Han salvado a la banca a costa de empobrecernos 15M Ronda

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Desde el mes de mayo de 2010 venimos sufriendo un continuo recorte de gasto público, iniciado por el PSOE y profundizado por el PP, con la finalidad de reducir la cifra de déficit originada, principalmente, por la estafa de los bancos y las grandes empresas. Tal recorte comenzó afectando de manera específica a determinados colectivos como el de los empleados públicos, pensionistas y personas dependientes, y finalmente ha acabado incidiendo en la mayor parte de la ciudadanía, sobre todo en las capas más desfavorecidas de la sociedad. Estos ajustes se han centrado en educación, sanidad, dependencia, bajada de los sueldos y otros gastos sociales, que constituyen los pilares básicos de nuestro estado de bienestar, que tanto esfuerzo nos ha costado levantar. ¡Y todo por salvar la banca!
Al comenzar la estafa (crisis), en 2008, apenas el 32% de las personas trabajado-ras tenían un contrato inferior a un mes, pero desde entonces el proceso de dete-rioro del mercado de trabajo no ha dejado de crecer de forma imparable. Lo que supone para la mayoría de la población española que vive de su salario, acercarse cada vez más a la precariedad, al empobrecimiento.
Los datos de los servicios públicos de empleo muestran que la duración media de los contratos temporales se sitúa en 59 días. La situación es todavía peor si se tiene en cuenta que no todos los contratos de trabajo son de jornada completa. Práctica-mente la tercera parte son parciales, lo que pone de relieve el grado de inestabilidad laboral.
Cabe destacar, igualmente, otro factor que está emergiendo con la estafa (crisis). La precariedad, que durante los años de expansión económica se cebaba en em-pleos no cualificados u ocupados por jóve-nes, afecta ya a todos los segmentos de edad. Hasta el punto de que más de la mitad de los contratos que duran menos de siete días (el 52%) los han firmado personas trabajadoras con 35 años o más.
Hay que tener en cuenta que de los 1,5 millones de contratos que se firmaron en octubre de 2013, apenas 119.000 fueron de naturaleza indefinida. Es decir, casi el 92% de los contratos que se firman en España son temporales.
La clase política española, esa amalgama de 80.000 representantes sufragada con dinero público, ha dejado su papel como protector de los más débiles para garantizar el enriquecimiento de aquellas personas que, cada vez, son más ricas.
Según los Técnicos de Hacienda del Estado, la crisis (estafa) ha disparado en
España la brecha entre ricos y pobres.
El 20% de los contribuyentes más ricos acapara el 44% de todos los ingresos
declarados. En el otro extremo, el 20% de los más pobres recibe solo el 6,6% del
dinero que se mueve en el país. Según la misma fuente, desde 2007, más de dos
millones de personas en España han pasado a vivir por debajo del umbral de la
pobreza mientras los millonarios españoles han crecido un 13%.
Mientras, la pobreza infantil en nuestro país afecta ya al 26,7% de personas
menores de 16 años y la pobreza severa, esto es, los que ingresan menos de 307 € al
mes, se ha duplicado en pocos años, alcanzando ya a 3 millones de españolas/es.
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dijo que las cifras más
recientes muestran que el 27,2% de la infancia tenía madres y padres con
ingresos anuales combinados inferiores a los 15.820 euro al año, el nivel de pobreza
de la UE para España.”
La aplicación de política fiscales restrictivas han contribuido a deprimir aun más la
actividad económica y el empleo en las familias de menor renta, además de
reducir prestaciones sociales básicas que han deteriorado los niveles de bienestar de
las familias de menor renta de forma alarmante.
Según un informe encargado en 2010 por la OCDE a la consultora Merrill Lyinch, los españoles esconden 175.000 millones de euros en paraísos fiscales. Más del presupuesto completo del Estado para todo un año.
La estafa (crisis) económica, financiera, política y social que padece España hoy tiene buena parte de su origen precisamente en esas dinámicas perversas donde el interés público y los procesos democráticos han sido secuestrados por los intereses de una minoría, mientras la ciudadanía permanecía mayoritariamente al margen de la situación, renunciando a vigilar la acción del poder frente a sus derechos.
Una encuesta realizada en seis países (entre ellos, el nuestro) pone de manifiesto que la mayor parte de la gente considera que las leyes y las instituciones están diseñadas para favorecer a las personas ricas. Mal augurio para la democracia. En España, ocho de cada 10 personas están de acuerdo con esta afirmación. La desigualdad importa cada vez más a la ciudadanía. Más igualdad es más justicia, más democracia.
Además, la clase política nacional ha antepuesto en incontables ocasiones los intereses de los más poderosos por encima del interés general. Algunos ejemplos: tanto PP como PSOE, han rechazado en varias ocasiones la dación en pago de las personas que no pueden pagar sus hipotecas a causa de la crisis frente a la banca. Según la asociación Ecoserveis, cuatro millones de personas en España carecen de fondos para encender la calefacción en invierno.
La prensa internacional denuncia la aparición del hambre infantil en España