el sumo pontífice Benedicto XVI se expresó como sigue:“¡No más derramamiento de sangre! ¡No más desencuentros! ¡No más terrorismo! ¡No más guerra! Rompamos en cambio el círculo vicioso de la violencia. Que se pueda instaurar una paz duradera basada en la justicia, donde haya verdadera reconciliación y resanamiento. Que se reconozca universalmente que el Estado de Israel tiene el derecho de existir y gozar de paz y seguridad dentro de fronteras internacionalmente reconocidas. Que sea igualmente reconocido que el Pueblo palestino tiene derecho a una patria independiente soberana, a vivir con dignidad y a viajar libremente. Que la “two-state solution” (la solución de los dos Estados) sea una realidad y no siga siendo un sueño”.
Sobre la traza de tal llamamiento, el secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, monseñor Dominique Mamberti, interviniendo ante la Asamblea General de 2011, auspició que los órganos competentes de Naciones Unidas adoptaran una decisión “que ayuda a dar concreta puesta en acto de dicho objetivo”, informa la declaración de la Santa Sede en cuarto lugar.
En quinto lugar, afirma que “la votación actual manifiesta el sentir de la mayoría de la comunidad internacional y reconoce una presencia más significativa a los palestinos en el seno de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, es convicción de la Santa Sede que tal resultado no es, de por sí, una solución suficiente a los problemas existentes en la región: a ellos se podrá responder adecuadamente solo empeñándose efectivamente en construir la paz y la estabilidad en la justicia y en el respeto a las legítimas aspiraciones tanto de los israelíes como de los palestinos”.
Por tanto, la Santa Sede, informa en sexto lugar que “invitó varias veces a los responsables de los dos pueblos a reanudar las negociaciones en buena fe y a evitar realizar acciones o poner condiciones que contradijeran las declaraciones de buena voluntad y la sincera búsqueda de soluciones que lleguen a ser cimiento seguro de una paz duradera”. Además, la Santa Sede ha dirigido un urgente llamamiento a la comunidad internacional para que acreciente “el proprio empeño en incentivar la propia creatividad, para adoptar adecuadas iniciativas que ayuden a alcanzar una paz duradera, en el respeto de los derechos de los israelíes y de los palestinos”. Y exclama: “¡La paz necesita decisiones valientes!”.
Considerado el resultado de la votación de ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas, y para animar a la comunidad internacional, y en especial a las partes más directamente interesadas, “a una acción incisiva con vistas a los susodichos objetivos”, la Santa Sede acoje “con favor la decisión de la Asamblea General, con la cual Palestina se ha convertido en Estado Observador no miembro de Naciones Unidas”.
La ocasión, concluye la declaración, “es propicia para recordar también la posición común que la Santa Sede y la OLP expresaron en su Basic Agreement de 15 de febrero de 2000, encaminada a apoyar el reconocimiento de un estatuto especial e internacionalmente garantizado para la ciudad de Jerusalén, con el fin de preservar la libertad de religión y de conciencia, la identidad y el carácter de Jerusalén como Ciudad Santa, y el respeto a los Santos Lugares situados en ella”.

Mayoría absoluta, ¿poder absoluto? José M. Castillo, teólogo

La decisión sobre la pensiones de los jubilados, que acaba de tomar el gobierno de Rajoy, nos empuja a tener que afrontar una pregunta, que – sinceramente lo digo – me da miedo pensarla.
Se trata de algo, que mucha gente sospecha, pero que quizás no se atreve a decir. Y es esto: estamos sometidos a una “mayoría absoluta”. ¿No lleva eso consigo que nos están conduciendo (sin que muchos se den cuenta) hacia formas de gobierno y de sumisión que se parecen, en muchas cosas, a un “poder absoluto”?
Tal como funciona la vigente democracia, el que en ella tiene la mayoría absoluta, por eso mismo sabe con seguridad que sus decisiones van a salir siempre adelante en el congreso. Porque no tiene oposición que se le pueda resistir. Piense lo que piense la oposición, el que tiene la mayoría absoluta, siempre gana.
Entonces, ¿para qué llevar sus reformas, sus leyes, los privilegios que les concede a unos y los recortes que les impone a otros, a que todo eso se discuta en un congreso que nunca podrá decidir lo contrario de lo que el gobernante de la mayoría absoluta sabe que siempre va a ganar? Si el paso por el congreso es un mero trámite sin consecuencias, se suprime ese trámite. Y se hace lo que estamos viendo: cada viernes, el consejo de ministros impone sus decisiones por “decreto-ley”, que inmediatamente pasa el BOE. Y asunto resuelto.
Como es lógico, en estas condiciones, el gobernante tiene las manos libres y la boca suelta para mentir y desmentir, cortar y recortar, disimular y engañar, asegurar cosas que luego no hace. Y “donde digo digo no digo digo, sino que digo Diego”. ¿Que eso desgasta al gobernante? No. Ahí tenemos el caso reciente de Galicia, donde el partido de la mayoría absoluta acaba de arrasar. Y, si me aprietan, ahí está también Cataluña, donde el PP ha subido de forma notable. Y seguirán los recortes, y los engaños, y las verdades a medias.
Cada día nos contralarán más y más los medios de comunicación, la policía será más “eficaz” para meter en cintura a los “anti-sistema”, los ministros nos seguirán asombrando con sus inesperadas decisiones, los banqueros ganarán más cada año, nuestro futbol continuará siendo el mejor del mundo. Habrá manifestaciones y protestas. Pero los que mandan saben que eso no les hace pupa. Y se nos dirá siempre que se hace lo que se tiene que hacer “por el bien de España”, etc, etc.
¿Dónde está el fondo del asunto? Seamos realistas. La derecha da la impresión, a mucha gente, de que garantiza mejor la propiedad privada que cualquier otro partido. Esto es muy antiguo. “Ya los romanos no prestaron mucha atención a la Teoría del Derecho. Lo que les interesaba eran las reglas que gobernaban la propiedad individual” (P. C. Stein). Las XII Tablas disponían tranquilamente que cuando el propietario de una casa capturase a un ladrón en el mismo acto del robo…., si el ladrón se resistía al arresto podía matarlo sin mayor consecuencia. Es decir, la propiedad privada por encima de la vida. Es le mentalidad que ha impregnado la cultura de Occidente, durante miles de años, hasta el día de hoy.
Y así, le hemos dado la vuelta al concepto mismo de “justicia”. En las culturas del Oriente antiguo, hacer justicia era defender al que por sí mismo no podía defenderse (el huérfano, la viuda, el débil…). En la cultura de Occidente, hacer justicia es “dar a cada uno lo suyo”, o sea defender la propiedad privada. El programa de los que tienen poder para legislar eso. Y para ponerlo en práctica. Por eso, lo más grave, que estamos viviendo en este momento, no es que nos están recortando nuestros dineros.
Lo peor de todo es que cada día tenemos menos derechos. Ya somos una sociedad desigual. Y mucho me temo que esto, por ahora, no tiene vuelta atrás. La pregunta, entonces, es: ¿hay que obedecer a unos gobernantes que nos gobiernan así? (Hans Kelsen). ¿La cuestión del momento no sería el problema de la “desobediencia civil”?