“Las condiciones de vida de los CIES son peores que las de la Modelo” Noelia Román

eldiario

Una visita promovida por SOS Racisme al CIE de Zona Franca constata la precariedad de los de los extranjeros internados en estos centros
La eurodiputada socialista Carmen Romero encabeza el grupo visitante, denuncia las condiciones y reclama un cambio de enfoque
Un auto de dos juzgados de instrucción barceloneses respalda la lucha de las ONG por la trasparencia y la apertura de estos centros a la sociedad

“Los CIES son peor que una prisión. En el de la Zona Franca, las condiciones de vida son mucho peores que en la Modelo”, asegura Josep Sagarra, miembro de Movimiento por la Paz, con cierta cara de espanto. Sagarra acaba de llegar de una visita guiada por el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca y lo que ha visto confirma las críticas que, desde hace tiempo, se vierten contra estos centros, antesalas de la expulsión para miles de inmigrantes en situación irregular.

Sagarra ha podido ver esta “prisión sin garantías jurídicas” gracias al empeño de SOS Racisme en que los CIES se abran a la sociedad. También, gracias a la presencia de la eurodiputada socialista Carmen Romero, cabeza visible del pequeño grupo de visitantes en el que también se incluyen Isabel Vallet, diputada de la CUP, el diputado de Esquerra Republicana (ERC) Pere Aragonés y Elena Arce, asesora de migración del Defensor del Pueblo.

La visita supone una pequeña conquista parcial de SOS Racisme, pues, alegando razones de procedimiento, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras denegó el permiso para que la integraran también representantes de medios de comunicación y de otras entidades sociales, tal y como había solicitado la entidad, promotora de la campaña Open Access Now. “Los medios de comunicación son la fuente de información de la sociedad y deberían tener acceso a estos centros; seguiremos luchando por ello”, señala Alba Cuevas, directora de SOS Racisme Catalunya.

Cuevas puede, sin embargo, celebrar una significativa victoria en su lucha contra la opacidad de los CIES: dos juzgados de instrucción barceloneses han atendido la demanda de SOS Racisme y de la Fundació Migra Studium para que puedan acceder a los CIES sin restricciones y para que se garantice la asistencia jurídica a los internados.

Hasta el pasado jueves, día de emisión del auto, las ONG no tenían acceso a los CIES, pendientes de un reglamento que ya se demora años. A la espera de esa normativa, a partir de ahora, y según establece el auto, estas entidades de defensa de los derechos deberán poder contactar con los internos durante seis horas diarias, todos los días del año, sin que el director del centro pueda establecer restricciones, como venía sucediendo. El auto también establece el derecho de los extranjeros recluidos a recibir asistencia jurídica.

“En España y en Europa, los CIES tienen condiciones que no son justificables. No pueden ser lo que son hoy. Hay que estudiar alternativas y darles otro enfoque más político”, asegura Carmen Romero. “Urge documentar las condiciones de vida, que son peores que las de un delincuente convicto”, interviene Josep Sagarra. Ellos han podido ver celdas donde se agrupan seis personas, cerradas por puertas con rejas, y sin cámaras de vigilancia como sí existen en otras dependencias del centro.

Sin garantías y a merced de la arbitrariedad

“Los CIES son prisiones sin las garantías ni la seguridad jurídica que sí tienen las prisiones porque están gestionados por la policía”, insiste Isabel Vallet. “Allí dentro está recluida la pobreza y no deberían existir porque esto es un problema estructural que no debería tratarse con medios coercitivos”, abunda la diputada de la CUP. “Una de las cuestiones más alarmantes es el alto riesgo de arbitrariedad que existe”, apunta Pere Aragonés. “Todo está sometido a un criterio de custodia, seguridad y buen comportamiento”, explica el portavoz de derechos humanos de ERC en el Parlament. Puesto que no existe un reglamento que rija estos centros, el director del CIE y los policías que lo custodian son más o menos permisivos en función de su interpretación del comportamiento de los internos.

