Juan G. Bedoya
Teólogos y cristianos de base escriben a Francisco “alarmados por el descrédito que la apropiación de bienes provoca a la Iglesia”.
No eran malos augurios, sino un diagnóstico fácil de realizar. “Nos exponemos a un nuevo escándalo, y esta vez no podremos decir que no lo sabíamos”. Fueron pocos los obispos que en 1998 advirtieron con esta frase contra la idea, impulsada por la Conferencia Episcopal Española (CEE), de relanzar la inmatriculación de bienes al amparo de un generoso decreto del Gobierno de José María Aznar que ampliaba los privilegios concedidos por el franquismo en la ley hipotecaria de 1944, reformada en 1946. Los teólogos de la Asociación Juan XXIII, el Foro de Curas, y cientos de comunidades de base piden ahora que intervenga Francisco.
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