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Este trabajo de investigación tiene como objetivo aportar elementos
para desvelar las estructuras estatales y paraestatales responsables de
la comisión de crímenes contra la humanidad en Colombia, en el contexto
del conflicto político, social y armado que desangra a este país desde
hace décadas. Narcotraficantes y paramilitares han provocado miles de
asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamientos, exilios, despojos
y amenazas entre la población civil, pero detrás de la ejecución estos
delitos atroces se encuentran algunos de los principales dirigentes
políticos y económicos de la nación.
Investigación:
Por eso, no basta con identificar a los autores materiales para
evitar la repetición de los crímenes sino que es imprescindible
establecer la responsabilidad penal de quienes los planificaron y
ordenaron su realización y de los que tuvieron la posibilidad de
impedirlos y no lo hicieron.
La investigación se ha centrado en determinar la responsabilidad
penal en estos delitos de lesa humanidad del ex presidente de Colombia,
Álvaro Uribe Vélez, pues constituye un caso paradigmático del ejercicio
del poder sobre los criminales y de impunidad frente a las numerosas
acusaciones que le involucran en sus actos. En el trabajo se reproduce
buena parte de la copiosa prueba testimonial y documental que existe no
sólo sobre los beneficios que obtuvo Uribe a cambio de favorecer el
crecimiento de los grupos de narcotraficantes y paramilitares desde los
cargos políticos que desempeñó, sino también sobre su implicación
directa en la conformación de estas estructuras y en sus crímenes. Sin
embargo, los obstáculos políticos y jurídicos existentes en Colombia
para perseguir estas conductas, especialmente si los acusados son o han
sido altos cargos del Estado, han ocasionado que Uribe nunca haya sido
juzgado. La única posibilidad de que se esclarezca su responsabilidad es
la intervención de la justicia internacional y universal.
Abordar la investigación desde este lado del océano ha supuesto
algunas dificultades. En el trabajo abundan las referencias
periodísticas en detrimento de las fuentes primarias debido a la
imposibilidad material de acceder en muchos casos a la documentación
judicial concreta. Tampoco se ha podido conseguir toda la bibliografía
especializada en el tema que existe en Colombia. No obstante, el
material original aportado en el trabajo -denuncias, resoluciones
judiciales, informes del servicio de inteligencia- es una muestra
representativa de la extensa documentación que se podría analizar para
completar la investigación si ésta se pudiera realizar en el terreno.
En las dependencias judiciales colombianas reposan centenares de
expedientes que en sí mismos podrían constituir pruebas contra Uribe o
propiciar nuevas vías de investigación sobre su participación en delitos
de lesa humanidad. Tampoco ha resultado sencillo, desde mi formación
periodística, determinar los elementos que implican penalmente a Álvaro
Uribe. Por eso, el trabajo no pretende sustentar jurídicamente las
acusaciones contra el ex presidente sino describir los hechos en los que
aparece implicado que podrían calificarse como crímenes contra la
humanidad, apuntar las formas de incriminación de Uribe y explicar las
razones por los que el proceso judicial tendría que desarrollarse fuera
de Colombia.
El resultado de la investigación se ha expuesto en cuatro capítulos y
en las conclusiones finales. En el primer capítulo se trata de
demostrar que en Colombia, bajo la apariencia de un régimen democrático,
se han sucedido Gobiernos que son responsables de más violaciones a los
derechos humanos que las dictaduras latinoamericanas. Históricamente,
el Estado colombiano ha estado dominado por unas élites, apoyadas por
Estados Unidos, que recurren a la violencia para defender sus intereses.
Estas minorías excluyentes han creado escuadrones de la muerte -los
paramilitares-, financiados por el narcotráfico, para acabar con quienes
se oponen a su control ya sea a través de la resistencia civil o
armada. Álvaro Uribe forma parte de estas clases dominantes y durante su
gestión institucional aumentaron los ataques sistemáticos y
generalizados contra civiles por parte de funcionarios públicos y de
particulares que contaban con su connivencia.
El segundo capítulo repasa la evolución histórica del concepto de
crímenes contra la humanidad y analiza su configuración actual en el
derecho penal internacional. De esta forma, se ha pretendido establecer
las diferencias de esta categoría jurídica con respecto a las
violaciones de derechos humanos, se han expuesto los principios
inherentes a estos crímenes internacionales y las distintas teorías para
su imputación y se han descrito los elementos de su tipificación
actual. Esta exposición permite concluir que actualmente existen
herramientas y fundamentos jurídicos para perseguir las atrocidades que
ofenden a la dignidad del ser humano, por lo que sólo se pueden plantear
intereses políticos para no actuar contra sus autores.
Las razones de la permisividad frente a estos crímenes en Colombia se
explican en el siguiente capítulo. La impunidad como política de Estado
se ilustra con tres casos representativos de macrocriminalidad: el
extermino del partido político Unión Patriótica, los asesinatos masivos
de sindicalistas y el supuesto proceso de desmovilización de los
paramilitares que ha dejado sin castigo la mayoría de sus acciones.
También se exponen las deficiencias del ordenamiento jurídico interno
para garantizar la actuación contra estas conductas y las
características del fuero constitucional que protege a los altos cargos
en ejercicio o cesados frente a la justicia.
El cuarto capítulo analiza en profundidad los elementos existentes
para implicar a Álvaro Uribe en la comisión de crímenes contra la
humanidad. En primer lugar, se repasa su dilatada trayectoria política
hasta llegar a la Presidencia y la lista de amistades peligrosas que ha
ido fraguando en estos treinta años de ejercicio de cargos públicos. Y
en las páginas siguientes se describen profusamente sus vínculos con los
grupos de narcotraficantes y paramilitares. Se incluyen gran cantidad
de testimonios acusatorios de dirigentes de estas estructuras criminales
e incluso un documento del Pentágono que lo calificaba de
“narcoterrorista”. Además, se muestran dos casos
ejecuciones extrajudiciales de civiles y persecución de la
oposición por parte de los servicios de inteligencia- que lo implican en
crímenes de lesa humanidad mientras fue presidente (2002-2010).
En las conclusiones finales se demuestra que las conductas delictivas
de los grupos vinculados con Uribe constituyen crímenes contra la
humanidad y se trata de establecer la responsabilidad penal individual
del ex presidente (incriminación por autoría mediata, coautoría, empresa
criminal conjunta, complicidad, instigación), además de la necesidad de
que actúe la justicia internacional y universal como única forma de que
estos actos no queden impunes.
Todo este trabajo no hubiera sido posible sin la actitud valiente de
las víctimas que han sobrevivido y de sus familiares, que se han
atrevido a denunciar los hechos asumiendo el riesgo que supone para sus
vidas. Su tenacidad y su capacidad de resistencia frente a las presiones
y la estigmatización obligaron a confesar a algunos victimarios, que
acabaron implicando a quienes, desde atrás, les dirigían. A todas las
víctimas y a las defensoras y defensores de derechos humanos que les
apoyan está dedicada esta investigación, con la esperanza de que
contribuya a esclarecer la verdad de lo sucedido para que nunca más se
repita. También quiero destacar la implicación de los profesores José
Elías Esteve y Roberto Viciano, quienes no se limitaron a dirigir
académicamente este trabajo sino que lo impulsaron y orientaron para
convertirlo en una herramienta práctica que pueda ser aplicada a la
realidad social con el objetivo de que el máster de derechos humanos,
democracia y justicia internacional adquiera su verdadera dimensión.
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