Jesús Martínez Gordo
El PSOE ha comunicado los últimos días del mes de julio su voluntad de llevar a las Cortes una Ley de Libertad de Conciencia, Religiosa y de Convicciones -aparcada en la última legislatura del Gobierno Zapatero- y de renegociar los Acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979, desmarcándose de una “denuncia” unilateral de los mismos. Es un doble anuncio que reabrirá, no tardando mucho, el debate sobre la diferencia entre la “aconfesionalidad” del Estado (pero no de la sociedad), tal y como se recoge en el artículo 16.1 y 16.3 de la Constitución española y sobre los diferentes contenidos asignados a lo que se entiende por “laicidad”, frecuentemente contradictorios entre sí, además de yuxtapuestos, algunos de ellos, a la “aconfesionalidad” acordada en el pacto constitucional.
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