ATRIO tiene la pretensión de presentar no sólo noticias o comentarios breves, sino también, sobre todo en los fines de semana, textos más largos que profundicen en los temas de actualidad. Hoy hemos escogido este texto encontrado en un blog del abogado Joan Martí, en el que nos muestra la gravedad dela ley de tasas juciciales de Gallardón, a la luz de la historia del Derecho. Ojalá no tengamos que sufrir nunca esta ley -aunque tras ella las injusticias se van a generalizar- pero que es un atentado tal al país que ha unido en su contra a todos los estamentos con la justicia en una protesta sin precedentes.
La justicia y las tasas judiciales en la época Gallardón de la “dictadura democrática”. Caída de caretas!! Desregulación del Estado de Derecho, caos, neoliberalismo fascista?
(A José Palazón que me inspira y a Pura que me lo pidió)
Con el verbo vitriólico que nos cautiva, dice mi querido José Palazón, abogado como quien suscribe y procurador con muchos años de ejercicio que: “La mayor parte de la gente no lo sabe, no lo puede saber, pero el derecho es la base de la civilización hasta el punto que cuando disminuye su imperio, la selva, el dominio de lo salvaje se acerca un poco más. Nos creemos civilizados porque apretamos un interruptor y se enciende la luz o el televisor y no es así, estábamos civilizados porque si alguien invadía mis derechos yo podía defenderlos ante los tribunales, es esta posibilidad de defensa ante los atropellos ajenos lo que representaba nuestra civilidad, la más grande de las conquistas del hombre, lo que nos atribuyó la condición de ciudadanos. Y éste, no me cansaré de denunciarlo, es el peor ataque que se nos está haciendo. Lo peor no es que se nos suban los impuestos igualitariamente sin criterios de proporcionalidad, esto es perverso, pero que tú no puedas defenderte judicialmente de ninguna manera ante este canallesco ataque o cualquier otro que esta gente se saque de la manga, éste es el ataque más importante, el definitivo. Por eso yo digo que el Derecho es el quicio de la puerta sobre el que gira todo. Y el Derecho, estos canallescos impostores, estos trileros, nos lo han arrebatado definitivamente no ya sólo suprimiendo el acceso a la justicia de oficio o gratuita en cuanto a la asistencia de letrado sino reinstaurando las llamadas tasas judiciales que no es otra cosa que el pago de una cantidad cada vez que le pidas a la Administración de Justicia el más mínimo servicio. La justicia en España ha dejado de existir, se ha convertido en un simulacro. Los filósofos de la más recia estirpe libertaria ya nos dijeron siempre que la justicia, la Administración de justicia, que nació para defender a los débiles frente a los abusos de los poderosos, invirtió pronto los papeles y se convirtió en el instrumento más útil de éstos para machacar a aquéllos”. Si lo sabrá él.
Todo ello lo suscribo de la cruz a la raya. Pero hay más. Mucho se está diciendo estos días sobre la iniquidad de las tasas judiciales y el abuso fraudulento del poder por parte del PP y sobre su empecinamiento en perpetrar una tropelía legal detrás de otra contra los ciudadanos a quienes teóricamente representa. Una simple lectura de la reciente ley de tasas judiciales (<<< clicar en el enlace para ver o bajar) permite verque se trata de hacernos pagar de forma aberrante precios abusivos por unos servicios que, por su propia naturaleza, debe prestar el Estado y ser gratuitos. Fin recaudatorio?, fin disuasorio de uso del servicio? Cada lector puede ver los “precios” y sacar sus conclusiones, si logra superar el estado de shock.. Ya es un lugar común decir que recurrir una simple multa puede resultar en un gasto superior al triple de la multa, y no incidiré en eso por ser tan evidente; remito simplemente a su lectura.
Yendo al fondo de la cuestión, siempre he defendido la teoría, tan dialéctica como empírica, de que la justicia no es ni más ni menos que la formulación literaria que permite el dominio de unas clases, sectores o grupos sociales, –según la época–, sobre los otros. Y esta idea explica qué está pasando con las tasas judiciales.
