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DE propuesta de tintes subversivos a pacto gubernamental y judicial. La indignación ciudadana ya no es demonizada y ahora su petición sobre los desahucios es proclamada a coro por todas las autoridades e instituciones, asustadas ante el mayor riesgo de rebelión social desde que comenzó a hundirse la economía española. Los suicidios convierten en triste victoria moral, triste, la del movimiento 15-M.
Su arraigo en diversas capas sociales va a aumentar porque es público y notorio su protagonismo desde hace año y medio, con la plataforma Stop Desahucios, en la defensa todos a una de las personas embargadas. De las que ahora se acuerdan los partidos políticos que actúan en favor de los bancos. Les han parecido poco motivo de preocupación los 360.000 desahucios del último lustro. Han tenido que quitarse la vida algunas víctimas de las ejecuciones hipotecarias para que reaccionaran, se repasaran la injusta normativa cuyo origen se remonta a 1909, y la leyeran ¡al fin! desde el punto de vista de los embargados.
Ahora los antisistema son políticos de centro-derecha como el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), que ordenó retirar el dinero municipal depositado en Bankia (1,5 millones de euros) porque desoían su petición de moratoria para impedir el desahucio de una mujer en huelga de hambre. En cuestión de minutos, la entidad bancaria aceptó el acuerdo.
Ahora los yayoflautas son los jueces decanos de toda España, que, ¡oh maravilla!, comprenden 360.000 desahucios después que se habían convertido en los cobradores del frac de los bancos y aseguradoras, y quieren dejar de serlo si les ponen nueva legislación por delante.
Ahora la chusma está compuesta por representantes del establishment como el decano de los abogados de Valencia, que califica el desahucio de “muerte civil para muchas familias”. Y la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Juliane Kokott, quien ha dictaminado que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas abusivas en las hipotecas.
Cuando Rosa Parks se negó, en 1955 en Alabama, a ceder su asiento a un hombre blanco dentro de un autobús, la detuvieron y encarcelaron por subversiva, por chusma negra. Al final de su vida, le concedieron la Medalla de Honor del Congreso, y está enterrada en la rotonda del Capitolio. En España, llegará el día en que las Cortes Generales homenajeen a los ciudadanos que, desde su movilización iniciada en 2010 contra la actitud inmoral de diputados y senadores, fueron capaces de impulsar la implantación, años después, del alquiler social. Y la abolición de la ruindad bancaria.
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