En contra de la exclusión de los inmigrantes a favor de una sociedad más justa y solidaria

Comisión diocesana de Justicia y Paz de Albacete

R.C.

Como cristianos no podemos aceptar que todo dé igual, que para conseguir los recortes en los gasto públicos se lesionen los derechos sociales que persiguen la igualdad de todas las personas en las necesidades básicas: sanidad y educación.
Consideramos especialmente grave la decisión de negar a partir del 1 de septiembre la tarjeta y atención sanitarias a los inmigrantes que no tengan regularizada su situación administrativa.

Consideramos muy preocupante que a cuenta de la crisis y sus costes sociales se pueda generar un sentimiento de animadversión contra los inmigrantes. En tiempos de escasez resulta peligrosamente fácil suscitar la xenofobia, el racismo y la exclusión social.

Está en juego nuestra verdadera condición humana si negamos lo más importante a quienes son nuestros iguales. Si lo consentimos en silencio y resignados, también estará en juego la autenticidad de nuestra fe, que como San Pablo recordaba a Filemón, debe ser activa para ser verdadera, consciente de todo el bien que puede hacer cuando acoge al otro como a un hermano querido y no como a un esclavo. Con esta visión del otro como un hermano, San Pablo no hacía sino aplicar la regla de oro enseñada y vivida por Jesús de Nazaret y propuesta en Mateo 25 como criterio de verdadera salvación: el amor convertido en justicia y solidaridad. Por eso el reciente magisterio eclesial sobre inmigración afirma con rotundidad: «Todo emigrante goza de derechos fundamentales inalienables que deben ser respetados en cualquier situación» (Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes, Erga migrantes caritas Christi, n. 5). Por eso nos extraña que nuestros obispos no denuncien de forma clara y unánime esta gravísima política contraria a la visión cristiana.

Invitamos a las comunidades cristianas a que expresen su rechazo, publiquen su denuncia y refuercen su acción:

RECHAZO. Rechazamos la decisión adoptada por el Gobierno de España, por injusta e inmoral, y le pedimos una inmediata rectificación, devolviendo a los inmigrantes lo que en justicia les pertenece.

DENUNCIA. Pedimos al conjunto de la sociedad y a las organizaciones sociales que se opongan a esta decisión y hagan lo posible por modificarla.

PROPUESTA DE ACCIÓN. Como Iglesia, asumamos la especial responsabilidad que tenemos en la defensa de los derechos de justicia de quienes son más pobres y vulnerables, con planes de atención a los inmigrantes y presión para que no llegue a aplicarse dicha medida discriminatoria y en caso de que así sea brindemos alternativas solidarias.

Mayo de 2012