No obstante, la intervención del Defensor del Pueblo, a través de la redacción de informes y de pliegos de recomendaciones, ha mejorado, según SOS Racisme, algunos aspectos de los CIES. No así los servicios sanitarios que, en enero del año pasado, no pudieron evitar la muerte del joven guineano Idrissa Diallo. “Las horas de atención sanitaria [de 8:00 a 22:00] siguen siendo las mismas”, asegura Alba Cuevas. Idrissa murió de madrugada, en condiciones aún opacas. “Y, por lo que hemos visto, tienen la intención de externalizar algunos servicios. La seguridad de las personas no debería estar en manos privadas”, alerta Isabel Vallet. “Hay servicios que no dependen del Estado sino de la Generalitat porque las competencias están traspasadas”, recuerda Carmen Romero.

El CIE de la Zona Franca, que cuenta con 210 plazas, tiene una ocupación media del 60 por ciento (entre 125 y 130 personas). El 85 por ciento de los internos están recluidos por supuesto delito y el 15 por ciento restante por mera irregularidad. “Los sospechosos de delito no deberían estar con los que son simplemente irregulares”, afirma Carmen Romero. “Sus condiciones son peores que las de los sospechosos españoles”, denuncia la eurodiputada socialista.

Un ciudadano español no puede estar retenido más de 72 horas, hasta que se decida su liberación o su ingreso en prisión. Los extranjeros están entre 21 y 25 días en estos centros. De los casi 2000 que pasaron el año pasado por el CIE de la Zona Franca, la mitad fueron finalmente expulsados del país y la otra mitad permaneció en territorio español. “No podemos permitir que en nuestra ciudad haya ciudadanos de primera y segunda categoría”, concluye Sylviane Dahan, responsable de Mujeres y Derechos Civiles de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB). La FAVB era una de las entidades que pretendía integrar la visita al CIE de Zona Franca y tampoco fue autorizada. Pide transparencia, apertura y, como muchas organizaciones y algunos partidos políticos (Iniciativa-Els Verds, ERC, CUP, entre ellos) el cierre definitivo de estos centros.

Intelectuales y artistas firman una convocatoria por una alternativa política y social

Público

Autores de la talla de Federico Mayor Zaragoza, Juan Torres, Baltasar Garzón, Rosa María Artal y Luis García Montero, entre otros, reclaman en un manifiesto unir fuerzas contra la “involución democrática”
Las personas que firmamos esta iniciativa no estamos dispuestas a resignarnos ante todo lo que nos está pasando. Aspiramos a conseguir un Gobierno dedicado al servicio del bien común, a vivir en una auténtica democracia y a seguir disfrutando de los derechos sociales que hemos conquistado a lo largo de decenios y con mucho esfuerzo.

Queremos acabar con la corrupción porque no podemos seguir despertándonos cada mañana con un nuevo escándalo político, un nuevo recorte, una nueva arbitrariedad. No admitimos que quieran acostumbrarnos a convivir con la indecencia política. No aceptamos que la normalidad sea el clientelismo, el abuso y la mediocridad.

Queremos involucrarnos con la verdad, la justicia, los derechos cívicos, la defensa de las víctimas y la reparación que merecen y combatir la involución democrática que se agranda cada día en España de la mano del Partido Popular, la extrema derecha creciente y la jerarquía católica más reaccionaria.

Queremos que no se pierdan los avances en derechos cívicos e igualdad de género conseguidos por los movimientos sociales tras años de lucha.

Queremos que España sea de la gente común y que nos gobiernen políticos identificados con las personas honradas y bien preparadas que día a día, a base de decencia y eficacia, sacan adelante nuestra sociedad, los centros educativos, los hospitales, las empresas y la vida de millones de familias.

Queremos vivir en un país en el que la justicia sea igual para todos y en el que la ciudadanía intervenga de forma directa en el gobierno de los jueces, en donde no queden impunes quienes más culpa tienen en la generación y prolongación de la crisis. Queremos pedir responsabilidades a los que han depredado los bienes y las esperanzas de millones de personas.

