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Hacía tiempo que unas declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española no provocaban una respuesta tan amplia y contundente entre colectivos cristianos. Las palabras de Luis Argüello sobre el Estado, las políticas sociales y las personas LGTBI+ han generado indignación no solo en el Gobierno, sino también dentro de la propia Iglesia.
Durante la clausura de la Escuela de Verano de la Conferencia Episcopal, celebrada el pasado 9 de julio bajo el título El colapso de la democracia, Argüello afirmó que «cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones» y añadió: «A las pruebas me remito». En la misma intervención criticó a las democracias asistencialistas, a las que acusó de ofrecer ayudas para comprar la voluntad de los ciudadanos y hacerlos dependientes del Estado.
El presidente de los obispos dedicó también una parte de su discurso a las leyes relacionadas con la identidad de género y a las celebraciones del Orgullo. Habló de un supuesto proyecto de «deconstrucción antropológica», criticó las «terapias de afirmación», una posición que acaba legitimando las llamadas terapias de conversión, que no respetan la orientación sexual o la identidad de género de las personas, y llegó a identificar el orgullo con «el pecado de Satán». Unas expresiones especialmente dolorosas cuando proceden de quien representa públicamente a la Iglesia católica española y se dirigen contra un colectivo que durante demasiado tiempo ha sufrido rechazo, discriminación y exclusión también dentro de la Iglesia.
Argüello aclaró después que no se refería expresamente al Gobierno y que su llamada a la responsabilidad ética incluía también a los ciudadanos que defraudan, no pagan impuestos o solicitan facturas sin IVA. Sin embargo, su apostilla —«cada uno verá por qué se siente aludido»— no contribuyó precisamente a rebajar la confrontación. Tampoco consiguió borrar la impresión de que su discurso participaba de un marco político muy determinado.
La Iglesia tiene pleno derecho a intervenir en el debate público. Puede y debe denunciar la corrupción, la injusticia, la pobreza o cualquier abuso de poder. El problema no es que un obispo hable de política, sino cómo lo hace y desde qué lugar. La crítica democrática exige señalar hechos concretos y responsabilidades determinadas. Convertir al Estado en una «banda de ladrones», desacreditar las políticas sociales como instrumentos para comprar voluntades y recurrir a Satanás al hablar del Orgullo sobrepasa la legítima discrepancia y entra en el terreno de la descalificación.
La reacción del Gobierno fue inmediata. El ministro Félix Bolaños respondió preguntando qué le parecería a Argüello que alguien calificase a toda la Iglesia como «una banda de agresores sexuales», una generalización que también sería profundamente injusta. Además, le reprochó su partidismo en favor de la derecha y la ultraderecha. La ministra Margarita Robles calificó sus palabras de «absolutamente inaceptables» y le pidió una disculpa.
Pero lo más significativo es que las críticas no han procedido únicamente del Gobierno o de organizaciones laicas. Han surgido con una intensidad poco habitual desde el interior mismo de la comunidad cristiana. Redes Cristianas ha denunciado que el insulto no puede sustituir al discernimiento y al diálogo, recordando que quien preside la Conferencia Episcopal no habla como un ciudadano particular, sino en nombre de una Iglesia llamada a ser lugar de fraternidad y reconciliación.
El Movimiento por el Celibato Opcional, MOCEOP, se ha declarado «indignado y escandalizado» ante unas manifestaciones que considera fuera de tono, de respeto y de Evangelio. La Coordinadora Estatal de Comunidades Cristianas Populares ha señalado, además, la contradicción de que la jerarquía eclesiástica imparta lecciones de ética al Estado mientras disfruta de importantes privilegios fiscales, económicos y educativos y continúa sin resolver plenamente asuntos como las inmatriculaciones.
Por su parte, CRISMHOM ha centrado su respuesta en el daño causado a las personas LGTBI+. La asociación recuerda que la diversidad afectivo-sexual y de género forma parte de la riqueza de la humanidad y que las llamadas terapias de conversión han provocado sufrimiento y graves daños. Frente a la condena, invita a Argüello a encontrarse con creyentes LGTBI+ y sus familias, escuchar sus vidas y conocer su compromiso cristiano.
El contraste con León XIV resulta difícil de ignorar. Apenas un mes antes, el Papa había visitado España, se había reunido con el presidente del Gobierno y había pronunciado un histórico discurso ante el Congreso de los Diputados. Allí defendió la legítima autonomía de las instituciones democráticas y pidió que la pluralidad política no degenerase en la descalificación permanente del adversario. Sus palabras parecen hoy dirigidas al propio presidente de la Conferencia Episcopal: «La firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación».
La diferencia no es menor. Mientras el Papa en su visita a España eligió la cooperación institucional, la concordia y el respeto a quien piensa distinto, Argüello ha adoptado un lenguaje que alimenta la polarización y termina funcionando, con independencia de su intención, como altavoz de algunas de las batallas culturales de la ultraderecha.
Cada persona puede tener sus propias ideas políticas. También los obispos. Pero quien habla desde una responsabilidad institucional debe extremar el cuidado de sus palabras. La línea se cruza cuando la crítica se convierte en una condena moral indiscriminada, cuando la voz de la Iglesia se confunde con una trinchera partidista y cuando se utiliza la autoridad religiosa para aumentar el rechazo hacia un colectivo históricamente herido.
La extraordinaria reacción de estos días demuestra que muchos creyentes no se sienten representados por ese lenguaje. Lo que está en juego no es solamente la relación de la Conferencia Episcopal con un Gobierno concreto, sino algo mucho más profundo: si la Iglesia española quiere contribuir a desarmar la polarización o convertirse en una pieza más de ella.
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