Políticos abnegados y sin pretensiones de mando

 Redes Cristianas

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara

Pues sí, en eso que afirma el título de este artículo se han convertido dos políticos que, al revés de lo que suele ser lo normal, no aspiran al sillón de la Moncloa, se interesan solo por el bien general de España, de todos los españoles, para eso son constitucionalistas, también por el de los catalanes, supongo, ponen antes el interés general que el de su propio partido, y el personal, de ellos mismos, y son tan democráticamente constitucionalistas que admiten todas las ideas políticas que garantiza la Constitución, sin hacer ascos previos a ninguna, sin excluir a ningún partido que haya sido admitido por los tribunales y por la Junta Electoral Central, y sin erigirse en Magistrados del Tribunal Constitucional, señalando la existencia, el nivel y el grado de constitucionalismo, o su ausencia. Pues sí, este párrafo, que describe exactamente, a la vice contra, se refiere, efectivamente, a los señores Pablo Casado, y Albert Rivera, presidentes, respetivos del PP y del Partido de los Ciudadanos.

No soy el único que acusa a estos dos jóvenes políticos de un serio déficit democrático, pero sí, tal vez, el que lo afirme sin titubeos, y con mayor claridad. Muchos periodistas, al analizar los primeros pasos tras los resultados electorales, insinúan, discretamente, eso sí, esa falta de democracia en las actuaciones políticas, y de comunicación, de ambos dirigentes políticos. A mí me sorprende, en alto grado, que los mismos comunicadores que han tolerado numantinamente, sin rechistar, las diatribas injustas, groseras, e infundadas de esos jóvenes dirigentes políticos contra otros colegas, como Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, usen tantos remilgos, y abusen exageradamente de tan fina discreción, que dan la impresión de no atreverse, en su trabajo profesional de información, a otorgar un trato, si no igual, por lo menos parecido, al que han usado durante toda la campaña unos políticos travestidos en agitadores socio-políticos.

No se trata, no, de que los periodistas tengan que ir poniendo nota de ética y moral a los políticos, inmersos en la vorágine preelectoral, a pesar de ser ésta excesivamente permisiva, y no es eso lo que quiero decir, sino de que lo informadores velen, por lo menos, por la veracidad de las informaciones que trasmiten a sus usuarios, sobre todo al tratarse de acusaciones tan inauditas, como “cuidado con votar a quien quiere trocear a España”, o “a un golpista, traidor y felón”, o”a quien tienen las manos manchadas de sangre”, o”a un peligroso comunista que quiere acabar con las libertades democráticas”, etc., etc. Sería oportuno y pertinente, que al trascribir estas perlas laudatorias en sus respectivos medios informativos, los comunicadores pusieran en solfa, por lo menos, el dudoso sentido democrático de ese tipo de campañas de intoxicación, a base de mentiras de trazo grueso, y de acusaciones disparatadas.

Todo comenzó con la ejecución de la Moción de Censura, instrumento perfecta e íntegramente democrático, además de pedagógico, pues pone de manifiesto la inexactitud de afirmar que son los votos populares los que eligen al Presidente del Gobierno, cuando no es así: son los diputados electos los que lo eligen y nombran, con todo el protocolo de los pasos que hay que dar hasta la Investidura y la toma de posesión. Y por eso, porque son los diputados los que tienen la última palabra, los mismos que invistieron Presidente a un ciudadano en un momento dado, pueden, por motivos graves, removerlo de su cargo con una Moción de Censura, que exige, evidente, y democráticamente, la mayoría de los votos de los diputados que, en ese momento, ejercen su derecho a voto.

Solo puede considerar un “okupa”, como lo ha sido considerado el señor Pedro Sánchez por ignorancia democrática supina, inaplicable de todo grado a los diputados Casado y Rivera, o por el claro sentimiento de patrimonialización que ha ejercido la Derecha española cuando llega al poder: que lo considera propio y suyo. En el caso de la Moción de Censura el poder ejecutivo lo ejercía legítimamente el Partido Popular, según las reglas del juego. Pero, por otras reglas del juego, tan constitucionales y legítimas como las anteriores, a partir del resultado de la Moción, ya no era legítimo el uso de ese poder. Hay que recordar, además, que el aspirante a vencedor en la Moción pidió, repetida y encarecidamente, al señor Presidente del Gobierno, Don Mariano Rajoy Brey, que presentase la dimisión, y el PP se encargara de procurar otro presidente, a lo que ni el jefe del ejecutivo, ni el partido, como tal, accedieron. La acusación, pues, de okupa, del vencedor de la Moción, como presidente del Gobierno, es, además de ridícula, torticera, injusta, desmedida, y antidemocrática.

Eso, lo anterior, en referencia al PP, y al señor Pablo Casado. El señor Albert Rivera, insistente compañero de Casado en la acusación hacia Sánchez de que haría cualquier cosa por ocupar el sillón de la Moncloa, como no tenía ningún interés en el susodicho sillón, y, sin embargo, anhelaba la realización inmediata de elecciones, que se prometían muy ventajosas para su partido, se pasó, con entusiasmo, al equipo de los acusadores de “okupación” por parte del PSOE, y, en especial, de Pedro Sánchez, transmitiendo a toda la ciudadanía la inquebrantable opinión de que solo a regañadientes, por humildad, y por imperativo legal, aceptaría la pesada carga de la Presidencia del Gobierno, ¡ese incordio insufrible!

Los señores Pablo Casado y Albert Rivera, ¡dos impolutos e intachables demócratas españoles!