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sábado, 16 de julio de 2016

Una empresa del grupo ACS, acusada de ser “cómplice de un desastre medioambiental” en Guatemala Maribel Hernández


La empresa española Cobra construye un polémico complejo  en la región más pobre de Guatemala cuyo impacto vulnerahidroeléctrico los derechos de 29.000 indígenas quekchí, según una denuncia de Alianza por la Solidaridad
Cobra elude cualquier responsabilidad al considerarse únicamente como empresa contratada por otra compañía guatemalteca



En algunas zonas de los 30 kilómetros del río afectados por el proyecto, el cauce prácticamente no lleva agua/Rosa Martín Tristán,Alianza por la Solidaridad
En Alta Verapaz, el departamento más pobre de Guatemala, un complejo hidroeléctrico que construye la española Cobra, filial del Grupo ACS, que preside Florentino Pérez, mantiene “secuestrados” alrededor de 30 kilómetros del río Cahabón, un elemento esencial en la vida y cultura de las comunidades maya quekchí que viven en la región. Así lo vienen denunciando desde hace tiempo habitantes de la zona y organizaciones ambientales del país.

Ahora, una  investigación de Alianza por la Solidaridad evidencia los impactos ambientales y sobre los derechos humanos de Renace, un proyecto que levantará la hidroeléctrica más grande del país y que consta de cinco fases, de las cuales ya han finalizado tres. Les prometieron el desarrollo pero la mayor parte de esas comunidades indígenas sigue viviendo sin energía eléctrica ni agua potable. Alianza calcula que hay unas 29.000 personas afectadas de forma directa. Quienes denuncian, son criminalizados.
 “Llegaron sin más, se instalaron sin ningún conocimiento de las comunidades afectadas. Nosotros vivimos frente a la primera hidroeléctrica [Renace I], el río ya no está”. Ervin Cac Chun es un joven estudiante de 28 años que vive en la aldea de Changkay, en el municipio de San Pedro de Carchá, en Alta Verapaz, donde se desarrolla desde finales de los noventa el mayor proyecto hidroeléctrico del país, Renace, sobre el río Cahabón, cuya ejecución está ahora en manos de la empresa española Cobra, del grupo ACS.

“Antes yo llegaba al río con mi mamá, ella lavaba ropa, íbamos a pescar, a nadar en verano. Había mucha gente pero ahora ya no se ve nada. Nadie visita la cuenca, hay poca agua. Ya no hay vida”, cuenta Ervin por teléfono a eldiario.es.
 Alianza por la Solidaridad ha publicado recientemente el informe “Caso Renace-Cobra (ACS): La hidroeléctrica que destruye derechos en Guatemala”, una extensa investigación sobre los impactos e irregularidades de este megaproyecto, propiedad de la empresa guatemalteca Corporación Multi-Inversiones (CMI) quien, a su vez, y bajo un acuerdo de estricta confidencialidad, contrató a la española Cobra para su ejecución a partir de la segunda fase, Renace II.
“Antes de las leyes que permitieron el cambio de modelo económico en nuestro país, esta empresa ya tenía puestos los ojos en el río”, explica Julio González, de Madre Selva, una organización de defensa del medio ambiente que proporciona acompañamiento y asesoramiento técnico y legal a las comunidades afectadas por estos megaproyectos.
Detrás de CMI está la familia Gutiérrez Bosch, una de las más poderosas e influyentes del país, con intereses en múltiples sectores, particularmente en la industria avícola. Monopolizan la producción de pollo y derivados, son los propietarios de la cadena de restaurantes Campero, en expansión por todo el mundo, y de Telepizza para Centroamérica, entre otros. En el caso de Renace, poseen una concesión para explotar el río Cahabón durante 50 años.


La mayor parte de las comunidades no dispone de suministro de agua, la recogen en tanques o depósitos/Rosa Martín Tristán,Alianza por la Solidaridad
“El negocio de la electricidad es uno de los más lucrativos porque la generación de energía no paga impuestos, no lo hacen para dar luz al país, no hay tales beneficios ni modelo de desarrollo. En los últimos 12 años lo que ha aumentado es la pobreza”, denuncia González.
En San Pedro de Carchá, donde se ubica Renace, el índice de pobreza es de un 88% y el de pobreza extrema, del 53,6%. En Guatemala, el crecimiento del PIB (un 4% en 2015 respecto al año anterior) viene acompañado de un aumento de la desigualdad: el 10% más rico acumula casi la mitad del total de ingresos, según un  informe del Procurador de Derechos Humanos.

