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Estados Unidos extraditará a España a Inocente Montano. El excoronel y exviceministro de Defensa de El Salvador, estaba reclamado por la justicia española desde 2011 para ser procesado por el asesinado de Ignacio Ellacuría, sus compañeros jesuitas y las dos mujeres que vivían con ellos en la UCA, el 16 de noviembre de 1989, hace hoy 28 años.
El veredicto final, emitido ayer por el presidente del Tribunal Supremo de EE UU, John Roberts, rechaza el recurso de la defensa de Montano que consideraba que su extradición a España podría «resultar en la muerte» de su cliente, debido a su avanzada edad, 74 años, y al cáncer que sufre.
La entrega a España puede proceder en cualquier momento, puesto que no cabe recurso contra la decisión del Tribunal Supremo de EE UU y, además, el Departamento de Estado ya ha firmado una orden para permitir el envío de Montano a España, indicó a Efe un portavoz de la diplomacia estadounidense.
Las ocho personas asesinadas a tiros por militares salvadoreños el 16 de noviembre de 1989 fueron los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Amando López. Estos ocupaban los cargos de rector, vicerrector, director del Instituto de Derechos Humanos, director de la Biblioteca de Teología y profesor de Filosofía en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador, conocida como la UCA.
Además, en la misma acción perdieron la vida el fundador de la universidad, el salvadoreño Joaquín López, y las empleadas Elba Ramos y Celina Ramos, ambas de dieciséis años de edad.
En el proceso seguido en Estados Unidos se ha argumentado que, el día antes de la matanza, Inocente Montano, que en aquel momento era viceministro de Defesa, participó en una reunión. En ella uno de sus subordinados, el coronel René Emilio Ponce, ordenó al coronel Guillermo Alfredo Benavides que usara al temido batallón de elite Atlácatl para asesinar a los jesuitas.
«Maten al padre Ellacuría y no dejen ningún testigo», ordenó Ponce en presencia de Montano, que en el encuentro del grupo de militares supuestamente facilitó la ubicación del jesuita vasco al anunciar que había vuelto de España y estaba en El Salvador, según figura en escritos de la acusación.
¿Quiénes eran los padres Jesuitas de la UCA asesinados? No me refiero a sus nombres y sus biografías, información siempre importante. Pienso en lo que fue su contribución al pueblo salvadoreño, defendiendo la negociación y la paz en plena guerra.
En la década de los años 80 la situación del pueblo salvadoreño era agónica, por todos lados se escuchaban los estertores de muerte. El país se acercaba a las 50.000 víctimas. En ese contexto el grupo de jesuítas de la UCA (Universidad Centroamericana ‘José Simeón Cañas') trabajaba por una salida dialogada al conflicto que enfrentaba al régimen con la guerrilla del FMLN surgida de los movimientos populares. A una solución pacífica dedicaron toda su inteligencia y su coraje.
Ignacio Ellacuría sabía del riesgo que corría, y tenía temor de la tradicional respuesta de los escuadrones de la muerte creados por el ex mayor Roberto D`Aubuisson (fundador además del partido derechista ARENA que ha gobernado el país hasta el 2009). Tal vez por eso dijo una vez en 1981: "Un análisis intelectual debe ser respondido con un análisis intelectual y no con el exilio, la cárcel, la tortura o un tiro en la nuca". No podía saber que ocho años después ese tiro fuera disparado contra él y sus amigos.
La UCA siempre fue un espacio de concertación. Los jesuítas, verdaderos estrategas del diálogo, aprovechaban que por sus aulas habían desfilado empresarios, políticos, militares, periodistas, guerrilleros, lo que les daba una ventaja inicial idónea para intentarlo. Pero esta iniciativa preocupaba a los sectores militaristas partidarios de la guerra como única alternativa, a los que sólo contemplaban la hipótesis de hacer del país un enorme cementerio de toda la izquierda social y política, no solamente de la guerrillera. Su respuesta a la UCA la dieron sus escuadrones de la muerte que llevaron a cabo más de una docena de atentados con bombas contra la universidad, de la que muchos miembros fueron asesinados o huyeron al extranjero.
Antes de asesinar a los jesuítas, los sectores derechistas del país llevaron a cabo una cruzada para descalificarlos. Desde Radio Cuzclatán, emisora del ejército, se retransmitía en cadena nacional amenazas públicas contra los padres jesuítas, siendo Ignacio Ellacuría el foco de atención. "Ellacuría es guerrillero, que le corten la cabeza" "Ellacuría ha envenenado las mentes de la juventud" repetía desde la emisora el vicepresidente y ministro del Interior Francisco Merino. Sólo horas antes de la matanza en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, un camión militar apostado frente a la puerta principal de la UCA lanzaba amenazas contra los jesuítas por medio de altoparlantes.
Entraron por la fuerza los militares que primero dieron fuego a la biblioteca. Sacaron de sus habitaciones a los padres y a dos mujeres empleadas y los ametrallaron de inmediato.
Los asesinos, miembros del regimiento Atlacatl, dejaron pintadas como esta: "El FMLN hizo este ajusticiamiento. Vencer o morir". Y aunque desde el gobierno de Alfredo Cristiani se quiso atribuir a los guerrilleros el crimen, muy pronto se supo la verdad. Un grupo de expertos del FBI, Scotland Yard y hasta de la policía española, confirmaron lo que todo el mundo ya presumía: los autores eran miembros de un cuerpo especializado del ejército. Enseguida la propia CIA confirmó esta acusación. Además, los asesinos cometieron el error de dejar viva a una testigo que en todo momento permaneció escondida en una casa contigua, pero pudo verlo todo: Lucía Barrera de Cerna es su nombre, única superviviente y testigo presencial. Ella vio como ametrallaban sin compasión a los jesuítas, apuntándoles a sus cabezas, y luego a Elba Ramos y a su hija Celina, menor de edad.
Las presiones internacionales obligaron al régimen a organizar un juicio. Dos tenientes, un subteniente, dos sargentos y un cabo, encabezados por el coronel Guillermo Benavides, fueron responsabilizados del múltiple crimen, condenándolos primero y amnistiándolos después. La Compañía de Jesús rechazó tajantemente que ese juicio farsa cerrara el caso y exigió saber quién les dio la orden. El arzobispo Rivera y Damas sumó su voz a la demanda.
Iosu Perales
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