Una crónica del delito económico Jaime Richart, Antropólogo y jurista

¿Por qué se condena en los países del socialismo real a penas horri­bles de muerte a quienes han cometido delitos económicos, de di­nero público? Porque en la ética so­cia­lista la so­ciedad prevalece so­bre el in­dividuo; la colmena sobre la obrera, el zángano y por su­puesto la re­ina; porque a dife­rencia del daño cau­sado a una persona por otra, el llamado delito económico quebranta a toda la sociedad.

En el sistema capitalista de todas sus variantes, el individuo ha de per­tenecer a una corporación, a un partido político, a una secta, a un sindicato, a un club o a una banda organizada para protegerse de la de­predación y de la propia sociedad. El que no está inte­grado en nin­guno de dichos colectivos está per­dido. Pero tam­bién el individuo se puede servir, y de hecho se sirve, de ellos para mejor delinquir y a me­nudo im­punemente. Im­punemente, porque el delito económico en la práctica acaba siendo un delito de bagatela. Ni siquiera paga el de­lincuente con la confiscación de su fortuna en la mayoría de los casos amasada gracias a él. Y, lo que lo hace más odioso: la represión poli­cial y la represión penal, directa o indirecta­mente aplicadas a quienes protestan ruidosamente por ese gravísimo motivo, permiten mu­chas veces a los infractores vivir indefinida­mente en libertad.

Vista desde fuera o desde dentro, España está sufriendo un régi­men que de democracia apenas sólo tiene el nombre que se com­porta con tintes totalitarios por más que bla­sone de li­bertad. Y entre tanto, el de­lincuente económico se frota las manos pensando que, en el peor de los casos, bien le valdrá la pena el tiempo que pueda pasar en pri­sión, si al salir de la cárcel pude disponer del fruto de su botín…