La justicia, cuando nace en el derecho romano, es instrumento para resolver los litigios de los patricios entre sí; no pleitean los esclavos o los plebeyos entre ellos y mucho menos contra los señores. Y es el Pretor quien, ejerciendo de representante del Poder, del Imperio o de la República, te concede la acción contra tu deudor en reivindicación de un fundo, un semoviente o un esclavo, existe el derecho de vida o muerte sobre el deudor y la prisión por deudas, y aparecen el rito del foro y la facultad de postulación, como estudiamos en el Derecho Romano. En la edad media prosigue la evolución con un derecho de fueros y leyes fragmentadas y de ámbito territorial feudal. Entonces pleitean los señores entre sí o contra el Rey, (si tienen el apoyo de otro Rey) por tierras, derechos sucesorios, castillos o títulos nobiliarios, y los procuradores y las audiencias no son otra cosa que parte del nuevo ritual, los tribunales ejercen el poder delegado del Soberano, quien a su vez lo recibe de Dios, según se acepta por todos. Sólo con la aparición del mercantilismo surge la codificación civil y penal y comienza a esbozarse el incipiente Estado de Derecho para todos, –señores, burgueses, mercaderes, campesinos–, en paralelo al nacimientos del hipotético derecho de defensa del ciudadano frente a las iniquidades del Poder, ahora representado por el Estado, y contra sus convecinos en defensa de sus intereses, principalmente económicos (tierras, dotes, préstamos, aparcerías). Sólo en paralelo a la aparición en el siglo pasado del embrión del Estado Social se desarrolla el Derecho, produciéndose la simbiosis del Estado Social y de Derecho, que se dice; una pura entelequia, si lo que se pretende es la justicia social y no la justicia como idea abstracta, porque la justicia social no existió ni cuando la acción procesal la otorgaba el Pretor romano ni cuando provenía del Rey, ni ahora que proviene del Estado; la justicia como idea abstracta es precisamente la superchería teórica que esconde la negación de la justicia social, porque se basa en la aplicación de un derecho positivo que promulgan quienes detentan el poder social que transmutan en poder político y, a la postre, en poder coactivo servido por jueces y policía, y, a veces, en casos extremos, por el mismo ejército.
En la época Gallardón, –época actual de caída de caretas–, lo que sucede es que el partido político que ha subido al poder, el PP, el suyo, no tiene ya rubor alguno en proclamar su liberalismo económico más salvaje, (para eso obtuvieron la mayoría absoluta, dicen), ni en decidir los recortes sociales más injustos, ni, en definitiva, en desmantelar el Estado Social conquistado en España y en la llamada Europa desde la década de los 40 del siglo pasado hasta la primera del presente. Estos tipos, con su mayoría absoluta, –dicen– ya no tienen necesidad de fingir y al tiempo que justifican los recortes sociales detraen el dinero de todos de los presupuestos del Estado para nutrir los beneficios de los bancos, legislando sin disimulo ni empacho a favor de los sectores sociales más poderosos (quienes les pagan las campañas electorales, quienes les ponen en el poder) en detrimento de lo pobres. Y así la idea de la solidaridad y la justicia social desaparece para estos tipos; tal idea simplemente les produce repugnancia. El corolario es que, si ideológicamente abominan de la justicia social, carece de sentido mantener la superchería de la justicia como idea filosófica, porque a estos tipos la mayoría parlamentaria les endiosa y atonta el entendimiento. Entonces, para estos avispados, ahora demócratas que nunca las vieron tan gordas y que ya no necesitan fingir, la “justicia” pasa a integrase en su esquema político como un bien o servicio de mercado. Ya los abogados y procuradores eran un servicio mercantilizado, –con la loable excepción del turno de la justicia gratuita–, pero ahora es el propio Estado, titular de la Justicia, el que pasa a privatizarse, y por tanto corresponde privatizar éste, su servicio de “justicia”, en el ámbito del mercado. Caretas fuera!!; primero se lamina la justicia gratuita y se deja de pagar en todas las autonomías a los abogados y procuradores del turno de oficio que están prestando la justicia gratuita y a renglón seguido se imponen unas tasas estatales aberrantes, de modo que sólo puede acceder a la justicia quien puede pagarla. Después seguirán la policía privada, las cárceles privadas modelo USA y otros notables inventos del sistema.
Lo más desconcertante (y confieso que ahí me había equivocado totalmente en mi previsión) es que esta tropelía la está llevando a cabo nominalmente el tal Gallardón. El sorprendente mérito de este tipo, que maravilla a politólogos y sociólogos, es el haber conseguido por una vez la unanimidad absoluta de jueces, fiscales, abogados, procuradores y ciudadanos, incluso votantes del PP, en torno a la idea de que esta ley de tasas judiciales es aberrante y absurda. Quién lo iba a decir; justo el que aparecía como la imagen más amable de la derecha moderada, el jurista, el comedido, el valido del grupo Prisa, el melómano, el sensible.. Dios mío, cuando suelten a los otros!!
Realmente este gobierno comienza a ser una plaga de dimensión bíblica.. Esto es el caos..
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