TRIBUTOS JUSTOS Y PROGRESIVOS

Constituirnos en un “nosotros”, para garantizar los derechos de todos los ciudadanos, ha dado lugar a los Estados sociales y económicos de derecho con su fiscalidad justa y progresiva: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad” (Constitución Española, art.31).

Esta contribución de todos permitirá que el Estado asuma sus obligaciones: “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y las prestaciones y servicios necesarios” (art.43); “proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente” (art.45); “disfrutar de una vivienda digna y adecuada” (art.47); “pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas” (art.50); “defensa de los consumidores y usuarios” (art.51), etc. Y hubo una primera etapa constitucional en que se difundía en la opinión pública aquello de que “hacienda somos todos”. Lo que permitió avances en la calidad y universalización de servicios públicos como sanidad, educación, etc.

Sin embargo, al día de hoy, hay medios de comunicación y programas políticos que promocionan campañas de reducción de impuestos, que terminan conformando una mentalidad y unas prácticas anticonstitucionales. Ya que -dicen- “donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos”. Como si unos servicios públicos universales y de calidad no formaran parte también de este bolsillo de cada ciudadano.

Francisco comenta en E.G.  la “teoría del derrame” de un capitalismo sin responsabilidades sociales “que supone que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión – dice Francisco – que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante”.

En este sentido, cuando el  Banco de España acaba de constatar que los beneficios empresariales han crecido en el último año 2022 por encima del 90%, resulta obsceno el lamento de los bancos, corporaciones energéticas, constructoras y alimentarias ante las medidas del gobierno de coalición que pretende cumplir el mandato constitucional de “contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica”.

O la práctica, demasiado extendida por parte de las élites económicas, de evasión, fraude o dumping fiscal. Desde el rey emérito, pasando por las grandes empresas y entidades financieras que cotizan en el IBEX-35, o entidades eclesiásticas con sus chanchullos sobre el I.B.I., parece haber una competencia por ver quién es más hábil para detraer recursos de la Hacienda Pública, recursos de los que, por otra parte, viven. Pero, cuando llega la hora de devolver una parte de toda la ayuda recibida, la respuesta vuelve a ser que los beneficios son privados y son suyos y la deuda pública es cosa nuestra y nuestro problema.

La Plataforma por la Justicia Fiscal ha propuesto a la Real Academia Española cambiar la denominación “paraíso fiscal” por “guarida fiscal”. Efectivamente, la palabra “paraíso” comporta un significado positivo, agradable que para nada refleja las consecuencias para la comunidad de este fraude. Estamos más bien ante prácticas de personajes y entidades antisociales que piratean recursos comunes y los esconden en guaridas administrativas para su propio disfrute individualista.

Sus consecuencias se van haciendo evidentes: degradación de servicios públicos o falta de recursos para hacer efectivos otros derechos proclamados teóricamente en la Constitución. Así como la necesidad, por parte del Estado, de endeudarse con las entidades financieras privadas para poder financiar sus programas. Situaciones que terminan favoreciendo a los mismos “piratas”, ya que aumentan las oportunidades para sus privatizaciones, las llamadas “colaboraciones público-privadas” y el sometimiento del Estado a las finanzas privadas por el servicio que comporta la amortización de la deuda pública.

Habrá que reestructurar la política fiscal para contribuir a la reactivación económica y ecológica y reducir las desigualdades, ponerle palos en las ruedas a un capitalismo financiero-rentista.  “Necesitamos constituirnos en un “nosotros” que habita la casa común, cuidar el mundo que nos rodea y contiene, y cuidarnos a nosotros mismos. Ese cuidado no interesa a los poderes económicos que necesitan un rédito rápido.” (Francisco)

 

Evaristo Villar

Editorial de Redes Cristianas