Una Fiscalía muy comprensiva Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara

La “cosa pública” (res pública, república), en este país monárquico, se está deteriorando hasta la corrupción. Y me refiero a la corrupción química, esa que ataca y provoca el deterioro definitivo de las aguas encharcadas, de los alimentos corrompidos, de las heridas gravemente infectadas. Mucho huele a corrompido en el Reino de España. Los casos de políticos comprometidos en casos irregulares de financiación o lucro excesivo, o alcance de favores económicos, o recepción de dádivas y regalos, ya nos estaban sorprendiendo hasta el escándalo.

Pero la guinda, la perla, la obra de arte acaba de producirse, por parte de una institución que debería estar, y todos suponíamos que lo estaba, por encima de toda sospecha. Me refiero a la fiscalía anticorrupción. Y, como supondréis, estoy pensando en el caso absolutamente neurótico, irracional, contradictorio, ininteligible, kafkiano, de la conclusión del fiscal Antonio Romeral, que consigue lo imposible: que se pueda considerar a un partido político, por coincidencia, el que sustenta al gobierno, a la vez, y por lo mismo, como ofendido y ofensor.

Eso es lo que decidió ayer: que la existencia de la caja B del PP es indudable e incuestionable, durante 18 años, pero que los responsables del partido no conocían ni su existencia, ni su empleo. De ella se pagaban gastos, sobresueldos, obras, etc., pero todo corría a cargo de los tesoreros. Primero, Lapuerta, y después, Bárcenas y Páez. Ellos decidían los gastos a efectuar, las obras, a quienes corresponderían los pagos, y cómo realizarlos, etc. De tal manera que los únicos encausados por delito fiscal, apropiación indebida, y otros delitos menores, han sido los tesoreros. Hay que decir, otrosí, que el cálculo de la cantidad a abonar a hacienda, por si había o no delito fiscal, según el juez Ruz calculó que sí lo habría, pues la deuda no abonada ascendía a 220.000 euros, mientras que la admitida por el fiscal, iluminado por los cálculos del perito que se sacó de la chistera, por su cuenta, otra manera de contar, fue de 25.000, que no llegaba a delito. Así que no nos extrañe que los partidos de la oposición hayan censurado la conversión del fiscal anticorrupción en abogado defensor del PP.

Lo que irrita a los ciudadanos, y lo veo en mi parroquia, no es solo la avaricia y desfachatez de algunos políticos, sino su protección indisimulada, cada vez más, y sin ningún tipo de pudor, por miembros del aparato judicial del Estado. Pues estamos viendo cómo las acciones que comenzaron jueces valientes y decididos, condenados hasta por prevaricación, van a dar en nada, y desaparecerán por el sumidero de las aguas corrompidas y los detritos malolientes. Pero poco después, con un poco de detergente y de perfume barato, habrá desparecido en el limbo de los tiempos pasados. ¡Qué pena, qué vergüenza, y qué descaro de estructuras del Estado carcomidas y corrompidas! Sin olvidar que, mientras tanto, la desigualdad social crece desmesuradamente, y los más olvidados por las Administraciones Públicas son mantenidos en necesidades tan elementales como comer y ser atendidos en su enfermedad, o su soledad, por voluntarios abnegados y heroicos.

Y mientras, … ¿ciertos servidores públicos? Atentos a sus cosas.