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Jesús Mª Urio Ruiz de Vergara
Bueno, no sé si miran para otro lado, o miran hacia el lado correcto, pero siempre dan la razón a los poderosos. Hemos oído hoy una noticia de esas que nos debería avergonzar, de una deslealtad total a los valores patrios. Sí, porque éstos no los veo como radicados y sustentados pot unos símbolos materiales, como la bandera, el himno, el escudo, sino por la impecable preocupación por todos y por cada uno de los ciudadanos. Y ese cuidado es de todos, pero coordinado, y seriamente asumido, “in vigilando”, por las autoridades, especialmente, por las más cercanas, como son los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Pero en esta tarea fundamental, esencialmente patriótica, mucho más que los desfiles militares, los saludos marciales, o la cabra de la legión, de cuidar de todos y cada uno de los conciudadanos, tienen también una tarea esencial los tribunales. Y deben de mirar por aplicar loas leyes que “se pueden aplicar”, es decir, las que, además de ser legales, son legítimas.
Al leer y estudiar la Historia de los pueblos, una de las cosas que más me ha avergonzado, escandalizado, decepcionado, indignado, y enfurecido, has sido el vasallaje que tantos y tantos tribunales, de todos los pueblos, han rendido a leyes absolutamente injustas, ilegítimas, ilícitas, e inmorales. Y se han arropado, protegido y escondido en el “sacrosanto principio de legalidad”, que alcanza ese atributo casi sagrado para aquellos que les interesa. Nunca los más desprotegidos por la fortuna y por las leyes, siempre por los más favorecidos por ellas.
Llevamos con esta infame situación de injusticia real, protegida y bendecida por loos tribunales, demasiados siglos. Y hay que admitir que la democracia y la existencia de na Constitución, como marco insuperable de todo el edificio legal, no han ayudado excesivamente a arreglar la situación, sino que, tal vez, la haya emporado, por ofrecer una sensación de igualdad de todos los ciudadanos con frases tan altisonantes, y realmente tan falaces, como “todas las personas son iguales ante la ley”. Un autor constitucionalista latino americano, Roberto Gargarella, (Buenos Aires,1964) que es un abogado, jurista, sociólogo, escritor y académico argentino especialista en derechos humanos, democracia, filosofía política, derecho constitucional e igualdad y desarrollo, escribió el año 2014 un interesante libro, de título “La sala de máquinas de la constitución”, en la que estudia profundamente muchas de las disfunciones de las legislaciones constitucionalistas. Y cita a Levitsky y Murillo, (2012) que sostienen que la “coexistencia de desigualdad económica e igualdad política crea, de modo habitual, una disyuntura entre las reglas formales que son escritas por representantes elegidos por ciudadanos políticamente iguales, y poderosos actores socioeconómicos que no se encuentran representados en el sistema político formal. Esta disyuntura ayuda a explicar la opción por una igualdad en el texto constitucional, que no se aplica en la práctica constitucional”, es decir, que se queda en la bella teoría.
Pocas veces he encontrado, tan bien y justamente explicado, el terrible drama de nuestro tiempo, de la desigualdad socio-económico-cultural, escandalosa, hiriente y letal, que pervive en muchas naciones, entre las que nos encontramos en lugares preminentes, bajo la protección, solemne y majestuosa, pero inútil, de la constitución. Cuando el papa Francisco asustó a los inquilinos de Wall Street, en Nueva York, o los de la City de Londres, acusando al sistema capitalista “no solo de robar, sino de matar” , su susto y escándalo eran, absolutamente, fingidos, porque saben perfectamente que el Papa tiene toda la razón. Este inicuo modo de organización de los sistema de producción, y reparto de los bienes a través de una justicia distributiva medianamente eficaz no ha sido ni tan siquiera discreto en su demostración de sus auténticos intereses, no se ha preocupado, ni mucho ni poco, en disfrazar de modo decoroso su desinterés por otro objetivo que no fuera incrementar ad infinitum la caja de caudales, y de ocupar el mayor tiempo posible los primeros puestos del ránquing de las empresas del ramo.
Viene todo esto a cuento por la atroz noticia de la señora de 81 años que, no teniendo dinero para pagar la cuenta de la luz, tan excesiva y poco equitativa en España, se calentaba con velas, hasta que una de éstas prendió el colchón y la pobre señora murió quemada. Esto ha sucedido en Reus, y el ayuntamiento no sabía nada de esa situación. Sí conocía el extremo de que no pagaba el agua, y pasó a abonar esa cuenta la corporación municipal. Pero la empresa responsable del corte de energía no avisó a los servicio sociales del ayuntamiento, como era preceptivo en casos de impago por incapacidad pecuniaria, de esa contingencia. Todo indica que la compañía energética que ha sido, o va a ser, demandada por el ayuntamiento, saldrá de rositas de este atropello. Y aquí llega lo de los tribunales mirando para otra parte. El Supremo falló a favor de las empresas de energía eléctrica eximiéndolas del descuento del 25% por ciento en casos de “pobreza energética” en invierno. Y en una sentencia todavía peor, el Constitucional falló a favor del Gobierno cuando éste demandó al Govern catalán contra su ley que, como otros países de Europa, prohibía el corte de energía en el período frío de invierno.
Supongo que a día de hoy ni los magistrados del Supremo, ni los del Constitucional, dormirán tranquilos. A mí no me sirve que ellos hayan fallado según las leyes vigentes, si alguna de éstas permite la actuación inhumana de dejar, como hoy hay en España, a ¡cinco millones, (5.000.000)! tan dignos como nuestros magistrados, en una precariedad energética que no les permite calentarse de modo ínfimamente razonable. No es verdad que un juez tenga que guiarse solo por las leyes vigentes. Antes que juez es un ser humano, y el cumplimiento de las leyes no lo exime del seguimiento de su conciencia. ¿No podrían acudir a la objeción de conciencia en estos casos tan despiadados, y cada vez más frecuentes? Y sino pueden cambiar las leyes, que para eso están los legisladores, que no las apliquen, o, que, en conciencia, hombría y honradez, abandonen la magistratura. ¡Cuantos tiranos, y déspotas, y Gobiernos que se dicen democráticos se sustentan en unos jueces arropados y escondidos tras el ínclito principio de legalidad! Que recuerden el aforismo de Cayo, “ius unicuicque suum”. Y que la Consitución considera derecho de todo ciudadano un hogar digno, sin peligro inminente de incendio, ni de frío polar.
(PD: es la una y media de la noche, y acabo de leer en elDiario.es el siguiente titular: “El PP ha tumbado todas las iniciativas sobre pobreza energética desde que Rajoy llegó a Moncloa”. ¿Puede un elector católico votar a un partido que no demuestra ninguna piedad, ni misericordia, hacia los más desfavorecidos?
