Dos años de ‘leyes mordaza’

Redacción “la Marea”

Hasta 20 organizaciones y movimientos sociales exigen que se cumplan diez principios básicos para garantizar la protección de los derechos humanos.

Este sábado se cumplen dos años de la entrada en vigor de las conocidas como Leyes Mordaza (Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y reformas del Código Penal). Por ese motivo, un grupo de organizaciones y movimientos sociales han emitido un comunicado en el que denuncian “las graves consecuencias de la aplicación de estas leyes para el libre ejercicio de los derechos humanos”, y exigen que se cumplan diez principios básicos para garantizar la protección de los derechos ciudadanos fundamentales.

“Hemos sido testigos de un incremento de la discrecionalidad policial”, advierte el comunicado, al que se han adherido colectivos como Jueces y Juezas para la Democracia, Asociación Libre de Abogados y Abogadas, Greenpeace, Red Acoge, Sos Racismo y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), entre otros.

Los firmantes advierten que “la ambigüedad de la ley” deja a la ciudadanía en una “situación de indefensión” ante el poder de la policía, que es quien tiene “la potestad de interpretar qué hechos son sancionables o no dentro del libre ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión o reunión”.

Por este motivo, el Grupo de Análisis de la Plataforma No Somos Delito, compuesto por más de 15 juristas, con el apoyo de distintas asociaciones de defensa de los Derechos Humanos, ha iniciado la redacción de una propuesta para una ley que garantice la Seguridad Jurídica.

“Consideramos que cualquier ley o disposición legal debe basarse en criterios claros y predeterminados, sin que quepa la libre interpretación del Derecho penal o administrativo”, expone el primer punto de este decálogo que quieren que se debata en el Parlamento. El documento también exige “transparencia y garantías en la aplicación de la ley”, que se elimine el principio de veracidad de los agentes, que se cumpla el principio de igualdad y no discriminación para evitar actuaciones por razones étnicas o discriminatorias, la eliminación del registro de infractores y que se proteja de manera especial a la diversidad y a las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social, entre otros apartados.

Los colectivos que quieran adherirse a esta propuesta pueden hacerlo a través de un formulario que cuenta, de momento, con el apoyo de 20 organizaciones.