“Ellos dicen que traen el desarrollo, pero el desarrollo es solo para dos o tres personas porque donde nosotros estamos no hay energía eléctrica. De las 50 comunidades afectadas por Renace solo dos tenemos agua potable, y la ha gestionado nuestra comunidad, no tenemos instalaciones educativas, no vemos el desarrollo, por eso defendemos nuestro territorio”, subraya Ervin. Según datos del Banco Mundial, el 21,5% de la población guatemalteca no tiene acceso a la luz eléctrica, unos dos millones de personas, en particular, en las áreas rurales.

Impacto ambiental sin consulta previa
El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Guatemala, obliga a la consulta previa e informada de las comunidades. Sin embargo, el procedimiento para realizar estas consultas no ha sido reglamentado en el país. Esto da pie a procesos muy cuestionables que, como en el caso de Renace, no pueden ser considerados acordes a la norma internacional. Para obtener las licencias, las empresas están obligadas a presentar estudios de impacto ambiental, que incluyen consultas a la población y que raras veces suelen ser rechazados.

Según la investigación de Alianza por la Solidaridad, no hay constancia de estudios de impacto ambiental para la primera fase del proyecto, Renace I. Para Renace II y III se contrató a una consultora que elaboró una encuesta. Solo se preguntó a 57 personas, mayoritariamente hombres. “Tratan de orientar e influir en la gente con preguntas sesgadas como: ¿usted quisiera tener televisión en su casa, un equipo de sonido? Entonces, ¿le interesa que haya luz eléctrica? ¿Usted no se opondría a un proyecto hidroeléctrico? ¿Y estaría dispuesto a trabajar para ese proyecto? Cinco preguntas a las que la gente, en un mar de necesidades, responde que sí. Eso no es una consulta”, precisa Julio González. “Es como si estas comunidades no existieran, no son tomadas en cuenta, se vulnera su derecho a la información”.
Una de las características de Renace es que las sucesivas licencias para las cinco fases del proyecto se han ido concediendo en virtud de estudios de impacto ambiental concretos de cada una de ellas, en los que no se tiene en cuenta el conjunto de la obra. Estos estudios no están disponibles ni pueden consultarse en la web de la empresa, donde apenas hay información.
“Presentan estudios por partes en los que no se ve la integralidad y acumulación del daño, no se menciona que el río está secuestrado durante 30 kilómetros, los efectos que eso va a tener sobre el medio ambiente y la biodiversidad. La zona está prácticamente condenada a la extinción”, vaticina el responsable de Madre Selva. Por este motivo, entre las peticiones de las organizaciones está la realización de un estudio de impacto ambiental global del proyecto, más acorde a la realidad.

La empresa promociona las carreteras, necesarias para su desarrollo, como beneficios sociales/Rosa Martín Tristán,Alianza por la Solidaridad
Los efectos ya son notorios. Las comunidades aseguran que hay zonas en las que el río prácticamente desaparece. “La falta de agua es un problema. La disminución del caudal del río va a traer problemas de salud, el agua queda encharcada y es fuente potencial para vectores de malaria, dengue o zika, virus que están ahora en auge en Centroamérica. El cambio climático ha aumentado el calor y ahora los mosquitos están llegando a regiones más altas”, apunta González.

La escasez de agua afecta a las comunidades que se ven obligadas a ingeniárselas. “El agua ya no tiene corriente, da pena tomarla, es como un charco. Solo en tiempo de lluvia tiene un poco pero en época de verano, cuando más se necesita, no hay. En las comunidades donde no hay agua potable unos han hecho tanques, han comprado aljibes para recolectar, y cuando se termina tienen que viajar, van a otros ríos o a otros municipios”, explica Ervin.