Estamos ya hartos de que, con la excusa de Europa, España sufra un retroceso continuo en el bienestar y pierda derechos que costó decenios conquistar. Los gastos públicos y sociales de nuestro país han sido los más bajos de la Europa de los 15. No aceptamos que pertenecer al euro sólo implique la entrega de nuestras mejores riquezas, la destrucción de nuestra actividad productiva o el abandono de nuestra soberanía política en manos de los grandes especuladores. Buscamos una integración de fuerzas europeas que conviertan la Unión en lo que siempre debió ser: un proyecto al servicio de los ciudadanos.

Queremos acabar con la manipulación constante de los medios públicos y asegurar que dejen de estar al servicio de los partidos o del Gobierno de turno porque esa es una de las causas principales de la degradación democrática que estamos sufriendo.
Hay otro camino

Tenemos los conocimientos y preparación suficientes para afirmar con seguridad y convicción que, en contra de lo que se empeñan en decirnos, hay otras alternativas, cuya adopción permitiría superar la frustración ante el bloqueo económico y la degeneración de nuestra vida política. Sabemos que podemos enderezar el rumbo de nuestra economía. Ni nos resignamos ni estamos dispuestos a padecer en silencio las secuelas de un mal gobierno que aplica sin cesar medidas tan injustas como ineficaces contra la inmensa mayoría. Ya hemos llegado demasiado lejos y es el momento de acabar con su incompetencia y servidumbre.

Sabemos que lo podemos hacer y queremos hacerlo juntos.

En primer lugar, debemos acabar con los privilegios de los banqueros. Es necesario garantizar la financiación, disponiendo de entidades públicas que concedan créditos de bajo interés a las empresas.

Es posible aumentar los ingresos privados y públicos para que se reactive la economía, aunque eso obliga a repartir la riqueza de otro modo, frenando su concentración en pocas manos, aumentando el salario mínimo, reduciendo la factura hipotecaria de millones de familias y reformando el sistema fiscal para combatir el fraude y la evasión fiscal.

Es posible replantear el pago de nuestra deuda y hacer frente al fundamentalismo que imponen en Europa los grandes financieros. Incluso, si hiciera falta, podemos replantearnos los términos de nuestra pertenencia al euro y a las instituciones europeas.

Sabemos que se puede evitar el padecimiento diario de millones de personas y la paralización de la vida económica, generando confianza en los inversores a la hora de elegir España. Aunque para ello resulta imprescindible ofrecer una seguridad jurídica consolidada, exigente en la persecución de la especulación, los aprovechamientos ilícitos y las agresiones al medio ambiente y la naturaleza.

Sabemos que es posible mantener los servicios públicos de salud universal, educación, pensiones o atención a la dependencia, garantizar el derecho a la vivienda o disponer de un potente sistema de ciencia y tecnología siempre que no se busque -como ahora- convertirlos en negocios privados. No sólo es posible, sino que sabemos que sólo así se puede garantizar el desarrollo y la sostenibilidad de nuestra economía para el bienestar social.

Sabemos que se puede eliminar la corrupción si se adoptan para ello medidas drásticas, un mecanismo ágil de investigación y sanción en el ámbito administrativo, con participación ciudadana, y un mecanismo eficaz de investigación y enjuiciamiento en el ámbito penal. Deben pedirse responsabilidades a quienes han mentido y robado y a quienes tomaron a sabiendas decisiones injustas que han arruinado a tantos españoles. Deben aprobarse leyes que garanticen que la ciudadanía sea representada directa y fielmente en las instituciones públicas (y no sólo a través de las cuotas de partidos), porque esa es la mejor manera de acabar con el clientelismo que mueve con cada cambio de gobierno a familias completas, amistades y patrocinados varios a cambio de sumisión.
Llamamiento al compromiso ciudadano

Sabemos que es posible actuar de otro modo y resolver los problemas económicos y sociales que tenemos planteados. Pero es necesario que las respuestas elegidas no estén, como hasta ahora, pensadas sólo en beneficio de grupos empresariales y financieros muy minoritarios. Y para ello es imprescindible que todas las personas de diversas ideologías y sensibilidades políticas o sociales nos pongamos de acuerdo para forjar una amplia y eficaz mayoría que dé una respuesta contundente, democrática y pacífica a la agresión que estamos sufriendo. Para conseguirlo resulta necesario abrir un proceso de diálogo y convergencia social, lo más amplio posible, asentado en medidas precisas que se orienten a la regeneración política y la reactivación económica.

