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El anteproyecto de ley que anunció Fernández Díaz en el Congreso
supone el endurecimiento de una represión contra los movimientos ya
denunciada por organismos internacionales, juristas y partidos políticos
El ministro de Interior Jorge Fernández Díaz anunció este miércoles en
el Congreso de los Diputados que ya estaba listo el anteproyecto de la
nueva Ley de Seguridad
Ciudadana, que en los próximos días pasará a la Cámara para que sea
discutida por los parlamentarios. Viene a sustituir a la anterior
legislación, que data de 1992, la denominada Ley Corcuera, en referencia
al ministro socialista que la impulsó.
Con esta nueva legislación, el Partido Popular pone el punto de mira
en la protesta ciudadana contra las políticas de austeridad. Los
escraches, manifestarse sin autorización frente al Congreso de los
Diputados o la quema de contenedores dejarán de ser considerados como
faltas para ser tipificados como infracción, que podrán ser leves,
graves o muy graves y que irán acompañadas de un endurecimiento de las
sanciones que establece la reforma del Código Penal.
Esto supone una nueva vuelta de tuerca y un blindaje a la acción del
Gobierno y la Policía contra los movimientos sociales, una acción que el
propio Consejo de Europa ya condenaba recientemente. El pasado mes de
octubre el comisario europeo de Derechos Humanos,
Nils Muiznieks, llamó la atención al Gobierno de Rajoy después de
constatar que las autoridades recurren a un “uso excesivo de la fuerza”
contra las manifestaciones ciudadanas, importantes violaciones de los
derechos humanos como la tortura o el racismo institucional
siguen siendo practicadas por funcionarios públicos y el Gobierno
favorece la impunidad policial indultando a agentes condenados en casos
de malos tratos y torturas.
Sixto (IU): “Por encima de la voluntad del ministro está la garantía de los derechos constitucionales”
Ricardo Sixto, diputado de Izquierda Unida en el Congreso, asegura
que el objetivo del PP con esta nueva legislación es “dar naturaleza
legal” a las actuaciones de las autoridades que han sido denunciadas por
los organismos internacionales. En declaraciones a Público, asegura
que, ante todo, “lo que tiene que quedar claro es que por
encima de la voluntad de cualquier ministro de dificultar y perseguir
la protesta ciudadana está la garantía de los derechos
constitucionales”, porque “manifestarse es un derecho y no está
justificada la represión desmedida sólo porque no esté comunicada a
Delegación de Gobierno”. De esta forma, Sixto recuerda que los propios
tribunales españoles dijeron que los escraches son una manifestación
como otra cualquiera y, por lo tanto, no cabe castigarlos como un
delito. “El ministro quiere poner una mordaza en la boca de cada español
que protesta”.
Los activistas de los movimientos sociales vienen denunciado esta
situación desde hace tiempo. Hasta el momento, desde que comenzaron las
movilizaciones en mayo de 2011 se han puesto 1.136 multas
administrativas a manifestantes que habían sido identificados por
participar en protestas, 230 sólo entre enero y abril de 2012, según los
abogados del movimiento. Además, desde la Asamblea de Vivienda, estiman
que sólo en Madrid hay un total de 40.000 euros en multas por
escraches. El centro de las críticas ha sido la delegada de Gobierno
Cristina Cifuentes. Hasta en cuatro ocasiones, los juzgados han
desautorizado las multas que imponía la institución que ella dirige al
considerar que vulnera el derecho fundamental a la presunción de
inocencia del manifestante.
Sólo en Madrid hay más de 40.000 euros de multas por participar en escraches
La comisión de abogados del 15-M ha denunciado en diversas ocasiones
que “la práctica de sanciones indiscriminadas contra la ciudadanía que
se moviliza obedece a una política de represión de baja intensidad
orientada a desincentivar la protesta social”. Más multas y menos
detenidos ante el juez. Y es que en la inmensa mayoría de los casos los
jueces no dan por válidas las acusaciones presentadas por la Policía y
los arrestados suelen quedar en libertad sin cargos. De hecho, hasta el
pasado verano, ninguno de los 447 detenidos en movilizaciones por los
agentes de Policía había sido condenado.