¿Beneficios a las comunidades?
En su web, CMI hace gala de su “modelo de sostenibilidad” basado, entre otros, en el “relacionamiento comunitario” y el “desarrollo sostenible”. Algunos de sus programas sociales se articulan a través de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, el brazo social de CMI, como “Mejores Familias” o “Mi salud, mi responsabilidad”. Básicamente, consisten en acciones puntuales y limitadas, como planes de trabajo temporal o cursos de formación, entrega de mochilas, reparto de útiles para la agricultura, becas, patrocinio de eventos deportivos o hinchables en fiestas infantiles, según recoge el informe de Alianza y puede verse profusamente anunciado en su  página de Facebook, donde reciben un buen número de críticas en los comentarios.

Bajo los lemas “Con orgullo, somos parte de tu comunidad” o “Renace, energía con sentido social”, se adjudican como mejoras la construcción de carreteras que, sin embargo, son imprescindibles para el desarrollo de sus proyectos. El volumen, inversiones e impacto real de estas acciones es difícil de valorar pues tampoco hay informes de responsabilidad social corporativa (RSC) ni en la web de CMI ni en la de su fundación.
Alianza por la Solidaridad advierte de  la facilidad de “comprar” voluntades en un contexto de necesidad y temor. La realidad, sostienen desde la organización, es que la presencia de Renace ha aumentado la conflictividad social dentro de las comunidades y entre ellas. “Ellos son muy selectivos cuando eligen a quién dan privilegios, lo hacen con la intención de tener aliados y frenar el descontento. No es una buena práctica de RSC confrontar familias e inclusive municipios”, sostiene González.

Muchos vendieron sus tierras a cambio de la promesa de un trabajo, pero éste ha llegado de forma precaria. Según el informe de Alianza, el empleo se da solo en la fase de construcción y son contratos por turnos de 15 días para cada persona que acaban generando sistemas de microcorrupción en la asignación de los mismos.
“Una vez que concluye la construcción, la empresa se va y se acaba el trabajo, es entonces cuando la gente se da cuenta de que se ha quedado sin empleo, sin tierras, porque las ha vendido y sin río. La conflictividad está creciendo especialmente allí donde las obras de Renace ya han finalizado”, matiza Rosa Martín Tristán, de Alianza por la Solidaridad, quien visitó la zona en abril.


Niños con las mochilas que les ha proporcionado Renace como parte de su “inversión social”/Rosa Martín Tristán,Alianza por la Solidaridad
 
“Que se conozca esto y haya presión”
La constructora Cobra también hace alarde en su  web de buscar “un crecimiento sostenible”, “prevenir la contaminación” y “fomentar en empleados, proveedores y subcontratistas actuaciones respetuosas con el medio ambiente”. En el caso de Renace, sobre el que apenas hay información, Cobra elude cualquier responsabilidad al considerarse únicamente como empresa contratada. Así se manifiesta en el informe de Alianza: “Somos la mano de obra de los promotores, sin ninguna responsabilidad social. Si hay algún factor de riesgo en una zona, paramos la obra, nos retiramos y que quien lo tenga que afrontar que lo haga”.
Eldiario.es se ha puesto en contacto con ACS pero la empresa no ha realizado ninguna declaración. Su posición en este tema, apuntan, es la de la promotora, CMI.

Fuentes de CMI confirman a eldiario.es que han revisado el informe de Alianza por la Solidaridad. “Tenemos contacto con 33 comunidades, tenemos programas de desarrollo y cuidado ambiental, estudios de impacto ambiental… Entramos en contacto con las comunidades por donde va pasando nuestra operación, hemos tenido conversaciones y diálogos, llegamos a acuerdos. A esto le llamamos nuestra relación de ‘buen vecino'”, sostienen.
Estas fuentes recalcan que la conflictividad social es algo que se ha “utilizado mediáticamente” en su contra, producto de la “desinformación” y destacan que el impacto ambiental solo se produce en la fase de construcción, “después de que la hidroeléctrica entra en funcionamiento, el impacto disminuye”. Dicen que, en virtud de la ley guatemalteca, ellos son generadores de energía y no les corresponde vender la electricidad a las comunidades pero que, en cambio, sí que las han ayudado a gestionar las peticiones para tener suministro.

