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Al igual que los patos, los flamencos, zorzales o renos, las personas desde siempre han emigrado. Buscan sobrevivir que es algo más que no morir. Y, si es posible, tener trabajo que les permita comer, tener un techo, un futuro, una dignidad.
Se calcula que hoy día más de 500 millones de persona son emigrantes en el mundo, es decir, que viven en un país que no es el suyo. Emigrar es, pues, un fenómeno natural, que se inscribe en la más antigua tradición humana de la salida de las personas de su pueblo natal en busca de mejores condiciones alimentarias y climáticas. Sin embargo en los tiempos que corren este fenómeno natural se entiende como un problema y ante el posicionamiento de valorarlo o estigmatizarlo se ha optado por lo segundo. Esta es la encrucijada de España y de Europa: ¿Va a mostrar nuestro continente y nuestro país un liderazgo basado en su compromiso con los valores de los derechos humanos y la solidaridad, o van a optar por excluir a las personas refugiadas del acceso a una vida digna y segura, dando paso a las agendas nacionalistas y populistas?
En esta disyuntiva los últimos y cercanos acontecimientos nos empujan a pensar que se está optando en nuestro país por la criminalización de las personas inmigrantes y por una notoria xenofobia institucional. Así lo vemos y así lo denunciamos desde las CCP de Andalucía poniendo el énfasis en cuatro acontecimientos de nuestro entorno que lo demuestran y que nos han afectado profundamente.
En primer lugar en el encierro de medio millar jóvenes inmigrantes argelinos en un falso CIE, que en realidad era el centro penitenciario de Archidona, que debía convertirse oficialmente en cárcel el 14 de marzo de 2017, según consta en el BOE, contraviniendo la legislación vigente que prohíbe ubicar a estas personas en una cárcel. La gota de agua que ha desbordado la situación ha sido el suicidio del ciudadano argelino Bouderbala Mohammed, de 36 años, cuando como otros internos esperaba su deportación. Después de todo lo que hemos ido conociendo compartimos la voz unánime que pide el esclarecimiento de este suicidio, la reparación a su familia y el cierre de todos los CIES.
Otro acontecimiento con tufo institucional xenófobo ha sido el abandono a su suerte de medio centenar de inmigrantes en Granada. Efectivamente, a finales del 2017, se da la paradoja de que el Ayuntamiento de Motril monta en un autobús a cincuenta y tantos inmigrantes llegados en patera y los abandona a su suerte en la estación de autobuses de Granada. Desubicados y confusos fueron alojados por los misioneros combonianos y una comunidad de religiosas, siendo falso que el Ayuntamiento les diera asilo como quiso dar a entender la concejala de servicios sociales. En lugar de un plan municipal o central de acogimiento las administraciones del PSOE y PP aprovechan para dirimir sus responsabilidades.
Otro brote del racismo institucional ha sido el caso de Pedrera donde una discusión de tráfico de tres varones rumanos con un vecino de Pedrera terminó con una pelea y varias concentraciones contra los rumanos residentes, volcando varios de sus vehículos. En la concentración ante el Ayuntamiento, sin permiso del Subdelegado, estuvieron presentes algunos políticos significados del PSOE. Los sentimientos xenófobos, que se pusieron de manifiesto, pusieron en el ojo del huracán al cura y compañero Enrique Priego, que desde siempre puso a disposición las dependencias parroquiales para la acogida de las personas inmigrantes.
Por último la falta de pudor institucional se ha hecho manifiesto en el enjuiciamiento de la cooperante Helena Maleno en Marruecos, a instancias de la policía española, acusada de tráfico de personas, cuando en realidad su único delito ha sido socorrerlas y salvarlas de una muerte segura en el mar como manifiesta la propia responsable de Salvamento Marítimo.
Recordando el viejo relato bíblico no entendemos la opción por Caín de las políticas institucionales nacionales y europeas en menoscabo de Abel haciendo patente la encrucijada en que se encuentran: ¿Van a optar por un compromiso con los valores de los derechos humanos y la solidaridad, o van a optar por excluir a las personas refugiadas del acceso a una vida digna y segura, dando paso a las agendas xenófobas y populistas?
Desde las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía denunciamos la criminalización institucional de las personas inmigrantes y la solidaridad con ellas. La Xenofobia y el racismo institucional y animamos a la ciudadanía a desobedecer estas leyes injustas y mostrar la solidaridad, acogida y bienvenida con estas personas. Huir no es delito. Vías seguras y legales.
Comunidades Cristianas Populares de Andalucía
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