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En 17 puntos desmontan los mitos que el Gobierno ha ido extendiendo
para convencer a la población de que el gasto de la Seguridad Social es
un despilfarro. La coyuntura económica no puede ser
la coartada para esconder las verdaderas carencias del sistema:
políticas de empleo, falta de ingresos y un sistema fiscal desigual
¿Es razonable decir que España no podrá
soportar un gasto máximo en pensiones equivalente al 14% del PIB en
2050, cuando Francia e Italia invierten hoy más de eso? ¿Pone realmente
en peligro la supervivencia del sistema de pensiones la mayor esperanza
de vida? ¿Es obligatorio que el sistema de pensiones esté ligado a las
cotizaciones a la Seguridad Social?
Estas son algunas de las razones que el Gobierno de Mariano Rajoy ha
empleado para justificar la necesidad de aplicar la reforma de las
pensiones elaborada por su grupo de expertos. La ministra de Empleo,
Fátima Báñez, trata de vender como un éxito el supuesto ahorro de 33.000
millones de euros que supondrá la reforma tan sólo de aquí a 2022. El
éxito es de dudosa ética si se tiene en cuenta
que esa cifra que ahorra la ministra se consigue no actualizando las
pensiones con el IPC y, por tanto, quitándole poder adquisitivo a uno de
los sectores más vulnerables de la población.
Un grupo formado por 24 economistas
presentó ayer en Madrid un manifiesto en el que desmenuzan una a una lo
que consideran “las falacias del grupo de expertos” de Rajoy y que
propone un proyecto alternativo que no sólo evitaría ese recorte de
33.000 millones, sino que además garantizaría que el sistema de
pensiones siga siendo 100% público. “La argumentación del Gobierno y los
expertos es una falacia y una traición contra los intereses de la
mayoría”, denunció Héctor Illueca desde los despachos de Izquierda
Plural en el Congreso de los Diputados tras haber mantenido una reunión
con el diputado Alberto Garzón.
Como firmante del documento,
Garzón defendió ayer que la reforma “es una barbaridad”, “una
vergüenza” y “un asalto al botín cuyo único objetivo es el de privatizar
el sistema de pensiones”. Ese es uno de los puntos que trata de
desenmascarar el manifiesto, ya que el proyecto promovido por Báñez
favorece o al menos extiende la idea de que si el Estado no puede
garantizar las pensiones, entonces lo mejor es optar por los fondos
privados. El joven diputado de IU anunció que la federación que dirige
Cayo Lara está preparando un calendario de movilizaciones para el otoño
que tendrá como uno de los temas principales las pensiones.
Gasto excesivo
La coartada inicial del Gobierno para plantear la reforma es que el aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad son dos
problemas fundamentales en el esquema español. Es el mismo argumento
que desde los años noventa han empleado analistas, bancos y gobernantes
de turno para vaticinar el caos. Pero como explica el manifiesto, “el
tiempo ha ido transcurriendo y hemos llegado a las fechas fijadas sin
que se cumpliese ninguno de sus pronósticos, lo que parece natural ya
que no tuvieron en cuenta determinados factores tales como la
incorporación de más mujeres al mercado laboral o el incremento en el
número de inmigrantes. El estrecho encuadre de las proyecciones
demográficas y el hecho de considerar solo la población total no pueden
constreñir el complejo problema de la viabilidad de las pensiones”.
“Lo insostenible del sistema es la caída de ingresos por la recesión, así que lo verdaderamente insostenible es la recesión”
En el momento actual de crisis es muy sencillo que la gente asuma que
el Estado debe apretarse el cinturón. La Unión Europea, gracias a las
recomendaciones y a la supervisión que hace de nuestra economía durante
el semestre europeo, ha presionado a Rajoy para que ajuste las cuentas.
Cualquier cifra, como esa de los 33.000 millones, parece un inmenso
despilfarro, pero los economistas rebaten que el Estado gaste demasiado
en las pensiones. Desde hace meses, sindicatos y partidos de izquierda
vienen insistiendo en un dato claro: seguimos invirtiendo menos que la
media europea (el 10% del PIB por el 12% de la media de la UE) y para
2050 el gasto será como el que hoy en día tienen países como Italia y
Francia, en torno al 14% del PIB.
Y eso no hará que el sistema de la Seguridad Social quiebre. Según
los firmantes, en realidad, las posibilidades de que eso ocurra son
mínimas. De hecho, si se llegara a ese punto estaríamos en una situación
de suspensión de pagos. Al contrario, remarcan que el Estado siempre
estará detrás y que buena parte de la confusión que existe en torno a la
sostenibilidad viene de la segregación en las fuentes de financiación
que propició el Pacto de Toledo. Con la firma de ese acuerdo se estipuló
las pensiones se financiarían a través de las cotizaciones sociales. Y
esto, para ellos, es un error. “Lejos de garantizar las futuras
pensiones, ha dado ocasión a que algunos conciban la Seguridad Social
como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado
económicamente de la Hacienda Pública [...] En un Estado concebido como
social por la Constitución esto es inconcebible [...] Son todos los
recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de
los gastos de ese Estado, también las pensiones”, sostienen.
Más ingresos
Desde este punto de vista, los trabajadores y los salarios tendrían
que ser los únicos que han de mantener las pensiones y para ellos “no
hay ninguna razón para eximir del gravamen a las rentas de capital y a
las empresariales”. Lo afirman además amparándose en el artículo 50 de
la Constitución, que sostiene que “los poderes públicos garantizarán,
mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la
suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Esto
les lleva a concluir que es precisamente el Estado el que debe
procurarse de los recursos necesarios para garantizar las compensaciones
a los pensionistas y si, como sucede en el contexto económico actual,
las cotizaciones sociales no son suficientes, entonces debe buscar
fondos alternativos en los Presupuestos Generales del Estado.
“Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a
la totalidad de los gastos de ese Estado, también las pensiones” Y la
manera de conseguirlos sería engordando las arcas del Estado. “El hecho
de que los ingresos por cotizaciones sean en este momento inferiores a
los gastos en pensiones, si indica algo es que lo insostenible es la
caída de ingresos debida a la recesión y que, por extensión, lo
verdaderamente insostenible es la propia recesión”, reza el texto, y es
aquí donde entra en juego el paro y el consumo: “Lo que se debería estar
haciendo de forma urgente es adoptar las medidas que permitan superar,
de una vez por todas, la caída del PIB y del empleo. En ningún caso se
puede afirmar que la viabilidad del sistema de pensiones puede estar
siendo “seriamente cuestionada” por la severidad de la crisis económica.
Lo que está en cuestión es la política económica seguida”.
Los firmantes rebaten asimismo que la esperanza de vida, la pirámide
de población y la proporción entre activos y pasivos no deben ser las
únicas variables que utilice el Gobierno para justificar los recortes y
ponen como ejemplo la renta per capita, que “en los últimos treinta años
casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una
evolución similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que no hay
recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que
haya voluntad por parte de la sociedad -y, especialmente, de los
políticos- de realizar una verdadera política redistributiva”.
Asimismo, apuntan que si el sistema fiscal fuera más justo, el
peligro sería evitable: “El riesgo viene de una ideología liberal que
contempla con satisfacción que la presión fiscal de España sea la más
baja de la Europa de los quince (32,4%), inferior incluso a Grecia
(34,9) y a Portugal (36,1), trece puntos de diferencia con Francia, y de
diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente (Eurostat), y de
unos políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados
antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que
ser la primera y principal reforma que habría de llevarse a cabo”.
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