Veinte años después de su presencia en el departamento, la mayoría sigue sin luz y viviendo en condiciones de pobreza. CMI no habla en nombre de Cobra o ACS y, ante las acusaciones de falta de transparencia, asegura que están trabajando en una web que contenga toda la información sobre este proyecto que iniciaron a mediados de los noventa.
Desde Madre Selva, no tienen tan claro que Cobra no tenga ninguna responsabilidad. “ACS está siendo cómplice solidario de un desastre ambiental, no podemos catalogarlo de otra forma, ellos saben el daño que están causando pero se escudan en que son subcontratados. Llegan, obtienen su dinero y tranquilamente se pueden ir del país y dejar allá un gran riesgo para las generaciones que vienen”, lamenta Julio González, quien hace unas semanas visitó España “con el deseo de que se conozca esto y haya presión desde fuera, porque allá en mi país los medios no lo van a divulgar”.

Precisamente con este fin, y tras el éxito obtenido con otras denuncias de acaparamiento de recursos naturales, como con Coca-Cola en El Salvador, Alianza por la Solidaridad ha lanzado una campaña de firmas. “Queremos que Cobra/ACS se comprometa a suspender su participación hasta que no se haga una evaluación exhaustiva del daño medioambiental y social del complejo hidroeléctrico, que no sea cómplice de una violación de los derechos humanos y que utilice su influencia para que el promotor respete los derechos y los recursos naturales de la población de Alta Verapaz”, especifica la responsable de la campaña TieRRRa, Almudena Moreno.

493 agresiones y 13 asesinatos en 2015
Oponerse a este tipo proyectos en el terreno se paga caro. “Estamos criminalizados”, reconoce Julio González. Hace tan solo un mes, el 8 de junio, fue asesinado en Alta Verapaz, Daniel Choc Pop. Este líder indígena de la comunidad de San Juan Tres Ríos, en el municipio de Cobán, trabajaba en la defensa del derecho al agua y la tierra y por la mejora de las condiciones de vida de las comunidades.
Dos meses antes, también fue asesinado Walter Manfredo Méndez Barrios, miembro del Frente Petenero contra las Represas, un movimiento nacional sobre los efectos negativos de estas infraestructuras.


Según datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos ( UDEFEGUA), en 2015 se produjeron 493 agresiones a líderes ambientales y comunitarios en Guatemala, 13 asesinatos y 8 intentos de homicidio. La propia Cámara de Comercio española en Guatemala reconocía a Alianza por la Solidaridad que “los líderes de derechos humanos no tienen buena imagen entre las empresas y la sociedad, ni las ONG internacionales; solo se piensa de ellas que son problemáticas para los negocios y defienden a grupos de delincuentes y mafiosos”.
Julio González señala también la responsabilidad del Estado guatemalteco. “El Gobierno pasado fue cómplice abierto para imponer proyectos a la fuerza. El Estado ha estado cooptado por los intereses de los empresarios y corporaciones. Hubo muertos, se persigue a los defensores, hay 18 compañeros capturados sin ningún cargo, desde hace tres años han sido asesinados varios periodistas por llevar este tipo de mensajes. Ya estamos hartos de la impunidad”.

Desde Alta Verapaz, en Guatemala, Ervin, sin nombrarlo, habla de neocolonialismo: “Ya los tiempos cambiaron, queremos que ya dejen de extraer nuestros recursos, queremos decidir sobre nuestro propio desarrollo y que si nuestra riqueza es explotada, que lo sea para el bienestar de nuestros ciudadanos”.

Volver al primer artículo de la Constitución Leonardo Boff

Enviado a la página web de Redes Cristianas
Leonardo Boff2Cuando hay una crisis generalizada como esta que estamos viviendo y sufriendo sin perspectiva de una salida que cree consenso, no tenemos otra alternativa que volver a la fuente del poder político, expresión de la soberanía de un pueblo. Tenemos que rescatar todo el valor del primer artículo de la Constitución, párrafo único: «Todo poder emana del pueblo».

