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Convocatoria para mostrar el rechazo a la reforma que plantea el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón
Miembros de asociaciones de fiscales, abogados y jueces, además de la
Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas, han participado en
la conferencia
Alrededor de 60 personas se han reunido este viernes en Madrid para mostrar su rechazo a la reforma del Código Penal
que plantea el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La acción
ha contado con las intervenciones de representantes de la Plataforma en
Defensa de las Libertades Democráticas (PDLD), el Foro de Abogados de
Izquierdas, la asociación judicial Jueces para la Democracia, la Unión
Progresista de Fiscales (UPF) y la Intersindical de Madrid.
Los conferenciantes han intervenido durante hora y media para denunciar lo que consideran un “golpe de Estado
silencioso”, en palabras de Óscar López Corral, de la PDLD. El
representante de la Plataforma ha sido especialmente duro en su
intervención, en la que ha comparado el proyecto de Ley de Reforma del
Código Penal –junto a algunas de las medidas tomadas por el Gobierno,
como la Ley de Tasas para acceder a la Justicia– con la Ley Habilitante
alemana de 1933, que otorgó todos los poderes a Adolf Hitler y lo
convirtió de facto en dictador.
El representante de la PDLD también ha afirmado que la nueva norma
supondrá una suerte de “comodín legal” para que el Estado reprima las
protestas sociales. “Hasta ahora, en las manifestaciones que se han
producido se han estado dando formas de represión que no estaban
contempladas legalmente”, ha señalado López Corral, que ha manifestado
que se han incluido en el proyecto de Ley “nuevos tipos delictivos ad
hoc con el fin de poder justificar esa represión”. “Estamos avanzando
hacia un Estado totalitario a través de mecanismos democráticos”, ha
asegurado el ponente.
El Código Penal, una norma “de clase”
En la misma línea se ha expresado Antonio Segura, miembro del Foro de
Abogados de Izquierdas, que ha alertado de que la Justicia se está
convirtiendo “en un elemento más del poder”. Segura ha calificado al
Código Penal de ser una norma “de clase”, y ha comparado las posibles
penas que se manejan para los eventuales culpables del caso Bárcenas con
las que se plantean para un
robo comun de mucha menor cuantía, asesgurando que estos últimos están
sancionados con una pena “muy superior”.
“No se nos escapa que el Código Penal está dentro de un puzzle
de todo un sistema que la clase dominante utiliza”, ha manifestado el
letrado. Después de criticar el, a su juicio, talante conservador de la
mayoría del poder judicial, también ha afirmado que “tenemos unos
poderes legislativo y ejecutivo diseñados para que puedan tener cabida
estas normas contrarias al pueblo soberano, del que emana la Justicia,
un sistema parlamentario basado en una Ley Electoral que promociona un
sistema mayoritario donde dos partidos se reparten la representación. Si
no existiera ese sistema electoral tampoco sería fácil poder legislar un Código como este”.
La nueva Ley “equipara la acción con el anuncio de la acción”
Mayor concreción ha aportado Carlos García Berro, de la UPF, que ha
comentado varios de los artículos que el nuevo Código Penal modifica. El
fiscal ha asegurado que “la paz social debe apoyarse en el artículo 10″
de la Constitución” –que defiende que “la dignidad de la persona, los
derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son
fundamento del orden político” la mencionada “paz social”– y no en la
“represión”.
De igual manera, García Berro ha detallado la nueva configuración de los delitos contra
el orden público. El miembro de la UPF ha explicado que, mientras que
en la actualidad el delito de desórdenes públicos tan solo es aplicable a
individuos que actúen en grupo, en el nuevo Código Penal podrá
imputarse esta acción a un único individuo si se considera que ha
“amparado” su acción en un colectivo, una definición que ha calificado
de poco concreta. En la misma línea, el fiscal ha señalado que, mientras
la legislación actual recoge varios casos explicitados como desórdenes
públicos, la nueva norma es mucho menos concreta en ese sentido.
García Berro ha denunciado que el nuevo Código Penal “equipara la
acción con el anuncio de la acción”, y ha puesto como ejemplo la nueva
redacción del artículo 557, que –según ha leído– reza que cometerán
desórdenes públicos “quienes alteren la paz pública ejecutando actos de
violencia contra las personas o contra las cosas”, pero también quienes
“amenacen a otros con llevarlas a cabo”. “Desde luego, yo como fiscal en
ningún momento podré justificar los excesos verbales que puedan cometer
algunos manifestantes”, ha puntualizado García Berro, pero “no es de
recibo” que estos actos vayan a ser considerados delitos contra el orden
público, ha dicho.
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