Los recortes autonómicos y las subidas fiscales afectan ya a los más pobres

El País

Algunos gobiernos autonómicos abren el debate sobre el copago en justicia o sanidad
El tijeretazo de comunidades y ayuntamientos al capítulo sus gastos por la crisis, más de 5.000 millones de euros hasta final de año, ha empezado a afectar a los ciudadanos con menos recursos económicos en España. Desde las viudas con pensiones mínimas que han perdido el plus (de entre 400 y 1.000 euros) que les pagaba la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha; hasta los padres de menores de 3 años que llevan a sus hijos a guarderías públicas de Cataluña o los ancianos asistidos en centros sociales de esta comunidad, pasando por los vecinos de 40 localidades valencianas que sufrirán una subida del 150% en el recibo que pagan por la tasa de basuras; o los usuarios del transporte público en Madrid a los que se ha subido un 50% el billete sencillo.

El goteo de medidas impopulares que están tomando las administraciones públicas en pleno mes de agosto para hacer frente a la caída de ingresos reduciendo gastos toca ya de lleno a los ciudadanos más desfavorecidos.

Algunos gobiernos autónomos, como el valenciano, han empezado a promover incluso el debate sobre el cobro de determinados servicios públicos hasta ahora gratuitos, como el jurídico o el sanitario, ambos sostenidos con el dinero que los contribuyentes pagan por impuestos y tasas. Otros ayuntamientos, como el de Madrid, defienden que en estos momentos de crisis en los que bajan los ingresos nadie reduzca impuestos.

El Ayuntamiento de la capital afronta una nueva subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como consecuencia de la revisión catastral y no piensa modificar el tipo para que los vecinos no paguen mucho más en los próximos años.

Todas estas medidas persiguen reducir el déficit, una de las obsesiones del Gobierno central que ya ha anunciado de imponer un tope de gasto a las comunidades.

Los sindicatos minoritarios preparan movilizaciones

La Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Coordinadora Sindicalismo de Clase (CSC) y Solidaridad Obrera (SO) se reunirán el próximo 2 de septiembre para decidir un calendario de movilizaciones para otoño como paso previo hacia una huelga general contra las políticas de “recorte” y “pérdida” de derechos.

Esta fue una de las conclusiones tras el encuentro de estos sindicatos minoritarios el pasado 29 de julio, con el objetivo de continuar “dando pasos” hacia un calendario de movilizaciones conjunto.

Las organizaciones sindicales se comprometieron además a trasladar las “prácticas sindicales” a los barrios y centros de trabajo. “Creemos necesario extender a los centros de trabajo la dinámica de movilización social generada por las asambleas en las plazas y los barrios,”, explicaron en un comunicado.

En esta “lucha” contra los recortes, llaman a la movilización desde una “ruptura” con el que consideran sindicalismo “institucionalizado, subordinado y cómplice”, en referencia a CC.OO. y UGT.