Periódico La Jornada
Martes 18 de noviembre de 2014, p. 4
Aunque las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales suelen asociarse al gobierno de Felipe Calderón, ambos crímenes aún se cometen hoy día de forma constante en la gran mayoría de los estados, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales (ONG), y esto ocurre porque los delitos permanecen en una impunidad casi total.
El nivel de incidencia de las desapariciones y ejecuciones durante este sexenio aún es muy parecido al del anterior, y aunque en la presente administración se aplicó la estrategia de no hablar del problema para crear la sensación de que éste no existía, los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa cambiaron este escenario, según información recabada por los corresponsales de este diario en el país. Los datos obtenidos revelan además que esos y otros episodios de violencia hicieron que México volviera a captar la atención internacional.
Dos escándalos internacionales
Como se ha informado en estas páginas, el pasado 30 de junio al menos 15 presuntos miembros de una organización criminal –entre ellos dos menores de edad– fueron víctimas de ejecución extrajudicial en el municipio de Tlatlaya, estado de México, cometida por militares, pese a que los supuestos delincuentes ya se habían rendido y estaban desarmados.
Con base en los testimonios de tres mujeres sobrevivientes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que aunque los soldados habían prometido respetar la vida de los sospechosos si éstos se rendían, los mataron luego de haberlos sometido, disparándoles cuando estaban contra la pared.
En cuanto a las desapariciones forzadas, el caso de los 43 normalistas atacados por policías municipales de Iguala, Guerrero, el 26 y el 27 de septiembre pasado, es uno de los que más indignación han causado a escalas nacional e internacional.
Según las investigaciones de las autoridades, los jóvenes fueron entregados por los policías al grupo criminal Guerreros Unidos, y aunque hay más de 30 detenidos que han declarado, aún no son encontrados los estudiantes.
La organización Human Rights Watch manifestó que el caso de Tlatlaya es “una de las más graves masacres ocurridas en México”, mientras Amnistía Internacional subrayó que las autoridades nacionales son responsables de la falta de una investigación adecuada en relación con los normalistas agredidos en Iguala.
Más allá de estos dos ejemplos, que alcanzaron gran eco mediático en semanas recientes, en diversas entidades las ejecuciones y desapariciones son desde hace años una constante.
Un ejemplo es Coahuila, donde según estadísticas de la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas –dependiente de la Procuraduría General de Justicia del estado– hay al menos mil 808 desaparecidos de 2000 a 2013.
A su vez, la asociación civil Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila documentó 321 casos ocurridos en 143 eventos entre 2007 y agosto de 2013. Hay evidencias de participación de militares o policías en al menos 34 de ellos.
Otra entidad donde sobresale el problema es Michoacán. En los tres años pasados se han presentado unas 200 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por casos que involucrarían tanto a la delincuencia organizada como a diversos cuerpos oficiales de seguridad.
“No se preocupen, aquí es seguro”
En Morelos ocurrieron en años recientes dos casos de desaparición forzada en los que están presentes muchas de las características de impunidad que rodean este delito en el país, de acuerdo con ONG.
Uno de ellos fue el de Alan Cerón Moreno, quien fue privado de su libertad el 24 de diciembre de 2011, escapó de sus captores dos días después y fue visto por última ocasión en una agencia del Ministerio Público (MP) de Chilpancingo, Guerrero, cuyo titular está acusado de volver a entregarlo a sus plagiarios.
La madre de Alan, Rosa María Moreno, recordó que el 26 de diciembre de 2011 recibió una llamada telefónica de su hijo, quien le avisó que estaba en una agencia del MP en la capital de Guerrero para levantar una denuncia por la privación ilegal de su libertad, y pidió que le mandaran dinero para regresar a Cuernavaca.
El joven puso al teléfono a un agente del MP que dijo a la madre que el muchacho estaba “golpeado, pero bien. Tráiganle una muda de ropa porque está muy mojado. Acá los esperamos, no se preocupen, aquí está seguro”.
Pero a las 22:30 horas, cuando la familia llegó a Chilpancingo, el funcionario les dijo que el joven se había ido un par de horas antes y no sabía adónde.
No volvieron a saber de él, hasta que el 17 de mayo de 2012 el cuerpo de Alan Cerón se encontró enterrado en un predio al norte de Chilpancingo. Aunque fueron denunciados varios funcionarios, hasta el momento ningún responsable ha sido castigado.
Tortura que lleva a la muerte
Otro caso simbólico en el que se conjuntaron la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial fue el del joven Jethro Ramsés Santana, quien la tarde del 2 de mayo de 2011 fue detenido por policías municipales cuando convivía con sus amigos en la Feria de Cuernavaca, luego de una pelea en el lugar.
