Criminalización del bien

Cristina Fallarás

(la marea)

El Gobierno español lleva a cabo desde hace años una construcción de la solidaridad como algo malo, incluso ridículo. El ejemplo de Maleno es solo el último.

La investigadora, periodista y miembro de la ONG Caminando Fronteras Helena Maleno tendrá que comparecer ante un tribunal marroquí acusada de un delito de “tráfico de personas” y por “impulsar la inmigración clandestina”. Como ella misma denuncia, el proceso parte de una investigación iniciada por el Gobierno español en 2012.

Helena Maleno se dedica a alertar a Salvamento Marítimo cada vez que sabe de una patera en aguas del Estrecho. Alerta, además, públicamente sobre las condiciones en las que viajan los refugiados, sobre los peligros que corren y no pocas veces sobre la forma en la que mueren. Especialista en delitos de trata y derechos humano, Maleno se ha convertido en un referente internacional sobre este asunto.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en su artículo 98, Deber de prestar auxilio, afirma:

1. Todo Estado exigirá al capitán de un buque que enarbole su pabellón que, siempre que pueda hacerlo sin grave peligro para el buque, su tripulación o sus pasajeros:

a) Preste auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar;

b) Se dirija a toda la velocidad posible a prestar auxilio a las personas que estén en peligro, en cuanto sepa que necesitan socorro y siempre que tenga una posibilidad razonable de hacerlo;

c) Caso de abordaje, preste auxilio al otro buque, a su tripulación y a sus pasajeros y, cuando sea posible, comunique al otro buque el nombre del suyo, su puerto de registro y el puerto más próximo en que hará escala.

2. Todo Estado ribereño fomentará la creación, el funcionamiento y el mantenimiento de un servicio de búsqueda y salvamento adecuado y eficaz para garantizar la seguridad marítima y aérea y, cuando las circunstancias lo exijan, cooperará para ello con los Estados vecinos mediante acuerdos mutuos regionales.

Los derechos y la integridad de migrantes, víctimas y familiares se han convertido en el trabajo de Helena Maleno, por lo que acusarla de “tráfico de personas” podría parecer una idiotez si no respondiera a una actuación continuada y minuciosa de las autoridades españolas para criminalizar cualquier acción humanitaria y de socorro, así como cualquier denuncia referente a la exclusión, la pobreza o los derechos de las personas.

Zoido

El pasado 21 de noviembre, el ministro de Interior de España, Juan Ignacio Zoido, defendió públicamente la reclusión de un grupo de inmigrantes en el nuevo Centro Penitenciario de Archidona (Málaga). Más allá de que encarcelar a los inmigrantes es ya en sí mismo una declaración de criminalidad, el ministro afirmó que en dicha cárcel “están igual que en los CIE”. O sea, que por fin alguien del Gobierno de España admitía que los llamados Centros de Internamiento de Extranjeros son, en realidad, centros penitenciarios encubiertos.

Solo cuatro meses antes, el pasado 18 de julio, el propio Zoido, en comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, afirmó: “No es nuestra responsabilidad que los inmigrantes decidan huir”. Dejando de lado que sí lo es, cabría recordarle la anteriormente citada Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Según esta, también es nuestra responsabilidad prestarles salvamento y ayuda.

Montoro y las mofas del PP

La criminalización del bien, del socorro y de la atención a los desfavorecidos llevada a cabo por el Gobierno viene de lejos. Cabe recordar, como ejemplo sangrante, las declaraciones de Cristóbal Montoro el 28 de marzo de 2014. Tuvo a bien el ministro de Hacienda considerar que los informes de Cáritas sobre la pobreza en España “no se corresponden con la realidad”. De paso, recomendó a dicha organización cristiana, y por derivación a las ONG contra la pobreza, que no “provoquen” debates en referencia a estos temas. Debates que, en su opinión, son “puramente estadísticos” y “mezclan conceptos”.

Corrían los años más duros de “la crisis” y, solo siete meses después, la pobreza denunciada por las ONG iba a provocar las risas de los diputados del Partido Popular en el Congreso. Sucedió tras las palabras del socialista Pedro Sánchez. El líder del PSOE hizo referencia de nuevo a unas cifras publicadas por Cáritas en las que se denunciaba que los niños españoles eran los más pobres de Europa, una pobreza infantil solo superada por Rumanía. En aquel momento, desde la bancada popular se alzó un “ooooh” general y numerosos gestos de mofa.

Representantes y coparticipación

Organizaciones humanitarias de todo el Mediterráneo llevan años denunciando algo que denominan “Delito de solidaridad”, que consiste en la criminalización de sus actividades por parte de los distintos gobiernos, entre los que destaca el español.

Las acciones de los gobiernos, sus consideraciones políticas y sus sentencias en los medios de comunicación generan opinión pública. Pero más allá, se trata de representantes de los ciudadanos, lo que significa que actúan en nuestro nombre. En este sentido, su construcción del “bien” como algo mal visto cunde entre la población, pero además la convierte en copartícipe en tanto en cuanto la representa. O sea, la convierte en miserable