“En los últimos tiempos ha habido un cambio en la forma de
represión”, explica Ignacio Martín, abogado con experiencia en este tipo
de casos, “ahora está más basada en el proceso administrativo, porque
han visto que el proceso penal es más garantista y los detenidos siempre
quedan absueltos”. En este sentido, asegura que “en este momento de
paro y precariedad poner muchas multas es más lesivo que una condena de
cárcel que nunca se cumple”. En cuanto a los efectos que tienen en los
activistas detenidos, Martín asegura que las multas generan “miedo a la
deuda, una sensación de control del Estado y de indefensión”. “El
proceso penal asusta más pero el administrativo genera un control más
sutil, más basado en el miedo, un control menos espectacular pero más
constante” asegura el letrado.
En enero, Amnistía Internacional entregó en el Ministerio de Interior
entregar más de 60.000 firmas para pedir al Gobierno que investigue los
abusos cometidos en las cargas policiales que se produjeron al final de
la manifestación del 25 de septiembre de 2012 en los alrededores del
Congreso de los Diputados. En el comunicado, AI también denunciaba que
el director general de la Policía, Ignacio Cosidó pretendía prohibir la
difusión de imágenes de agentes de Policía en ejercicio de sus funciones
en la próxima Ley de Seguridad Ciudadana. Dado que el texto aún no se
ha hecho público, se desconoce si Fernández Díaz ha incluido finalmente
este punto, puesto que el miércoles no hizo referencia al respecto.
“Las multas son represión de baja intensidad orientada a desincentivar la protesta”
Sin embargo, para el ministro “el objetivo primordial es garantizar
de forma más eficiente la seguridad pública y a su vez proteger mejor a
quienes tienen la misión constitucional de velar por el libre y pacífico
ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, es decir,
Guardia Civil Policía y fuerzas de seguridad”. En cuanto a la
criminalización de las protestas pacíficas, se justificó aduciendo que
“no estaba contemplado, por ejemplo, las manifestaciones no autorizadas o
los intentos de acoso a sedes de centros de instituciones como puede
ser el Congreso, el Senado el Tribunal Supremo, el Tribunal
Constitucional, el CGPJ y determinados actos que puedan realizarse al
margen de la ley y que puedan ser una amenaza y que no están tipificados
como delitos”.
Tal es el empeño del Gobierno que, mientras todas las partidas
presupuestarias han ido descendiendo, la destinada a Interior no ha
parado de subir. El presupuesto para el Ministerio de Fernández Díaz
asciende a 8.028 millones de euros, cifra que supone un incremento del
1,3% respecto a los del presente ejercicio, en un momento en el que el
conjunto de las partidas generales del Estado ha experimentado un
descenso del 4,7%. Para él, esto es una forma de salvaguarda de la
seguridad “en todas sus dimensiones”.
Ley Corcuera
La nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana viene a
sustituir a la anterior, la conocida como Ley Corcuera, aprobada el 21
de febrero de 1992, y que en su día ya fue criticada duramente por todos
los grupos políticos de la oposición, los sindicatos y la sociedad
civil. Fue esta legislación la que sentó las bases sobre las que
actualmente se basa la actuación de las fuerzas de seguridad. El propio
Tribunal Constitucional declaró nulo el apartado segundo del artículo
21, que daba a cada agente la facultad de decidir entrar en una vivienda
bajo sospecha de que ahí se estaban produciendo hechos delictivos
relacionados con estupefacientes.
En 1992, tanto el líder conservador, José María Aznar, como el de IU,
Julio Anguita, se opusieron a la Ley Corcuera. Aunque Aznar luego la
aplicó sin cuartel durante su mandato. En 1991 Anguita ya afirmó que la
democracia española “está adquiriendo rasgos de régimen autoritario”.
Esta ley se está actualizando en la actualidad para multar a
manifestantes con sanciones de 1.500 euros, como convocantes de una
concentración no comunicada.
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