Los agentes municipales lo entregaron a federales y éstos a su vez a soldados del 21 batallón de la 24 Zona Militar, quienes lo torturaron en sus instalaciones hasta matarlo. Luego lo enterraron en un predio en Atlixco, Puebla.
Por ese hecho fueron aprehendidos dos militares de rangos medio y bajo, pero siguen prófugos de la justicia otros participantes en el asesinato, así como los jefes que ordenaron la tortura y la desaparición del cuerpo.
Un episodio que también alcanzó notoriedad pública por su gravedad es el de los hermanos José Luis y Carlos Guzmán Zúñiga, desaparecidos en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El 14 de noviembre de 2008, un grupo de soldados, comandados por el teniente Mario Ancheyta Cruz, apresaron a los hermanos en el contexto de la Operación Conjunta Chihuahua, con la acusación de que estaban implicados en los delitos de venta de drogas y extorsión.
Como se supo después en la investigación del caso, ambos fueron torturados durante el interrogatorio, y cuando uno de ellos perdió la vida por ahogamiento, el capitán Javier Sánchez Aiza ordenó que “desaparecieran toda evidencia”.
Por tal razón, los dos fueron llevados a un sitio del desierto donde el joven sobreviviente a la tortura recibió dos disparos y fue enterrado junto a su hermano.
Sin investigaciones reales
Como documentaron los corresponsales de La Jornada, una muestra de la falta de investigación en la gran mayoría de las ocasiones es el caso de Bárbara Reyes, joven de 16 años que desapareció en Cuautitlán, estado de México, en agosto de 2011.
La Procuraduría General de Justicia de esa entidad ofreció en diciembre de 2012 una recompensa de 250 mil pesos a quien ofreciera datos sobre el paradero de la adolescente. Dos meses después, las autoridades se dieron cuenta de que habían buscado a Bárbara por más de 500 días cuando el cadáver de la muchacha en realidad había estado en el Servicio Médico Forense durante meses.
Esa misma “falta de coordinación y resultados” han sido evidentes en estados como Baja California Sur, donde se han documentado más de 2 mil casos de desaparición en los 20 años anteriores, con 300 averiguaciones previas abiertas, pero sin que ninguno sea resuelto, y Veracruz, donde la iniciativa de castigar este delito con 30 años de cárcel no ha ayudado a resolver los más de 700 casos registrados, muchos de ellos con probable participación de funcionarios estatales.
Ejecuciones en la impunidad
En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales –asesinatos deliberados cometidos por servidores públicos, quienes se apoyan en la autoridad del Estado para justificar el delito–, destaca el caso “emblemático”de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo.
Ambos jóvenes, estudiantes con beca de excelencia académica en el Tecnológico de Monterrey, murieron el 19 de marzo de 2010 a manos de militares, quienes los confundieron con pistoleros durante un tiroteo en la capital de Nuevo León.
Los alumnos trataban de protegerse del fuego cruzado, y cuando trataban de huir fueron abatidos por militares. Los uniformados les dieron el tiro de gracia y durante horas la información oficial los calificó de delincuentes, aunque al día siguiente el gobierno federal corrigió y tuvo que prometer una investigación.
De igual forma se puede mencionar el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa Gabriel Echevarría de Jesús y Jorge Herrera Pino, muertos por disparos de las policías federal y estatal cuando participaban en un bloqueo de la Autopista del Sol, en Guerrero, en diciembre de 2011.
Hay otros casos en los que no se ha comprobado la participación de fuerzas de seguridad, pero igualmente se trata de homicidios no resueltos ni investigados, sobre todo contra líderes sociales y activistas de derechos humanos.
Entre ellos se encuentra el de los dirigentes mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en 2009; la líder campesina Juventina Villa y su familia, en noviembre de 2012; Arturo Hernández Cardona y dos de sus compañeros, miembros de la Unión Popular de Iguala, en junio de 2013, y Rocío Mesino, dirigente agraria, en octubre de ese mismo año. Todos estos crímenes se cometieron en Guerrero.
En el norte del país destacan los homicidios de Ismael Solorio y su esposa, Manuelita Solís, dirigentes de la organización campesina El Barzón, el 22 de octubre de 2012 en Chihuahua; y el de Sandra Luz Hernández, quien fue asesinada el 12 de febrero de 2012 en Culiacán, Sinaloa, cuando trataba de encontrar a los responsables de la desaparición forzada de su hijo Édgar.
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