¿Quién controla los medios? No quieren que lo sepas, pero hay formas de rastrearlo

Carlos del Castillo

(publico)

Expertos, editores, periodistas, activistas y organizaciones que velan por la libertad de información critican la falta de transparencia sobre la propiedad de los grupos mediáticos y qué conexiones económicas tienen con el poder

Conocer quién posee los medios de comunicación, qué conexiones con el Estado tienen los miembros de los consejos de administración de los grandes grupos mediáticos, saber si han firmado contratos con las administraciones públicas y dónde se encuentran el resto de sus intereses económicos. Son aspectos fundamentales para que los ciudadanos evalúen la credibilidad de un medio y para que los poderes públicos aseguren la pluralidad de la esfera informativa pero que, pese a ello, permanecen ocultos para los europeos.

Periodistas, sindicatos, activistas, editores y organizaciones que velan por la libertad de prensa han pedido este martes en Madrid un marco legal que haga esta información transparente para los ciudadanos. Argumentan que el derecho a acceder a estos datos es intrínseco al derecho a la información: en España, por ejemplo, cuatro consejos de administración controlan el 80% de las audiencias de televisión y radio, pero es prácticamente imposible para los ciudadanos rastrear qué conexiones con lo público tienen sus miembros.”Estos grandes grupos mediáticos afirman que poseen muy pocos medios de comunicación, lo cual es cierto en comparación con el total, pero falso en cuanto a su influencia política”, ha denunciado Lutz Kinkel, director del Centro europeo para el pluralismo informativo y la libertad de prensa (ECPMF, por sus siglas en inglés), organizador del evento Newsocracyjunto a la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).

Saber cómo se distribuye la publicidad institucional (el dinero público que ayuda a financiar los medios de comunicación) es otro de los factores clave para lograr una transparencia efectiva de los grupos mediáticos. “Ahora no sabemos qué dinero público acaba en qué medio de comunicación”, ha denunciado Arsenio Escolar, presidente de la Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas, en la que no participan los grandes conglomerados mediáticos.

Esta opacidad no es casual. “El único punto en el no hubo consenso para firmar el código ético de las empresas de Ibex-35 fue el de hacer pública su inversión en los medios de comunicación”, ha revelado Mar Díaz Varela, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Escolar, que ha dirigido varios diarios entre los que destaca 20 Minutos, ha pedido que no solo la publicidad del Estado sea transparente, sino que lo sea todo el dinero del que se surten los medios.

Hackeando la opacidad de los grupos mediáticos

La propiedad cruzada de los medios de comunicación es uno de los grandes problemas para la pluralidad informativa a nivel europeo. Según el Media Pluralism Monitor, informe impulsado por el ECPMF, España está entre los países calificados de “alto riesgo” en este área. No obstante, entre los 30 países analizados no hay ninguno que baje de “riesgo medio” si se analiza su pluralidad informativa bajo este baremo: dos tercios de los estados europeos tienen el 80% de la propiedad de sus medios concentrada en menos de cuatro grupos. Son datos que ha ofrecido la PDLI tras un análisis exhaustivo del mercado informativo del Viejo Continente, puesto que esta información no es pública.

En las últimas fechas se han presentado herramientas digitales impulsadas por grupos ciudadanos que buscan combatir este problema. Kaos155 (una referencia al 15-M y no al artículo constitucional que ha capado el poder institucional de la autonomía catalana, aseguran sus desarrolladores) ha sido diseñada en el contexto del hacklab de La Ingobernable, un centro social autogestionado de la capital. Se trata de un buscador capaz de dibujar un diagrama de relaciones entre las empresas contratistas del Estado. Su código se liberó en octubre de 2017.

