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La intolerancia del gobierno de Juan Orlando Hernández contra la protesta social, se agudiza cada día en la medida que la población sale a las calles a manifestarse pacíficamente. En las últimas horas la aprobación de una ley denomina “Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación”, ha sacado a miles de personas a las calles, cansadas de tanto abuso contra sus derechos, como respuesta la represión dejó decenas de golpeados, gaseados, heridos de bala y detenidos, este 29 de abril de 2019.
La Ley ha generado el rechazo de los maestros y profesionales de la medicina que en forma masiva protestan desde la semana anterior, anunciando que se agudizarán las medidas de presión si el Congreso Nacional no retira la Ley, la cual está por ratificarse en una sesión del parlamento que se llevaría a cabo este día, pero debido a masivas manifestaciones, pospuso la decisión de la ratificación del acta de la sesión de la semana pasada donde los diputados del partido de gobierno aprobaron la Ley saltándose el procedimiento legislativo.
La manifestación de este 29 de abril salió de diferentes sectores en la capital de la República y también en otros puntos del país, donde se realizaron tomas de carreteras, edificios, centros educativos y de salud que fueron cerrados porque sus agremiados salieron a las calles.
Varios periodistas salieron lesionados por bombas lacrimógenas y de goma que fueron lanzados contra sus cuerpos, mientras otro comunicador social de un canal de TV fue agredido por manifestantes.
Defensores de derechos humanos fueron rodeados por policías, y algunos de ellos denunciaron que estaban prácticamente secuestrados por uniformados que no los dejaban moverse solo por el hecho de realizar su labor de defensa de derechos humanos.
Mientras la Ley sigue en pie, los diferentes sectores que se sienten afectados con esa legislación anunciaron que no saldrán de las calles, eso sucederá solamente si el Congreso Nacional retira esa legislación.
Vendrán despidos masivos de trabajadores
El artículo 7 de la Ley faculta a las Secretarías de Educación y Salud a cancelar acuerdos de nombramientos de personal y la terminación de contratos de prestación de servicios, procediendo a pagar las prestaciones de Ley.
En el preámbulo de la aprobación de la Ley se emitieron decretos ejecutivos en el 2018 y principios de 2019 para declarar estado de emergencia en el sector salud y educación argumentando que habrá una transformación de los rubros.
Lo que denuncian los dos sectores es que el gobierno de Hernández procederá a contratar a activistas políticos y a seguir los lineamientos de los organismos internacionales de financiamiento que ya días le quieren caer a los rubros para proceder a privatizarlos.
Desplazamiento exagerado de la fuerza militar policial y paramilitares
Para contener la ira social por la medida adoptada, el gobierno distribuyó a sus fuerzas represivas en distintos lugares del país, la utilización del uso excesivo de la fuerza no se hizo esperar.
Policías y militares hicieron uso de balas vivas que fueron disparadas contra la población ocasionado heridos. Se denunció que hombres de civil y policías municipales dispararon contra la población.
Tal como ha sucedido en otros contextos de protestas sociales, han sido asesinados varios ciudadanos en circunstancias misteriosas, entre ellos un militante del Partido LIBRE que fue acribillado por más de 12 disparos en una colonia de la capital y posteriormente su cuerpo fue quemado.
Se teme que se esté utilizando la política de terror para generar miedo de la población a manifestarse, contener las protestas y seguir con el plan de echar a andar la ley.
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