El portavoz de la Conferencia Episcopal Española asegura que no tiene “ningún registro” de los 40.000 los bienes inmatriculados por la Iglesia.
El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, cree que la reclamación del Gobierno a la Iglesia Católica de los bienes inscritos a su nombre pueden parecer “los deseos de una desamortización encubierta”, que repercutirían en la acción social de la Iglesia.
Es la respuesta de la CEE a la intención del Gobierno de reclamar a la Iglesia, a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado, los bienes inscritos a su nombre en el Registro de la Propiedad que sean de dominio público.
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