¿Dónde está el tesoro y el corazón de la Iglesia española?

Redacción de Atrio, 06-Mayo-2013

Reunimos en esta entrada dos artículos que iluminan dónde tiene la Iglesia jeráquica española puesto su corazón. Hoy El País publicaba un informe sobre la rapidez y facilidad con que la Iglesia ha inscrito a su nombre en los Registros de la Propiedad 4.500 inmuebles, previendo que así aseguraba su tesoro y podía dormir tranquila al amparo de cualquier crisis. Y hace unos días Vicenç Navarro comparaba el silencio ensordecedor de los obispos españoles sobre los recortes del gobierno a los ciudadanos con la actitud de los obispos anglicanos, teóricamente plenamente vinculados al gobierno de su Majestad la Reina pero de hecho más sensibles a los problemas del pueblo que sufre los recortes.

La Iglesia inscribió 4.500 propiedades sin publicidad y sin pagar impuestos

Las diócesis vivieron un boom inmobiliario a partir del año 2003

El obispado de Córdoba registró la mezquita en marzo de 2006 por 30 euros

Luis Gómez Madrid, 6 MAY 2013

La Iglesia experimentó un boom inmobiliario muy particular, sobre todo, a partir del año 2003. Una reforma de la ley Hipotecaria en 1998 durante el Gobierno Aznar permitió a la Iglesia, y solo a la Iglesia, inscribir lugares de culto y otras propiedades que no estuvieran registradas. La consecuencia de esta reforma fue una movilización de los ecónomos de las diócesis, algunos de los cuales llegaron a contratar aparejadores o personal técnico. En este proceso, la Iglesia registró a su nombre 4.500 propiedades, según fuentes fiables cercanas a los registros de la propiedad, algunas tan notables como la mezquita de Córdoba.

El registro se hizo sin necesitar otro requisito que una certificación del Obispo, sin estar obligada a hacerlo público por edicto y sin pagar el impuesto de transmisión patrimonial. Los ciudadanos de Córdoba averiguaron en 2009 que la mezquita había sido registrada a nombre del Obispado tres años antes (el 2 de marzo de 2006), acto que le costó 30 euros.

Si el Gobierno Aznar liberalizó el suelo, también le concedió a la Iglesia católica un resquicio legal que le permitió hacerse con templos, ermitas, casas parroquiales, cementerios y fincas de todo tipo, algunas de las cuales vendió con posterioridad a su registro y le permitió obtener las correspondientes plusvalías, por una cuantía desconocida porque ni siquiera tienen la obligación de rendir cuentas a la Conferencia Episcopal en este asunto. “La inmatriculación [el acto del primer registro de una finca] de una propiedad a través de un notario es un proceso complejo, que exige certificaciones y testigos y que, en este caso, es obviado por una certificación del Obispo”, señala una fuente del Consejo General del Notariado.

Esto es así porque en la Ley hipotecaria de 1944 se equipara al eclesiástico (el obispo) con un fedatario público, es decir a un notario, una norma no derogada que, según algunos expertos, es inconstitucional. Alejandro Torres, catedrático de la Universidad Pública de Navarra, ha divulgado numerosos artículos sobre este particular: “Este proceso no es compatible con los principios constitucionales de igualdad religiosa, neutralidad y separación entre Iglesia y Estado”.

Los privilegios de la Iglesia no acaban en la certificación: también está exenta de hacer pública la adquisición mediante un edicto. Esa ausencia de publicidad ha permitido en casi todos los casos que transcurran los dos años de carencia de que goza una primera inscripción sin que nadie lo advierta y, por tanto, pueda recurrir.

No todas las diócesis han sido igualmente diligentes a la hora de registrar propiedades. Es conocido que Lucio Vallejo, el anterior ecónomo del obispado de Astorga (actual número 2 de las finanzas del Vaticano) hizo que contrataran los servicios de una aparejadora para llevar a cabo el proceso de inmatriculaciones. Menos problemas tuvo su colega de la diócesis de Pamplona y Tudela, Javier Aizpún, por el mero hecho de que es arquitecto.

Precisamente Navarra es la comunidad donde el fenómeno de las inmatriculaciones ha sido más estudiado y ha dado lugar al nacimiento de una Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro a la que se han adherido 117 municipios. Dicha plataforma ha llegado a censar hasta 1.087 propiedades a nombre de las diócesis navarras. “A principios de 2007, de manera casual”, reza un documento de la plataforma, “se descubrió que la Diócesis navarra estaba inmatriculando masivamente todo tipo de edificios religiosos, casas, tierras, arbolados, cementerios… Más de mil escrituraciones desde el año 1998, por unas docenas de euros, al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, más que cuestionado por ser totalmente anticonstitucional”.

La conclusión de la plataforma es que la Iglesia se ha convertido en la mayor inmobiliaria de Navarra. “El procedimiento no exige exposición pública alguna, por lo que los pueblos navarros no se han enterado y se han encontrado de la noche a la mañana con que una parte de su patrimonio público, mantenido siempre con gran esfuerzo, está privatizado”. Alguna poblaciones ha iniciado denuncias ante los juzgados con escasa fortuna.

Esta movilización inmobiliaria se realizó sin una coordinación central a través de la Conferencia Episcopal. “Las diócesis tienen un elevado grado de autonomía”, señala José Manuel Vidal, experto en temas religiosos y director de religiondigital.com, “incluso en temas económicos por lo que no dan cuentas mas que a Roma cada cinco años. Los ecónomos se reúnen una vez al año en unas jornadas, pero no han tratado conjuntamente el asunto de las inmatriculaciones. Las diócesis se han limitado a solicitar informes jurídicos a la Conferencia Episcopal. No creo siquiera que Fernando Giménez Barriocanal, el gerente del Episcopado, tenga una información detallada al respecto”.

Asociaciones como Europa Laica han tratado sin éxito de llamar la atención de la opinión pública sobre este fenómeno que parece irreversible. El asunto se trató en una moción debatida en el Senado el pasado mes de octubre, presentada por el grupo catalán Entesa. Se pedía la supresión de la reforma que hizo el Gobierno Aznar en la Ley Hipotecaria. Pero fracasó por 8 votos contra 12. PP y PNV votaron en contra, a pesar de reconocer la complejidad jurídica del asunto y las dudas de inconstitucionalidad.