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Juan Montero (miembro de la Marea Pensionista de Catalunya) y Adriana Beidenagl (militante de Lucha Internacionalista y miembro de la Marea Pensionista de Catalunya)
ESTADO ESPAÑOL: PENSIONES. 1985-2017:
Cuando el PSOE aprueba la «Ley de Medidas urgentes para la
Racionalización de la Estructura y Acción Protectora de la Seguridad
Social», ésta recibe la respuesta de clase, con la primera Huelga
General de la restauración de la democracia, el 20 de junio de 1985. Una
Huelga General contra el Gobierno del PSOE, convocada por CCOO y
apoyada por otras organizaciones de izquierda. UGT no la apoya. ¿Qué
medidas provocaron tal indignación en la clase trabajadora? …pasar de 2 a
8 años el período de la base reguladora para calcular la pensión y
pasar de 8 a 10 los años necesarios para tener derecho a la misma.
En la década de los 90 se desata una fuerte campaña publicitaria de
la Banca y las compañías aseguradoras para captar clientes para los
fondos privados de pensiones. Necesitaban atemorizar a la opinión
pública, presentando como inviable el sistema público de pensiones.
En 1995 el Congreso de los Diputados, a propuesta de CiU, crea el Pacto
de Toledo, que supone la legitimación de las políticas de ajuste en el
Sistema Público de Pensiones, avaladas con el primer Pacto de Pensiones
que firmaron CCOO y UGT con el gobierno Aznar y aprobado mediante la Ley
24/1997 que establece un cambio fundamental: la totalidad de las
pensiones contributivas se financiarán exclusivamente con las
cotizaciones sociales, sin que el estado intervenga. Ésta Ley fue
aprobada por la mayoría de partidos parlamentarios.
Aquí no hubo una gran respuesta en contra, porque las dos grandes
centrales sindicales fueron cómplices de la reforma que tenía como
objetivo recortar un derecho fundamental de los trabajadores y las
trabajadoras, favoreciendo al capital financiero y a la patronal.
En 2007, PSOE, CCOO, UGT, CEOE y CEPIME suscriben una nueva reforma en
base a las Recomendaciones del Pacto de Toledo. Acuerdan medidas como el
aumento del tiempo cotizado para tener derecho a una pensión, nuevas
rebajas de cotizaciones a la patronal, etc.
En 2011, la reforma establecida por el gobierno de Zapatero avanza en el mismo camino con con la complicidad de CCOO y UGT.
La Reforma de 2011 en síntesis supone:
Cada año se aumenta la edad mínima para poder jubilarse, hasta llegar en el 2027 a los 67 años.
Se pasa de 15 a 25 años el período para calcular la base reguladora de
la pensión. Y no sólo eso, sino que para la «cobertura de lagunas» [el
tiempo sin haber cotizado durante este período] no se aplica ya el 100%
de la base mínima de cotización sino el 50%, exceptuando 48
mensualidades. Para muchos pensionistas, esto puede llegar a representar
hasta un 38,10% menos de pensión.
Se aumenta también de 35 a 37 los años necesarios para cobrar el 100% de la pensión, junto a otros requisitos.
Se recorta el complemento de mínimos de la pensiones a las personas que han padecido más precariedad en su vida laboral.
Por último, en 2011 al margen de la Reforma de pensiones, Zapatero
congeló por primera vez las pensiones, abriendo la senda que después ha
seguido Rajoy.
El gobierno de Rajoy, inicia su andadura, con la reforma laboral y la
reforma del sistema de desempleo de 2012 –consecuencia de las presiones
del BCE- y el decreto de marzo y la Ley de diciembre de 2013 del PP,
son los últimos broches a la situación actual. La última reforma de
Rajoy desvincula definitivamente la actualización de las pensiones del
IPC, con una fórmula que le permite fijar una subida máxima anual del
0,25 %, e introduce el Factor de sostenibilidad que entrará en vigor en
2019, y tendrá en cuenta la esperanza de vida de los pensionistas a la
hora de fijar su pensión inicial. En estos momentos hay en el Estado
español más de 8,5 millones de pensionistas, la mitad cobrando por
debajo del SMI. La precariedad es mayor en las mujeres, que cobran casi
500 • menos. La pérdida del poder adquisitivo desde el 2011, ronda el
6 %…y subiendo…
Ahora, después del saqueo del fondo de reserva de las pensiones, los
responsables del Pacto de Toledo vuelven a reunirse. «Reunión de
pastores, oveja muerta» dice una expresión popular. ¡Un nuevo Pacto
Social nos amenaza!
El objetivo del capital financiero es la privatización del sistema
público de pensiones. No es un problema coyuntural por la crisis. Es
estructural del modelo capitalista.
El verdadero problema es cómo distribuimos la riqueza social que
creamos, de manera que sea la población la que se beneficie del
incremento de la productividad y no el capital, a costa del
empobrecimiento de la mayoría.
Desde los años 80 la privatización de los servicios públicos avanza de
forma brutal. Mientras se acatan las órdenes de los amos de la UE, se
protege la evasión de capitales y la corrupción, se subvenciona a la
iglesia, se rescata a la banca, las autopistas, el Castor…., aumentan
los beneficios de las empresas disminuyendo sus obligaciones, etc.,
continúa el ataque feroz a la clase trabajadora.
La única respuesta está en la lucha. En movilizaciones que no pueden
quedar reducidas sólo a los/las pensionistas. Trabajadores/as y jóvenes
tienen que hacer suya esta batalla porque son los más afectados por las
reformas pasadas y por la que quieren implementar éste año,
profundizando y acelerando las condiciones actuales.
CCOO y UGT no pueden mantener una careta de defensa de las pensiones mientras continúan enganchados en el Pacto de Toledo.
Los últimos años se han ido gestando organizaciones de pensionistas que
ha dado como resultado la constitución en diciembre, de la Coordinadora
estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, en la cual
participan también sindicatos de izquierda. El 20 de diciembre, miles de
personas, en diferentes ciudades, salieron a las calles y tienen un
amplio calendario de movilizaciones para continuar luchando.
La Marea Pensionista, con presencia en diferentes comunidades del
estado, reivindica entre otras medidas, la derogación de todas las
reformas laborales y de pensiones desde el 2010. Se manifiesta en contra
de la privatización de los servicios públicos y en la defensa de un
modelo de pensión y salario mínimo por encima de los 1000 euros. Con
independencia de fortalecer las cotizaciones sociales –eliminar las
tarifas planas, etc-, exige que la financiación debe estar garantizada
por el estado y con revalorización automática de las pensiones en
relación al IPC. Pide la incorporación al RGSS a los/las trabajadores/as
del hogar y la eliminación de todo tipo de copago o re-pago.
En su última asamblea, en las Cocheras de Sants, reunió a casi un
millar de asistentes. Su consigna es «Si luchamos aseguraremos las
pensiones de hoy y de mañana» La lucha por las pensiones públicas
también es la lucha por la creación de empleo, por la reducción de la
jornada laboral, y por las condiciones dignas de trabajo.
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