Monseñor Agrelo denuncia que los subsaharianos sufren "un acoso inhumano continuado"

"La condición de irregularidad legal no permite menoscabar la dignidad del emigrante"

Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger).- "Escuchad, líderes de Jacob, jefes de la casa de Israel: ¿No es cosa vuestra conocer el derecho? Pero odiáis el bien y os gusta el mal" (Miq 3, 1-2). Hace una semana la prensa dio noticia de la muerte de dos emigrantes, asfixiados o abrasados dentro de una cueva, en los bosques cercanos a la ciudad marroquí de Castillejos y a la frontera de Ceuta.

Ahora se informa, esta vez desde Melilla, que "Marruecos se ha hecho cargo de siete inmigrantes adultos de origen subsahariano que a primeras horas de la mañana del viernes fueron detectados por las autoridades militares españolas en la Isla del Rey, del archipiélago de las Chafarinas".

El hecho es uno más de la serie interminable de vulneraciones de derechos fundamentales de la persona, consumadas contra los emigrantes ante la pasividad de la sociedad, legalizadas con leyes inicuas, perpetradas por fuerzas del orden, y envueltas en la retórica de unos acuerdos de cooperación entre Estados, que encubre sufrimientos, maltrato y muerte causados a hombres, mujeres y niños desplazados de sus lugares de origen por la violencia de la necesidad.

Duele que, tratándose de emigrantes, devueltos a Marruecos sin que nadie haya escuchado sus alegaciones, se confunda su esfuerzo, que merece de todo respeto, con la actividad homicida de las mafias, y se ensucie con esa referencia odiosa la imagen de quienes arriesgan su vida por el propio bienestar y el de los suyos.

Es intolerable que se diluya el sufrimiento de los emigrantes en la abstracción de "la inmigración irregular".

Es intolerable que los emigrantes se vean obligados a asumir penurias interminables, a sufrir un acoso inhumano continuado, a arriesgar la salud y la vida, a perder una y otra con intolerable frecuencia.

A todos he de recordar el magisterio de Juan Pablo II: "La condición de irregularidad legal no permite menoscabar la dignidad del emigrante, el cual tiene derechos inalienables que no pueden violarse ni desconocerse".

La definición de una política respetuosa de los derechos de los emigrantes y solidaria con sus necesidades ha de ayudarnos a concretar opciones al ejercer nuestro derecho de voto.