Ya en 2018, el grupo hacktivista Xnet presentó en Barcelona Digiwhist, un proyecto para la detección del fraude a escala europea basado en el big data. La iniciativa ha desarrollado varias herramientas para facilitar que los ciudadanos puedan fiscalizar el trabajo de las instituciones, entre ellas un buscador de las licitaciones públicas de 35 países europeos (de cualquier nivel, desde consistoriales hasta estatales); un comparador de legislaciones sobre buenas prácticas en las contrataciones públicas; o un software de evaluación de riesgos sobre estos tratos estado-empresa. Tres instituciones anticorrupción del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Catalunya han anunciado que están estudiando la posibilidad de incorporar Digiwhist a su metodología de trabajo.

Una “start-up” de ocho personas vigilando todo el mercado español

“Sin políticas públicas es muy difícil asegurar la pluralidad informativa”, ha explicado Angel García Castillejo, coautor del informe sobre en España para el Media Pluralism Monitor. “En España se han hecho esfuerzos desde la perspectiva legislativa para garantizar el pluralismo mediático, que no necesariamente se han visto acompañados por resultados”, ha revelado el profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Ramón Llull de Barcelona.

Una de las medidas propuestas en la jornada es la creación de un regulador independiente que impida que sean los gobiernos quienes se encarguen de velar por la pluralidad de la esfera informativa. “No se trata de ir contra la libre competencia, sino de proteger el derecho a la información de los ciudadanos”, ha defendido Joan Barata, miembro de la PDLI que asesora a varias instituciones internacionales sobre cuestiones relacionadas con la libertad de expresión.

En España la encargada de ejercer este papel es la CNMC. Díaz Varela, representante del organismo en el acto, ha explicado que la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual del organismo trabaja “como una start-up” al contar con solo ocho personas para supervisar todo el sector, lo que la convierte en “un tigre con dientes de papel”. “No podemos trabajar por la pluralidad informativa, pero trabajamos por la transparencia”, ha reconocido.

Federación de Periodistas Europeos: “No tenemos ningún dato sobre el impacto real de las ‘fake news’. La lucha contra ellas no puede atentar contra la libertad de información” No obstante, ha existido unanimidad en la defensa de que no debe ser el poder político el que ejerza el control sobre los contenidos de los medios de comunicación con la excusa de las noticias falsas. Tanto Arsenio Escolar como Ricardo Gutiérrez, secretario general de la Federación de Periodistas Europeos (320.000 miembros en 44 países) han rechazado esta posibilidad, que se estudia actualmente en la comisión de Seguridad Nacional del Congreso: “No tenemos ningún dato sobre el impacto real de esas fake news. La lucha contra ellas no puede atentar contra la libertad de información”, ha recordado Gutiérrez.

“Es escandaloso que el gobierno quiera crear un ministerio de la verdad”, ha aseverado Escolar. En este sentido, el PP presentó a finales de 2017 un paquete de medidas para actuar contra las noticias falsas para que el Centro de Operaciones de Seguridad de la Administración General del Estado se encargue de “identificar y sellar noticias falsas para su conocimiento por parte de los ciudadanos”. Los conservadores también han planteado acabar con el anonimato en Internet, un derecho considerado básico para el desarrollo de la libertad de expresión por Naciones Unidas.

Medidas a favor del pluralismo

Tarlach McGonagle, investigador de la Universidad de Amsterdam, ha resumido las medidas que facilitarían la supervivencia de la pluralidad informativa en Europa, entre las que destacan, además de la transparencia, la promoción del “pluralismo estructural” en los medios de comunicación, la búsqueda de la diversidad en los contenidos y las fuentes y la implantación del método científico de investigación.

“Es esencial y urgente romper con la opacidad, y empezar a hablar de ello”, ha pedido la presidenta de la PDLI y codirectora de Público, Virginia Pérez Alonso señalando que no solo deben ser los periodistas los que busquen la transparencia, sino que “los ciudadanos deben exigírsela a los medios que consultan”. ” Que la palabra transparencia sirva para algo más que para llenarse la boca con ella”, ha concluido la periodista.