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El Villarreal CF, un equipo de primera división de la liga de fútbol
en España, rechazó el año pasado un patrocinio del gobierno regional de
Castellón por 5 millones de euros anuales.
“Existen otras prioridades a nivel social”, dijo el presidente del
equipo, Fernando Roig. Años antes, ese mismo equipo había cobrado 20
millones de euros por publicitar el aeropuerto de Castellón, que a día
de hoy no ha visto despegar ni aterrizar ningún avión, que costó 150
millones de euros y que produce gastos de 300.000 euros al mes, que
salen del bolsillo de los contribuyentes. Fue la obra estrella del
expresidente de la localidad, Carlos Fabra, condenado a cuatro años de
cárcel por evasión de impuestos. El fiscal pedía una condena mayor, pero
el juez consideró que no se había probado la acusación de tráfico de
influencias.
El presidente del Villarreal afirmó que
su equipo “debe ser lo que sus aficionados y su potencial le permitan
ser, sin recibir un dinero que es vital para otras cosas y otra gente
que lo necesita mucho más”.
No todos los equipos han seguido ese camino en época de crisis,
cuando los políticos exigen sacrificios a los ciudadanos para soportar
recortes en educación, salud, servicios de atención a los dependientes y
otros servicios públicos.
La Comisión Europea investiga al Real Madrid,
al Barcelona y a cinco clubes más de primera división en España por
posible financiación pública ilegal. El expediente abierto se sustenta
en la sospecha de que estos clubes han recibido trato de favor por parte
de las administraciones públicas en forma de préstamos, exenciones
fiscales, concesiones de terrenos y de permisos especiales para
construir. Si se confirma esta hipótesis, los clubes tendrán que
devolver sumas millonarias.
En julio de 2011, el que era presidente de la comunidad valenciana,
Francisco Camps, avaló préstamos al Valencia, al Elche y al Hércules
por 118 millones de euros, que el gobierno tuvo que desembolsar porque
los equipos no pudieron pagar sus deudas.
En la misma localidad, la escasez de medicamentos en las farmacias
valencianas por impago del gobierno limita el acceso a medicinas
esenciales de muchas personas.
El Real Madrid, el Barcelona y el Athletic de Bilbao están también en el punto de mira;
el equipo vasco por las ayudas que recibió para construir su nuevo
estadio. La Unión Europea sospecha que el club se constituyó como
asociación deportiva para evitar pagar el impuesto de sociedades, como
también hicieron el Real Madrid y el Barcelona. Además, la construcción
del nuevo estadio le costó al gobierno regional 50 millones de euros.
El 80% de la parcela de la vieja ciudad deportiva del Real
Madrid pasó a propiedad pública a cambio de poder levantar en el
espacio restante cuatro torres de oficinas y de quedarse con el terreno
para su ciudad deportiva. En el caso del Barcelona, el gobierno de
Cataluña pagó al equipo un patrocinio a través de la televisión pública
por valor de 3 millones de euros anuales.
Varios ministros del gobierno han salido en defensa de los equipos
con el argumento de que esta noticia perjudica la “marca España”. Pero
han ido más allá. Afirman que existe una conspiración contra los equipos
españoles por envidia de sus éxitos deportivos. Descalifican así
cualquier argumento que cuestione la dimensión ética de dar privilegios a
clubes de fútbol, entidades privadas que no ofrecen servicios
esenciales ni garantizan derechos fundamentales, y que además cuentan
con millones por fuentes propias de financiación: entradas, eventos,
publicidad, impuestos que no tienen que pagar y derechos televisivos.
A muchos políticos patrioteros no les cabe en la cabeza que una
instancia política superior cuestione privilegios de equipos que gastan
fortunas en fichajes poco transparentes, como el de Neymar, investigado
también por la policía.
El patriotismo que esgrimen algunos políticos en defensa de los
equipos españoles choca con los recortes que han impuesto a los
ciudadanos. No hay nada menos patriótico que anteponer la imagen de
España en el exterior a servicios que garantizan una vida digna para los
ciudadanos: derecho a la salud, a una educación de calidad, a becas, a
proyectos de investigación y otras inversiones sociales.
Carlos Miguélez Monroy es periodista.
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