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Resumen Latinoamericano, 22 febrero 2017.-
Así lo señala el último informe de Somos Defensores; 80 de esos casos se registraron en 2016, 17 más que en 2015. Colombia2020 destaca a los cuatro líderes que más duros atentados recibieron en los últimos meses y que, sin embargo, no abandonan la labor de defender los derechos humanos.
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Durante el 2016 en promedio cada 4 días fue asesinado un defensor de derechos humanos.
/Sonia Cifuentes. Asociación Minga.
El informe más reciente de Somos Defensores, que presentarán este miércoles 22 de febrero al Gobierno Nacional y a la comunidad internacional, responde a una pregunta dolorosa, pero sincera: ¿cuántas vidas cuestan la paz de Colombia? Durante el 2016 en promedio cada 4 días fue asesinado un defensor de derechos humanos, sentencia el documento que desde hace 17 años es publicado por la organización social. En la última década se registraron más de 500 homicidios, concluye.
Para el caso particular del año pasado, época en que se vivieron los momentos más importantes y álgidos del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, se puede inferir, según el documento de 39 páginas, que, aunque las agresiones redujeron respecto al 2015, los asesinatos y atentados contra los defensores se incrementaron considerablemente.
A continuación, con el ánimo de no seguir siendo notarios de más líderes asesinados, Colombia2020 recapitula el informe de Somos Defensores, pero destaca los cuatro casos más duros registrados el año pasado, en los que estos líderes resultaron heridos o salieron ilesos de los atentados a su integridad física.
El mal presagio de José Aliender Tunubalá
A las 10 de la noche del 2 de enero de 2016, José Aliender Tunubalá Guegia escuchó un chillido estruendoso en el patio de su casa. Eran los perros que ladraban desesperados como anunciando una tragedia. Tunubalá salió a la puerta, escuchó caer piedras encima del techo de cinc y entonces mandó un chorro de luz con su linterna para alumbrar la cara de quien lo perseguía.
El líder de varias organizaciones sociales del sur del país, entre ellas, la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” y la Marcha Patriótica, estaba durmiendo en su finca La Esmeralda en el municipio de Cajibio (Cauca), cuando se levantó para recibir dos balazos. Uno se alojó en su cabeza y otro en su columna.
El informe de Somos Defensores da cuenta de que en el año 2016, 481 defensores fueron agredidos ya sea, a través de amenazas, asesinatos, atentados, detenciones arbitrarias, desapariciones, entre otras variables. En el caso de los atentados, 49 se registraron el año pasado, 14 más que en 2015. Es la cifra más alta desde 2010, a excepción de 2012 cuando el flagelo llegó a 50 casos.
Las cifras del informe también dejan ver que los paramilitares con 276 hechos, seguido de desconocidos con 162 y Fuerza Pública con 41, son los presuntos autores de estas agresiones. En dicho ranking la guerrilla apenas registra dos casos.
Al hijo, Edwin Iván Tunubalá, también le dispararon. Tiene 11 años y junto a su tío, José Aliender, salieron corriendo al escuchar la balacera y los aullidos del perro adolorido.
A Tunubalá Guegia finalmente le salvaron la vida en el hospital Universitario San José de Popayán, sin embargo, así como muchos de sus homólogos, hoy vive lejos de Cajibío para poder seguir ejerciendo la labor y, sobre todo, protegiendo su vida.
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El atentado contra Édgar Montilla González
Cuando el escolta de Edgar Montilla González vio las piedras y palos que obstruían el paso a la altura del kilómetro 34, entre los municipios de Santiago y Pasto (Nariño), aceleró la camioneta blindada para huir hombres encapuchados y armados que salieron a la vera del camino. Era la única forma de salvarle la vida al abogado Montilla, pues el hombre de protección no tenía su arma de dotación. “El salvoconducto se encontraba vencido sin que el coordinador de escoltas de la regional Nariño, Ramiro Hualpa, atendiera este diligenciamiento que había sido informado con anterioridad”, refiere el documento de Somos Defensores.
Mientras pasaron por encima de los obstáculos, los armados intentaron abrir las puertas y colgarse de la camioneta. El acto, a simple vista premeditado, el 23 de abril de 2016 puso en grave riesgo la vida del miembro de la Coordinación Nacional de Desplazados (Cnd) Nariño, integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Nariño, integrante de la Corporación Colectivo Suyana Suroccidente, sobreviviente de la Unión Patriótica y militante del Partido Comunista Colombiano (PCC).
