El arzobispo de Tánger: «Lo malo no son las concertinas, sino la ideología que las sustenta» Miguel Múñiz

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Denuncia que se usa un lenguaje que presenta al emigrante «como un ladrón, alguien del que hay que defenderse»

El arzobispo de Tánger, monseñor Santiago Agrelo, denuncia que las alambradas equipadas con cuchillas que coronan la valla fronteriza en Ceuta y que se están reinstalando en el mismo área de la valla de Melilla«son síntoma de algo mucho más profundo y más terrible que las cuchillas mismas, la ideología que las sustentan».

En una entrevista en la víspera del Día Internacional del Migrante, monseñor Agrelo critica el discurso político de España respecto a la inmigración, un «lenguaje que señala al emigrante, al pobre, como un asaltante, un ladrón, un peligro del que hay que defenderse». «De esas palabras está lleno el lenguaje de los políticos y los periodistas; es un lenguaje del ejército, de asalto, como si estuviéramos en una trinchera defendiéndonos de alguien que viene a conquistarnos, pero al otro lado sólo hay gente enferma, pobre y malnutrida», señala.

Este franciscano, natural de la parroquia de Asados, en Rianxo (La Coruña), que rige a los católicos de Tánger desde 2007, reconoce que aunque se retirasen las cuchillas, «el problema de fondo continuaría intacto», porque la situación «humana de desprotección de la vida, de la salud y de su seguridad» de los migrantes y la vulneración así de sus derechos fundamentales, «continuaría tal cual». Por eso, dice que los ciudadanos tienen que «ampliar la visión».

«No se trata sólo de las concertinas, sino de que no se puede supeditar la vida y los derechos de las personas a la seguridad de otras: ellos no son inmigrantes irregulares, son simplemente emigrantes, quienes les hacen irregulares somos nosotros y privar de derechos a hombres mujeres y niños sólo porque nosotros administramos un predicado es profundamente injusto», denuncia. El arzobispo está convencido de que esta situación «sólo se puede resolver desde Europa» puesto que es la UE quien paga a Marruecos para que ejerza «de policía» y controle su frontera sur.