Un montón de derechos Jaime Richart

No saben los dirigentes y legisladores españoles lo agradecidos que estamos todos por reconocernos ellos un sinfín de derechos en constituciones y leyes. No es probable que exista otro país que reconozca tantos derechos a sus habitantes: derechos sociales, derechos laborales, derechos personales, derechos estatutarios, derecho de expresión, derecho de reunión, derecho de información, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho de manifestación, derechos humanos. Y seguramente me dejo alguno más… Y por si fueran pocos, si la debilidad nos lleva a incurrir en un ilícito penal, también tenemos derecho, nada menos, a un juicio justo. Ahí es nada. Vivimos, en teoría, en una sociedad avanzadísima donde cada ciudadano y cada ciudadana gozan de los máximos derechos… Lo mismo que es imposible que exista en el mundo otro país con más leyes, más cambios legislativos, y principalmente más incumplimientos, sobre todo estos por parte de quienes las promulgan, las cambian o las dictan.

Pero hay un reparo que oponer a tan ampulosos reconocimientos. Y es que tanto derecho reconocido no sirve para nada. Las minorías no los necesitan: ni los exigen, ni necesitan ejercitarlos. Simplemente han sido y son suyos desde siempre. Pues siempre han podido reunirse, jamás precisan manifestarse, no necesitan propiamente trabajar, poseen un montón de viviendas y mansiones y todo cuanto uno puede desear; dicen públicamente las mentiras, las necedades y las barbaridades que quieren y disfrutan de todas las prebendas que han gozado toda la vida como individuos e individuas superiores respaldados por todos los poderes, estatuidos como fácticos.

Esto, por lo que respecta a las minorías. Porque la mayoría, es decir, millones de españoles, no tienen trabajo; los que trabajan, cada día se van sintiendo más esclavos viviendo en techos prestados; si otrora se creyeron ciudadanos de un país libre, ahora, en la abundancia de derechos reconocidos, empiezan a tener miedo a protestar; carecen de lo más indispensable, pasan frío, pasan hambre y se mueren lenta o súbitamente o se quitan la vida por falta de recursos y de amparo por haber sido privados de su dignidad, por falta de asistencia sanitaria y, sobre todo, por una indigestión de fatuos derechos que no les sirven absolutamente para nada. Por ellos, el legislador puede suprimir tranquilamente su ampulosa redacción.

Más valdría que, en lugar de reconocernos la constitución y tantas leyes tantos derechos, los gobiernos, el empresariado, las policías, la Justicia y el Estado nos tratasen con el máximo respeto y en su caso nos amparasen ahuyentando la miseria y la indignidad. Como si cada ciudadana y cada ciudadano por separado fuéramos el destinatario esencial de todos los desvelos de cada empresa, de cada gobierno y de cada tribunal. Con esto nos conformaríamos…