Los líderes que no pudieron salvar la vida como Montilla, según Somos Defensores, 80 en 2016, no tenían medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). “De los 80 defensores asesinados en 2016, el 13% (10 casos) había denunciado amenazas previo a su asesinato”, señala el documento.
Al analizar el lugar donde se cometieron estos crímenes, continúa la tendencia que se ha identificado en años anteriores: en la mayoría de los casos los homicidios ocurren en la vivienda o en los alrededores de la vivienda del defensor. “Esto indica la premeditación y seguimiento que precede al homicidio de los defensores en Colombia pues, solo producto de estas acciones, es posible dar con las rutinas, caminos transitados y hogares de los defensores para asesinarlos, es decir, que previo a los asesinatos, los líderes fueron objeto de acciones de inteligencia”, advierte el informe.
Consecuentes con lo anterior, el 12% de los homicidios ocurrieron en las ciudades y el 88% restante en zonas rurales en las que muchas veces existe una fuerte presencia de Fuerzas Militares y la Policía Nacional, como es el caso de los departamentos del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca, casualmente los que registraron mayor número de homicidios en 2016.
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Hugo Cuéllar y el velorio que no fue
Salía del velorio de su compañero y amigo Erley Monroy, asesinado un día antes en la cabecera municipal de San Vicente del Caguán (Caquetá). Fue en inmediaciones del batallón Cazadores a las 10 de la noche. Huego Cuéllar, quien salió de la casa donde tenían el féretro, fue perseguido por hombres que dispararon dos veces contra su humanidad. Un solo tiro se alojó en el estómago y, por fortuna, el presidente de la junta de acción comunal de la vereda La Victoria y miembro de la Asociación Campesina Ambiental Río Lozada y Guayabero, sobrevivió.
El anterior hecho y las siguientes cifras dan cuenta del perfil de los líderes que están asesinando. Es alarmante el incremento de homicidios de líderes comunales con cargos directivos en las juntas de acción comunal. En 2015 se registraron 6 casos, pero el año pasado el número subió a 20. Los líderes campesinos registraron 4 casos en 2015 y 13 en 2016, mientras que los líderes comunales saltaron de 6 homicidios a 10 en el año anterior. Los líderes indígenas siguen estando en la cabeza de la lista: 15 casos en 2016.
En cuanto a la presunta responsabilidad en las muertes, la estadística del documento devela que se presentó un desproporcionado incremento en la posible participación de paramilitares en comparación con los casos registrados en 2015 (Ver tabla). Según Somos Defensores, este incremento está asociado a muchos de los movimientos que este grupo ha tenido en los territorios históricamente controlados por la guerrilla de las Farc.
“Lo anterior contrasta con la disminución significativa de la presunta responsabilidad en homicidios por parte de desconocidos. También se observa de manera particular cómo aún, a pesar de estar en un proceso de paz, las Farc y el Eln mantienen su participación en los homicidios contra defensores, que si bien son pequeñas proporciones con respecto al total de homicidios, es una situación incoherente con sus posiciones públicas sobre la búsqueda de la paz”, subraya el informe.
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La lucha contra la muerte de Carlos Ramírez
Mientras la Policía de Guajira vigilaba los alrededores del hospital San Juan del Cesar, adentro, Carlos Ramírez Uriana, luchaba contra la muerte en una camilla. El dirigente Wayuu fue atacado por dos desconocidos que le propinaron tres disparos afuera de su casa. Regresaba de una reunión que se realizó en otro resguardo el 3 de diciembre de 2016.
Ramírez Uriana se recuperó de las heridas, no obstante, a los líderes del resguardo indígena Mayabangloma (Pueblo Wayuu), les preocupa que sujetos desconocidos en motos de alto cilindraje sigan merodeando la zona y atacando a los aborígenes. Eso que le ocurrió a Ramírez ese sábado a las 6:30 pm. cuando una moto RX 115 de placa ZTZ-91 marca Yamaha, fue retenida por la Guardia Indígena, mientras los dos agresores de Uriana huían entre los cactus del desierto guajiro.
A sus 53 años, Ramírez Uriana ya fue cacique de su resguardo y ahora es el encargado de hacerle seguimiento al tema de víctimas del conflicto armado en ese territorio. Ocho días antes del suceso, José Carlos Puchaina de la comunidad de Barranco, también padeció frente a la frialdad de las balas de quienes las disparan.
El sábado pasado fue el asesinato de Falver Cerón, presidente de la junta de acción comunal del corregimiento de Esmeraldas (Mercaderes Cauca). Hoy, el informe de Somos Defensores pone de presente un solo mensaje: “Que la paz no nos cuente la vida”.
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