El Gobierno confirma el hachazo a los servicios sociales que prestan los ayuntamientos Ana Pardo de Vera

Público

Con la reforma local, estas competencias pasan a las Comunidades sin que puedan aumentar el gasto. Montoro anuncia un ahorro de 8.024 millones entre 2013 y 2019
El anteproyecto de reforma local del Gobierno ha sido finalmente aprobado por el Consejo de Ministros de hoy tras varios retrasos desde hace un año y sin el consenso que aquél dijo siempre haber procurado.

Confirma así los peores augurios de quienes temen por la potente red de servicios sociales que ejecutan los ayuntamientos -la administración que está más cerca de los ciudadanos-, cuyas competencias pasan a depender de las Comunidades Autónomas. Estas administraciones, sin embargo y según recoge el último borrador del texto de la reforma local, tendrán la “posibilidad de delegar dichas competencias en los municipios de conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local”, siempre suministrando los recursos para ejercerlas.

Los servicios sociales que prestan los municipios incluyen asistencia a dependientes o a mujeres víctimas de violencia de género, entre otros, tal y como informó Público el pasado lunes y que, aparte del servicio en sí, tienen en la proximidad del asistente al ciudadano un valor añadido que no pueden darles las autonomías: a mayor descentralización, mejor servicio social, insisten los responsables de esta labor.

El Gobierno de Mariano Rajoy confirma así las sospechas de los gerentes de la prestación de estas competencias, que llevan varios meses advirtiendo en todo el país de lo negativo de estos recortes para la asistencia social de todo tipo. Además, alertan de la precaria situación de las Comunidades Autónomas frente a los ayuntamientos, los cuales, tal y como aseguró el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros “no son los que están desequilibrando el déficit del Estado”. Unos 4.000 ayuntamientos “están en superávit o equilibrio” en sus cuentas, ha señalado Cristóbal Montoro, lo que supone cerca del 50% de los más de 8.000 ayuntamientos españoles.
Incentivos a la fusión de ayuntamientos

El Ejecutivo ha asegurado que incentivará la fusión voluntaria de municipios, siguiendo otra de las recomendaciones del Consejo de Estado, aunque ignora las que se refieren al excesivo poder de las diputaciones provinciales, que se ven reforzadas con esta norma. Los incentivos contemplados por el Gobierno van desde una “mayor financiación per capita” hasta “una preferencia temporal en planes de cooperación local de infraestructuras, obras, servicios o subvenciones”, explica la referencia del Consejo de Ministros de hoy 26 de julio.

Montoro reconoció que los ayuntamientos “no son los que están desequilibrando el déficit del Estado”

En este sentido, cabe incluir asimismo las trabas que se imponen a la creación de municipios, por ejemplo, con la prohibición de que éstos se constituyan con menos de 5.000 habitantes. O a la obligación de presentar sus cuentas de las entidades menores al municipio que, de no hacerlo en un plazo de tres meses, serán integradas en éste como “organización desconcertada”.

Las diputaciones provinciales son las ganadoras de esta reforma local del Gobierno, si, tras su tramitación parlamentaria, se mantiene en los términos expuestos hoy desde la mesa del Consejo de Ministros. Las diputaciones podrán coordinar determinados servicios mínimos obligatorios de los municipios de menos de 20.000 habitantes o implantar fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, a menos que los municipios pudieran demostrar que pueden prestar esos servicios con un coste inferior.

PSOE: “Los ciudadanos son los grandes perdedores de esta reforma” El Gobierno sí ha aplicado la recomendación del Consejo de Estado -que censuraba el riesgo de violar la autonomía municipal y vulnerar la Constitución- y ha suprimido el concepto de “coste estándar” del anteproyecto del ley de reforma local, que pasa ahora a su trámite en las Cortes Generales. Según dicho coste estándar, si los ayuntamientos no se acogían a él para la prestación de los servicios, perdían la competencia en favor de las diputaciones.

El “coste efectivo” por el que ha sido sustituido supone ahora la publicación, en un máximo de tres meses, del coste de todos sus servicios municipales, de forma que, según Montoro, los ciudadanos tendrán la posibilidad de conocer el importe de todos los servicios que se prestan y hacer comparaciones con otros municipios, por ejemplo. Para el ministro de Hacienda, “será un ejercicio democrático muy sano” y una garantía más de “estabilidad presupuestaria”, la cual, además, permitirá disponer de “un instrumento legal mayor” en caso de que la Hacienda estatal deba corregir la situación financiera de un municipio y “delegarla [una prestación] , si fuere el caso, en una diputación”.
Un “bodrio” inútil

El PSOE ha respondido inmediatamente a la luz verde del Gobierno al texto de la reforma local. El secretario de Ciudades y Política Municipal socialista, Gaspar Zarrías, ha explicado que ésta es una ley que “despoja directamente de competencias a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes”, que son el 95% de los españoles. Todo ello, en favor de la gestión de sus servicios por parte de las diputaciones, lo cual, según Zarrías, “abre la puerta a su privatización” y convierte a los ciudadanos en los “grandes perdedores” de esta reforma.

Esta ley, según el principal partido de la oposición, es un “bodrio” que, encima, “no soluciona nada”. “No clarifica competencias, no evita duplicidades, no simplifica la estructura administrativa de las entidades locales de nuestro país y no solventa en ningún caso los problemas financieros que tienen los ayuntamientos”, ha argumentado el portavoz socialista, que ha pedido la retirada del texto y anunciado una enmienda a la totalidad.

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