Por eso hacemos este llamamiento solicitando a la ciudadanía que se comprometa de forma responsable en la construcción de una alternativa política y social basada en los principios de igualdad real, participación, diversidad, pluralidad y defensa de los derechos humanos.

Convocamos a todas las personas y organizaciones sociales y políticas -muy especialmente a las que ya actúan con una importante representación ciudadana y resolviendo problemas directos de los afectados-, para que se manifiesten en favor del diálogo. Que abran en todas las esquinas y caminos de España, en las ciudades y en el campo, en todos y cada uno de los sectores que integran la sociedad democrática, un proceso de confluencia y unidad que, con el amparo de la máxima movilización ciudadana, culmine en la alternativa que ponga fin al drama que estamos viviendo.

*Federico Mayor Zaragoza, Juan Torres, Baltasar Garzón, Rosa María Artal, Vicenç Navarro, Carlos Jiménez Villarejo, José Antonio Martín Pallín, José Chamizo, Pilar González, Carlos Berzosa, Julián Casanova, Juan Francisco Martín Seco, Ignacio Ramonet, Pilar del Río, Rosa María Calaf, Manuel Rivas, Almudena Grandes, Luis García Montero, Miguel Ríos, Juan José Téllez, Francisco Álvarez

La asamblea general de Cáritas denuncia las “dramáticas situaciones” que se viven en España

Religión Digital

“Miles de caras y miles de vidas de quienes son víctimas de un modelo injusto”
Creemos que la pobreza es evitable siempre, también en tiempos de crisis
La LXX Asamblea General de Cáritas Española, que ha reunido este fin de semana a más de 200 representantes de las diocesanas de todo el país, se ha saldado con una declaración que denuncia que las reformas legislativas adoptadas en el último año “han supuesto una pérdida de derechos sociales inherentes a la dignidad de la persona” y abocan a una ruptura de la cohesión social con “graves consecuencias” para los españoles.

La declaración, difundida este lunes, pone como ejemplo “de ese retroceso” las políticas de vivienda, “sosteniéndola como un bien de inversión antes que como un derecho”, y de salud, “transformándola en una mera contraprestación y excluyendo a los migrantes en situación irregular”. Asimismo, denuncian que en materia de justicia se han impuesto tasas y en el ámbito de empleo, se han adoptado “medidas que no estimulan la contratación y sí, en cambio, perjudican el empleo”.

“Las reformas legislativas pendientes de aprobación agravan aún más este panorama”, explica la Asamblea de Cáritas, que señala directamente a la reforma de la Administración Local, porque “supondrá alejar de las personas servicios tan esenciales como la salud, la educación o los servicios sociales”, “una involución social” y la vuelta a un modelo asistencialista ya fracasado.

Asimismo, se refiere a las reformas del Código Penal y al Código Procesal Penal porque, según afirman las Cáritas españolas, “de mantener su redacción actual, daría lugar a situaciones injustas, como, por ejemplo, la sanción a quienes acojan a personas inmigradas en situación irregular”.

Además, señalan “preocupación” por “la prioridad económica” de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, que “consagra la reducción del gasto para garantizar, supuestamente, el principio de estabilidad” pero no aborda “adecuadas políticas fiscales redistributivas, la lucha contra la evasión fiscal o la tasa para las transacciones financieras”.

Según afirma la declaración, estas decisiones, sumadas al “drástico recorte” de la Ayuda Oficial al Desarrollo, “tienen un importante impacto en la garantía de los derechos, las políticas sociales y la lucha contra la pobreza y la exclusión”.

“Lo que debería entenderse como una inversión social y el estímulo de una política de prevención por parte del Estado, garante de derechos, se reduce drásticamente y pone en riesgo la cohesión social al permitir que el escándalo que supone la brecha cada día mayor entre las capas más ricas y las más pobres de nuestra sociedad siga creciendo”.

