.jpg)
La propuesta del Gobierno no sólo acaba con el mantenimiento del
poder adquisitivo, sino que ni squiera compensa los recortes aplicados
El Gobierno comienza hoy la discusión con los interlocutores sociales de
su propuesta de “revalorización” de pensiones. Dicha propuesta
devolverá a los actuales pensionistas
a los tiempos del franquismo, cuando las pensiones se revalorizaban una
vez cada cinco o seis años y la inflación desmontaba el poder
adquisitivo de las pensiones en pocos años.
Consciente del sentido regresivo de su
propuesta, que no contempla allegar a la Seguridad Social nuevos
ingresos ni recuperar las cotizaciones que están ahorrándose las empresas,
el Gobierno ha establecido un “generoso” límite mínimo a la
revalorización, señalando que “se le aplicará un límite inferior igual a
0,25%”.
Esta propuesta, que supone por ejemplo ochenta céntimos a los
pensionistas de pensiones no contributivas o euro y medio a los
pensionistas de mínimos puede aparentar ser una garantía, aunque
escuálida. Pero ni siquiera es esto.
La garantía del 0,25% supondrá 266 millones en cifras de este año
Cuando entró en vigor en julio de 2012 el decreto que estableció las
aportaciones del paciente al Sistema Nacional de Salud Antares Consulting
evaluó para lo que restaba de año (en un trabajo solicitado por el
Grupo Cofares) 384,22 millones de euros como fondos que saldrían del
bolsillo de los pensionistas. La misma consultora consideró que en 2013,
ya en vigor el decreto durante todo el año, esta cantidad crecería en
quinientos millones de euros. A los que
habría que sumar las facturas por gastos no farmaceúticos que Antares
no consideró (ambulancias, desplazamientos, etc). Estamos pues hablando
de entre 900 y 1.000 millones de euros al año cobrados a los
pensionistas. La garantía del 0,25% supondrá 266 millones en cifras de
este año.
En conclusión, lo que se ha producido y va a consagrarse para todos los
años de gobierno del PP en España no es una revalorización de
pensiones, sino una disminución, que afectará especialmente a los más
necesitados -los ancianos enfermos-. Los representantes de la Unión
General de Trabajadores en los órganos de participación del sistema sanitario
ya han denunciado como están empezando a aparecer en los servicios de
urgencia de los centros hospitalarios personas mayores que no se han
tomado la medicación que les ha sido prescrita. Obligados al
mantenimiento de sus familias o simplemente desbordados por esta nueva
obligación que no pueden afrontar, el derecho a la salud ya no es para
ellos una realidad.
(*) Ex Secretario de Estado de la Seguridad Social
No hay comentarios:
Publicar un comentario