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México es reconocido como un país de origen, tránsito y destino de personas víctimas de trata para la explotación sexual; se calcula que 80 por ciento de sus víctimas son mujeres y niñas. Informes internacionales, particularmente los elaborados por el gobierno de Estados Unidos, revelan que México no cumple con los estándares mínimos para la eliminación del delito de la trata de personas. A pesar de los múltiples esfuerzos de la sociedad civil por exigir la adecuación legislativa y la generación de programas de combate a la trata, lo cierto es que los gobiernos federal y de los estados no han asumido su responsabilidad.
Tlaxcala, conocido por ser un estado donde nacen y se reproducen redes familiares de tratantes de mujeres y niñas en diferentes estados del país, así como de Estados Unidos, es un claro ejemplo de cómo, ante la exigencia ciudadana, las autoridades han pretendido evadir su responsabilidad de implementar políticas públicas para erradicar el delito.
Aun con la apatía gubernamental, los logros sociales pueden contarse: la tipificación en el estado del delito de la trata de personas; la creación de una ley en el estado que promueve acciones de prevención y del delito y de protección de las víctimas; y el diseño de la Estrategia Estatal contra la Trata de Personas, así como su Plan Sexenal, que prevé acciones de prevención, atención, sanción y reparación del daño. Sin embargo, la realidad muestra que los logros siguen siendo insuficientes.
La operación de las redes no se detiene: en Tlaxcala los corredores de explotación sexual siguen tan activos como antes, particularmente el que va de la ciudad de Puebla a Santa Ana Chiautempan; los casos de las mujeres desaparecidas a manos de tratantes es una constante; tan sólo de enero de 2011 a la fecha se presentaron 120 denuncias de trata en la Procuraduría General de Justicia del estado (un número significativo considerando el delito), de los cuales sólo se lograron tres sentencias, una recientemente revocada por el Tribunal Superior de Justicia, alegando la indebida integración de la averiguación previa. La pugna entre la procuraduría y el tribunal, en su pretensión por justificar su ineptitud dejando en libertad al tratante, da muestra de las deficiencias en la persecución del delito y la procuración de justicia en el estado.
Es evidente entonces que las autoridades tienen incapacidad institucional para implementar una política integral de prevención y persecución del delito, a pesar de estar obligadas por ley; o bien, la realidad muestra la mediocridad de las y los servidores públicos responsables, pasando por una posible colusión de las autoridades con las redes de trata, hasta quedar actualizada la hipótesis de ser las mismas autoridades quienes se benefician del delito, sea a través de la extorsión o directamente como dueños de los lugares de explotación sexual.
Lo que el gobierno del estado ha argumentado es que hasta ahora las instituciones públicas no cuentan con recursos públicos para operar las acciones contra la trata de personas; momento es entonces de hacer un llamamiento a la legislatura del estado de Tlaxcala, que se encuentra definiendo el Presupuesto de Egresos para 2013. La bolita está en su cancha y le toca actuar con responsabilidad frente al pueblo que representa, garantizando el recurso suficiente para que las autoridades, sin pretexto alguno, encaminen sus acciones para erradicar el delito, dando un trato digno a las víctimas y un camino de justicia que les repare el daño vivido y ponga tras las rejas a los tratantes.
Si ante el llamado legítimo de la ciudadanía, en el Legislativo no se garantiza el presupuesto para las acciones gubernamentales contra la trata de personas, quedará claro que hay una simulación de los tres poderes de gobierno en Tlaxcala para actuar, lo cual los hace responsables directos de la persistencia y expansión del delito; y de la violencia extrema que estén viviendo mujeres y niñas, sobrevivientes al dolor de la explotación sexual.
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