La Declaración habla del “sufrimiento de las personas afectadas” a las que atienden las Cáritas Diocesanas, “personas empobrecidas” que no son responsables de una crisis económica “que las castiga con tanta intensidad”.

Además, dice que la organización no va a resignarse “a un modelo de vida caracterizado por la precariedad y un retroceso en el reconocimiento y disfrute de los derechos humanos”, ni aceptará “un proceso de fractura social legitimado por una desigualdad creciente”. (RD/Ep)

DECLARACIÓN FINAL

Los representantes de las 70 Cáritas Diocesanas de la Confederación Cáritas Española, reunidos en la 70ª Asamblea General celebrada en El Escorial del 28 al 30 de junio de 2013, manifestamos públicamente nuestra profunda preocupación y rechazo ante las dramáticas situaciones que estamos viviendo en la sociedad española y que afectan a millones de personas.

Cáritas está acompañando a diario situaciones desesperadas y desesperanzadoras, cada una de las cuales tienen detrás vida, rostro y nombre concretos: miles de caras y miles de vidas de quienes son víctimas de modelo injusto que, bajo el argumento de la racionalización del gasto y la sostenibilidad económica, es incapaz de anteponer el bien común al beneficio individual.

Creemos que la pobreza es evitable siempre, también en tiempos de crisis. Este es el objetivo de nuestro trabajo en cada uno de los ámbitos territoriales de Cáritas, donde, en el seno mismo de la Iglesia y de las comunidades cristianas, trabajamos cada día por la justicia.

Como recuerda el Papa Francisco, “la deuda social exige la realización de la justicia social. Juntas, nos interpelan a todos los actores sociales, en particular al Estado, a la dirigencia política, al capital financiero, los empresarios, agropecuarios o industriales, sindicatos, las Iglesias y demás organizaciones sociales”.

Denunciamos, por ello, la adopción de decisiones políticas, legislativas y económicas que están generando ya, ahora mismo, el sufrimiento de las personas afectadas, tal como pone de manifiesto la realidad cotidiana de nuestra acción y los informes que hemos elaborado y presentado públicamente. Esta falta de horizontes y perspectivas podría tener unas consecuencias muy negativas para el futuro de la sociedad española, incluso a corto plazo.

Las personas empobrecidas no son responsables de una crisis económica que las castiga con tanta intensidad. No queremos resignarnos a un modelo de vida caracterizado por la precariedad y un retroceso en el reconocimiento y disfrute de los derechos humanos. Tampoco aceptamos un proceso de fractura social legitimado por una desigualdad creciente.

En el último año hemos asistido a un importante número de reformas legislativas que, lejos de avanzar en la solución a la crisis, han supuesto una pérdida de derechos sociales inherentes a la dignidad de la persona. Algunos ejemplos de ese retroceso afectan a la vivienda, sosteniéndola como un bien de inversión antes que como un derecho; a la salud, transformándola en una mera contraprestación y excluyendo a los migrantes en situación irregular; al acceso a la justicia, imponiendo tasas judiciales; o al trabajo, con medidas que no estimulan la contratación y sí, en cambio, perjudican el empleo, como muestran los datos de la última Encuesta de Población Activa.

Las reformas legislativas pendientes de aprobación agravan aún más este panorama. Un ejemplo claro es la anunciada reforma de la Administración local, que, bajo los criterios de racionalización y sostenibilidad, supondrá alejar de las personas servicios tan esenciales como la salud, la educación o los servicios sociales. De producirse, estaríamos asistiendo a una involución social y a la adopción de modelos de intervención basados en la emergencia y en el asistencialismo, que ya hemos conocido en otras épocas y que fracasaron.

Otros ejemplos similares son las reformas relacionadas con el sistema de justicia, en especial, las que afectan al Código Penal y al Código Procesal Penal, que, de mantener su redacción actual, daría lugar a situaciones injustas, como, por ejemplo, la sanción a quienes acojan a personas inmigradas en situación irregular, y la de la justicia gratuita, que supondría dejar fuera del sistema de protección a una parte importante de la población.