El pueblo es, pues, el sujeto último del poder. En momentos en que una nación se encuentra en un vuelo ciego y ha perdido el rumbo de su destino, este pueblo debe ser convocado para decir qué tipo de país quiere y qué tipo de democracia desea: esta con un presidencialismo de coalición, hecho de negocios y negociados no demasiado claros o una democracia de verdad, en la cual los representantes elegidos representan efectivamente a los electores y no los intereses corporativos y empresariales que les garantizan la elección. Urge avanzar más: necesitamos dar forma política al nivel de conciencia que ha crecido en todos los estratos sociales, mostrando voluntad de participar en los destinos del país.
En el fondo vuelve la pregunta básica: ¿vamos a alinearnos con los que detentan el poder mundial (inclusive el de matar a todo el mundo) o vamos a construir nuestro camino autónomo, soberano y abierto a la nueva fase planetaria de la humanidad?
El primer proyecto prolonga la historia que hemos tenido hasta el día de hoy, desde la Colonia, pasando por el Imperio y por la República, en que siempre hemos sido mantenidos subalternos. Los ibéricos no vinieron para fundar aquí una sociedad sino para montar una gran empresa internacional privada, una verdadera agro-industria, destinada a abastecer el mercado mundial. Esa lógica perdura hasta la actualidad: intenta transformar nuestro eventual futuro en nuestro conocido pasado. A Brasil le toca ser el gran abastecedor de commodities, sin o con escasa tecnología y valor agregado, en un proceso de recolonización.

Lamentablemente este es el intento del actual gobierno interino, especialmente del PSDB que claramente se alinea con un duro neoliberalismo que implica disminución del Estado, ataque a los derechos sociales en favor del mercado y una privatización de los bienes públicos carente de escrúpulos, como el pré-sal entre otros.
El proyecto alternativo hunde sus raíces en la cultura brasilera y en el aprovechamiento de nuestra inmensa riqueza que puede sostenernos independiente, soberana y abierta a todas las demás naciones. Seríamos una gran potencia, no militarista, en los trópicos, con una economía entre las mayores del mundo.


Curiosamente, las jornadas de junio de 2013 y posteriormente, mostraron que el pueblo ha percibido los límites de la formación social para los negocios. Quiere ser sociedad, quiere otras prioridades sociales, quiere otra forma de ser Brasil. En una palabra, quiere ser una sociedad de humanos, cosa distinta de una sociedad de negocios. Tal propósito implica refundar Brasil sobre otras bases.
¿Pero quién ha escuchado el clamor de las calles, especialmente el de los jóvenes? Efectivamente nadie, pues todo ha quedado como antes.


Lo que en verdad nos ha faltado en nuestra historia ha sido una revolución verdadera como la hubo en Francia, en Italia y en otros países. La historia no es nunca una continuidad, algo que crece orgánicamente desde una cosa hacia otra cosa. Está hecha de discontinuidades y rupturas radicales que derriban un orden e instauran un orden nuevo.
En Brasil, como lamentaba siempre Celso Furtado, nunca tuvimos esa ruptura. Lo que predominó durante todo el tiempo hasta hoy es la política de conciliación entre los poderosos. El pueblo siempre quedó fuera como algo incómodo a los acuerdos hechos por encima de él y contra él.


Lo que está pasando ahora con el intento de impeachment a la Presidenta Dilma Roussef, legítimamente elegida, es dar continuidad a esta política de conciliación de las élites, del capital rentista y financiero, de aquel 10%, que según el IBGE de 2013 controla el 42% de la renta nacional. Jessé Souza del IPEA los enumera: son 71.440 super ricos que manejan por detrás el Estado y los rumbos de la economía en la perspectiva de sus intereses, absolutamente egoístas, conservadores y antipopulares. No les importa la perversa desigualdad social, una de las mayores del mundo, que se traduce en la favelización de nuestras ciudades, violencia absurda, generando humillación, prejuicio y degradación social por falta de infraestructura, de sanidad, de escuela y de transporte.
Si Brasil fue fundado como empresa y para continuar como empresa transnacionalizada, es hora de refundarlo como sociedad de ciudadanos creativos y conscientes de sus valores.


Mi sueño es que la crisis actual, con el sufrimiento que encierra, no sea en vano. Que ella cree las bases para lo que Paulo Freire llamaría “lo inédito viable”: nunca más coalición entre los pocos ricos de espalda a las grandes mayorías. Que se busque viabilizar lo que prescribe la Constitución en su tercer artículo (IV): «promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad o cualquier otra forma de discriminación».

*Leonardo Boff es articulista del Jornal do Brasil online y escritor.


Traducción de MJ Gavito Milano