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La asociación considera que su liberalización generará un brutal
incremento de las tasas aeroportuarias, al igual que ha sucedido con
sectores como la electricidad, el gas y las gasolinas.
FACUA considera que, de proseguir con el proceso privatizador, la
calidad y seguridad del servicio público empeorará drásticamente y se
incrementarán las reclamaciones de los usuarios de los aeropuertos. |
Foto: Ministerio de Fomento (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción considera un fraude la privatización de AENA y reclama la paralización del proceso liberalizador.
La asociación considera que la privatización de AENA generará un
brutal incremento de las tasas aeroportuarias en los próximos años, al
igual que ha sucedido con la liberalización de sectores como la
electricidad, el gas y las gasolinas.
FACUA advierte de que, de proseguir con el proceso privatizador, la
calidad y seguridad del servicio público empeorará drásticamente y se
incrementarán las reclamaciones de los usuarios de los aeropuertos.
Para FACUA, el marco regulatorio del sector aéreo que prepara el
Gobierno no es más que un nuevo fraude para legitimar un proceso de
privatización que en ningún caso mitigará las consecuencias del mismo,
como sucede en los sectores regulados de manera meramente formal como
son el energético y el de las telecomunicaciones.
Por ello, FACUA reclama al Ministerio de Fomento la paralización de
la privatización de Aena al considerar esta decisión de una temeridad
sin precedentes y de consecuencias incalculables, tanto para los
usuarios y consumidores como para la actividad económica y turística del
país.
Fomento oculta a los usuarios el impacto de la privatización
FACUA acusa a Fomento de ceder irresponsablemente la gestión del
gestor aeroportuario a los intereses privados, especialmente en un
momento en que la gestión pública de los aeropuertos es determinante
para salir de la actual situación de crisis económica.
En ese sentido, resulta alarmante comprobar cómo el Gobierno oculta a
los usuarios y los ciudadanos el impacto de esta operación en el coste,
la calidad y seguridad del servicio, así como en la actividad
económica.
FACUA insta a que se impulse un debate social, político e
institucional sobre el modelo aeroportuario que necesitamos, en el que
se ponga en valor el papel que desempeñan los aeropuertos públicos para
el ejercicio del derecho a la movilidad y conectividad de los ciudadanos
y en el desarrollo económico regional, el empleo, la actividad
económica y el turismo.
Supresión de rutas no rentables económicamente
FACUA denuncia que la privatización hará peligrar las rutas que no
sean rentables económicamente para los inversores, aunque si lo sean
social y económicamente para el entorno y los ciudadanos a los que se
debe garantizar la movilidad y conectividad.
Para la asociación, la gestión pública estatal y en red es la que
permite mantener unos estándares mínimos de servicio y calidad
homogéneos, el único modelo que garantiza la transparencia y la
participación de los agentes afectados en la toma de decisiones.
FACUA considera que la no dependencia de las estrategias del mercado a
la hora de prestar un servicio público es una garantía de
accesibilidad, universalidad y la continuidad del servicio al margen de
los ajustes coyunturales o estructurales el mercado.
Sin cargo a los Presupuestos Generales
La asociación recuerda que, a diferencia de los aeropuertos privados
de Castellón, Murcia y Ciudad Real, que han demostrado su inviabilidad y
que han supuesto un enorme agujero a las arcas púbicas, los aeropuertos
de la red de AENA no se financian con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, sino por las tasas que abonan los usuarios de los
aeropuertos.
FACUA advierte de que el funcionamiento en red permite equilibrar las
cuentas de los aeropuertos deficitarios con los beneficios de los
rentables económicamente, para garantizar así la prestación del servicio
público de calidad, la movilidad y conectividad de los ciudadanos.
En contra, la privatización puede dar lugar a la creación de un
déficit tarifario con el único objetivo de garantizar los beneficios de
los inversores, que acabará perjudicando a los usuarios.
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