Junto a ello, la prioridad económica que se marca en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 añade un motivo más de preocupación, al consagrar la reducción del gasto para garantizar, supuestamente, el principio de estabilidad, pero sin que se aborden con igual intensidad la aplicación de unas adecuadas políticas fiscales redistributivas, la lucha contra la evasión fiscal o la tasa para las transacciones financieras.

De igual forma, mostramos nuestra honda preocupación ante el drástico recorte de la Ayuda Oficinal al Desarrollo (AOD) en España, que pone en peligro el sistema de cooperación internacional y nos aleja del objetivo de lograr un cambio cualitativo global y de mejorar la atención a las personas y sus derechos, ya vivan en nuestro país o en regiones empobrecidas.

Este conjunto de decisiones tienen un importante impacto en la garantía de los derechos, las políticas sociales y la lucha contra la pobreza y la exclusión. Y lo que debería entenderse como una inversión social y el estímulo de una política de prevención por parte del Estado, garante de derechos, se reduce drásticamente y pone en riesgo la cohesión social al permitir que el escándalo que supone la brecha cada día mayor entre las capas más ricas y las más pobres de nuestra sociedad siga creciendo.

“Nos acostumbramos a levantarnos cada día -ha dicho Francisco– como si no pudiera ser de otra manera, nos acostumbramos a la violencia como algo infaltable en las noticias, nos acostumbramos al paisaje natural de la pobreza y de la miseria caminando por las calles de nuestra ciudad”.

Nosotros, desde la unidad y la realidad compartida cada día en Cáritas con los últimos y no atendidos que llaman a nuestras puertas, queremos decir que no nos acostumbramos a la violencia de la pobreza, de la desigualdad y de la injusticia. Es más, llamamos a la responsabilidad personal y comunitaria para asumir un papel cada vez más activo y participativo en los procesos de transformación social, desde un estilo de vida basado en la austeridad y la sencillez evangélicas, como inspiración de una sociedad más acogedora, fraterna y accesible.

Desde esta convicción, los participantes en esta 70ª Asamblea de Cáritas trasladamos a todos un mensaje de esperanza y una propuesta renovada de compromiso, de trabajo y de consenso social para construir un modelo generador de oportunidades y garante del pleno acceso a los derechos de los más vulnerables, que sitúe a las personas empobrecidas en el centro de la toma de decisiones y que asuma como principios éticos de gobierno la dignidad de la persona y la búsqueda del bien común por encima del beneficio económico y el provecho de unos pocos.

El Papa considera las protestas de Brasil justas y acordes con el Evangelio Juan Arias

El País

El Papa considera las protestas de Brasil justas y acordes con el Evangelio
Francisco aludirá a las manifestaciones en su encuentro con más de un millón de jóvenes en Río el próximo día 22
El papa Francisco, que llegará a Brasil el próximo 22, ha sido informado directamente de las protestas en curso en las calles del país, con una participación mayoritaria y activa de jóvenes que se confiesan sin partido.

En el discurso que dirigirá al más de un millón de jóvenes que se concentrarán en Río de Janeiro con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), el Pontífice aludirá a las manifestaciones, según informaciones de fuente fidedigna recibidas por este corresponsal.
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El Papa tenía ya escrito su discurso a los jóvenes cuando fue informado por prelados brasileños de lo que ocurría en Brasil, y rescribió parte de él para abordar las manifestaciones. Según el Pontífice, esas reivindicaciones por una mayor justicia no contradicen el Evangelio.

Tres altos prelados de Brasil hablaron personalmente con el Pontífice en Roma cuando las manifestaciones hervían en la calle y con ellas los actos de violencia. Quisieron informarle en persona, y no a través de los canales diplomáticos, dada la importancia política y social de las protestas.

El primero que se encontró con el papa Francisco en el Vaticano fue el arzobispo de Río de Janeiro, el monje cisterciense, Orani João Tempesta, responsable de la organización de la Jornadas Mundiales de la Juventud, que se celebrarán en su arquidiócesis.

