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He leído un día de éstos, en RD, que el bruto, prepotente y orgulloso magnate Donald Trump, arremete contra Francisco, y afirma que el Papa “se tendría que asustar”, si se encontrase con él. Y todo porque el Pontífice ha condenado rigurosamente el capitalismo, al que ha calificado no solo de injusto, sino de asesino. El ricachón norteamericano debería saber, pero es probable que esta idea exceda su capacidad de comprensión, que su estilo de vida, su opulencia, no se debe solo a su trabajo, por el que no tenemos inconveniente en felicitar, sino es producto, sobre todo, de un sistema injusto, que no tiene en cuenta las necesidades humanas primordiales, por encima del dinero, las riquezas y las propiedades, y que propicia una desigualdad social que con todos los adelantos modernos, no solo no cede, sino va a más dramáticamente.
Al impúdico, en su riqueza, e ingenuo americano, tal vez no le interese nada que mucha gente pase hambre, o no tenga casa, o se desespere para poder dar algo a sus hijos que se puedan llevar a la boca.
Posiblemente, Donald Trump se considere cristiano, pero, evidentemente, no lo es. Tal vez eso tampoco le interese demasiado, pero estaría bien que su pastor, o asesor religioso, se lo recordase, y la prensa se encargara de transmitir esa realidad a todos sus seguidores. El problema es que, muy probablemente, tampoco a éstos les interese un rábano la opinión de sus pastores o clérigos. Pero por si acaso tienen alguna superstición, que también es probable que tengan, que alguien se ocupe de decirles que la prepotencia es mala para el sistema nervioso, y, desde luego, no es ningún antídoto para el cáncer, el infarto, o el ictus cerebral. ¡Ah!, y que si al magnate, o a sus seguidores, les pasa algo de eso desagradable, los inmigrantes, latinos, negros o moros, no tendrían culpa. Se lo pueden garantizar los médicos.
He juntado dos noticias que están muy cerca, y son dos caras de la misma moneda. Un juez canario no ha tenido en cuenta esta lógica cruel y dramática del sistema en que (mal) vivimos, y a una señora de 63 años, Josefa Hernández, que vive con su hija y varios nietos, algunos de ellos con cierta minusvalía, en una casa declarada ilegal, con solo 320 euros de ingresos mensuales, la ha enviado a la cárcel porque se niega a derribar la vivienda, la única que tiene, y donde reside hace varias décadas. Sé, porque estudié derecho en la UNED, aunque no pude terminar, pero sí me licencié en Derecho Canónico por la Pontificia de Salamanca, y por eso conozco, digo, la importancia del principio de legalidad, sobre todos para que los jueces se puedan lavar las manos, aunque dudo que ese principio se desinfecte también la conciencia..
Pero no la tiene tanta que ate de pies y manos la decisión de un juez, que sea, por presunción, justo. Hay leyes injustas y socialmente reprobables, y, en conciencia, un juez puede suspender la sentencia, y exigir a los poderes públicos que antes de dejar sin casa a una familia se le provea otra posibilidad de vivienda digna. Este es, además, un desideratum de la Constitución española, a la que tanto les gusta exaltar e invocar a nuestros gobernantes. Pues que la respeten, y no toleren la inaceptable, e injustísima, desigualdad social. (Que es, no lo olvidemos, ni lo olvide el señor Trump, la causa principal de su riqueza. Sin la existencia de millones de esclavos en el mundo no podría haber tanta opulencia obscena y podrida en la tierra).
Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara
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