Hace 15 días, quien voló a Roma fue el cardenal arzobispo de São Paulo, Cláudio Hummes, con fama de obispo social pues a finales de los años setenta y principios de los ochenta abrió las puertas de las iglesias para los obreros en huelga. Había sido uno de los papables más fuertes en el cónclave en el que resultó elegido el cardenal Bergoglio.

El último en encontrarse con el Papa, justo la semana pasada, fue el Presidente de la Conferencia Episcopal de Brasil (CNBB), el cardenal Raymundo Damasceno.

El pasado 21 de junio, la Conferencia Episcopal de Brasil, tras dos días de reunión en Brasilia, redactó un documento oficial que empezaba con estas palabras: “Nosotros, los obispos del Consejo Permanente de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), reunidos en Brasilia del 19 al 21 de junio, declaramos nuestra solidaridad y apoyo a las manifestaciones —mientras sean pacíficas— que han llevado a las calles a personas de todas las edades, sobre todo jóvenes”.

El documento que está en manos del papa Francisco añadía: “Se trata de un fenómeno que envuelve al pueblo brasileño y lo despierta para una nueva conciencia”.

La importancia del documento radica en que en este momento los obispos no lo hubiesen escrito, y menos con tanta solemnidad, de no haber estado antes concordado con el papa Francisco, que está por llegar a Brasil.

Las manifestaciones, afirman los obispos, “gritan contra la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia en la gestión pública. Denuncian la violencia contra la juventud. Son al mismo tiempo testigo de que la solución de los problemas que sufre el pueblo brasileño solamente será posible con la participación de todos. Hacen así renacer la esperanza cuando gritan: “El gigante ha despertado”.

Tras subrayar que “nada justifica la violencia” el documento de la Conferencia Episcopal concluye: “Que estas manifestaciones sirvan para fortalecer la participación popular en los destinos de nuestro país y sean un anuncio de nuevos tiempos para todos. Que el clamor del pueblo sea escuchado”.

Los obispos defienden además el “derecho democrático a las manifestaciones” que, afirman, “debe ser siempre garantizado por el Estado”.

En una entrevista al periodista político de TV Globo, Gerson Camarotti, el arzobispo de Rio, monseñor Orani, aseguró: “La mayoría de los jóvenes que han salido a la calle quieren un Brasil nuevo, más justo y solidario”. Y añade: “Eso concuerda con lo que nosotros, los obispos, buscamos también”.

En São Paulo, el cardenal Hummes, a su regreso del encuentro con el papa Francisco, habló sobre las protestas en el auditorio del Colegio San Bento ante un grupo de católicos. No solo se mantuvo en la línea de apoyo a las manifestaciones de la Conferencia Episcopal, sino que fue más allá. Como un eco de su conversación con Francisco, Hummes llegó a decir que “el mensaje de Cristo está en sintonía con esas reivindicaciones del pueblo”, y agregó: “Por eso debemos estar presentes. En la calle la gente, de hecho, está viviendo el Evangelio”.

Hummes hizo también una dura crítica a los políticos: “Ni los sindicatos, ni el Gobierno saben cómo comportarse con el movimiento”. Añadió que el movimiento ha venido “para consolidar la democracia”. Según el arzobispo de São Paulo: “Los que no se sienten escuchados necesitan salir a la calle”.

El cardenal confió a los fieles reunidos que el papa Francisco no “teme que las manifestaciones vayan a empañar” su viaje a Brasil, aunque reconoció que “es difícil hacer predicciones por el momento que vive Brasil”. Está convencido, y es el mensaje que transmitió al Papa, de que “las protestas no están relacionadas con la visita del Pontífice. “Son protestas contra el Gobierno”, puntualizó.

El millón de jóvenes que esperan al Papa Francisco en Río de Janeiro están avisados: los obispos de Brasil están con ellos. El Pontífice, también. Y lo dirá en su discurso.

La presidenta Dilma Rousseff está informada de lo que piensan el papa y los obispos sobre las protestas. El cardenal Damasceno, presidente de la Conferencia Episcopal, se reunió con ella el pasado viernes en el Palacio del Planalto.